En El Salvador hay entre 13 y 27 mujeres tras las rejas purgando duras condenas por haber abortado, según el movimiento Amnistía Internacional y organizaciones civiles, que luchan por restablecer los derechos de estas personas.
Junto a Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta, El Salvador es uno de los pocos países que mantienen una prohibición y castigos legales por aborto para todos los casos. Sin embargo, durante este 2018 han sido liberadas dos salvadoreñas que fueron sentenciadas a 30 años, Maira Figueroa y Teodora Vásquez, quien contó su experiencia en diálogo con Mundo Blu de Blu Radio.
Teodora recuperó su libertad el pasado 15 de febrero, tras pasar en prisión 11 de los 30 años de sentencia por sufrir un parto intempestivo y perder a su bebé.
Su calvario empezó en 2003 cuando, según cuenta, sufrió una emergencia obstétrica en la casa en donde trabajaba como empleada doméstica y fue llevada con una hemorragia a un hospital en la ciudad de Chalchuapa, 89 km al oeste de San Salvador.
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El bebé murió. En el hospital "fue detenida y acusada de haberse provocado un aborto". La Fiscalía de ese país la acusó de homicidio agravado y en 2003 un tribunal de la ciudad occidental de Ahuachapán la condenó a 30 años de prisión.
El 31 de enero de 2017 el colectivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), que agrupa a 15 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la mujer, pidió la conmutación de su pena de prisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Casi dos meses después la CSJ resolvió avalar la conmutación de la pena y comunicó la decisión al Ministerio de Justicia y Seguridad, que dio su acuerdo y posteriormente ratificó el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a Figueroa se le "irrespetó la presunción de inocencia", pues en el juicio no se escuchó su versión de los hechos y "no tuvo una defensa adecuada".
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