La JEP impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos en Casanare y BoyacáLa condena de 5 años, 9 meses y un día de prisión fue impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006.Los hechos ocurrieron en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, cuando el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander.La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad.Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes.La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.
Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
Luego de más de dos décadas de incertidumbre, la familia de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga finalmente pudo despedirse de él luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregara los restos del joven campesino desaparecido en julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó de Dabeiba.Lo que se pudo conocer es que Orlando tenía apenas 19 años cuando desapareció y según las investigaciones adelantadas por la JEP, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su cuerpo como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, en uno de los casos asociados a los 'falsos positivos'.La identificación fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública, quienes también suministraron información que permitió ubicar los restos del joven en el cementerio de Carepa, donde había sido sepultado como persona no identificada.Las pruebas genéticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron su identidad gracias a las muestras biológicas entregadas por sus familiares y, además, el estudio también permitió establecer el vínculo biológico con su hijo, Sebastián Durango.Durante la ceremonia de entrega, familiares expresaron que el hallazgo representa el fin de una búsqueda marcada por el dolor y la esperanza, “para mí eso es un descanso. Saber que al menos enterramos el cuerpecito de él”, manifestó una de sus hermanas.Con la entrega de Orlando, ya son 18 las víctimas identificadas y restituidas a sus familias en Antioquia y Chocó dentro de este proceso judicial, y 25 en toda la región de Urabá.
A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
La eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las propuestas más contundentes y cuestionadas del programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, que competirá en segunda vuelta el 21 de junio contra Iván Cepeda.De la Espriella ha calificado a la JEP de "farsa" y prometió que, de ganar la Presidencia, el 8 de agosto buscará el camino para suprimirla.En sus palabras, el tribunal "es un escenario para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria".La propuesta forma parte de un programa de gobierno más amplio denominado "País Milagro". En materia de reforma del Estado, De la Espriella también plantea reducir en un 40 % el aparato estatal, lo que significaría un ahorro de entre 25 y 30 billones de pesos, y construir siete megacárceles bajo un modelo similar al implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.De la Espriella ha sostenido que la eliminación de la JEP y otras instituciones que "no sean funcionales" permitiría recortar el gasto público y, en consecuencia, reducir impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina, que representan más de la mitad de su precio final.Frente a esta posibilidad, este martes 9 de junio se pronunció el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, quien, sin nombrar a De la Espriella, pidió respeto por el tribunal en medio del debate electoral.Eliminar la JEP, sin embargo, no sería un trámite sencillo. El Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, estableció que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz tienen carácter obligatorio.Además, retirar a la JEP implicaría que organismos internacionales como la Corte Penal Internacional pudieran intervenir en casos de lesa humanidad, incluidas las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas militares.El senador Iván Cepeda, contrincante de De la Espriella en la segunda vuelta, ha señalado que esta propuesta "les quitaría a millones de víctimas su derecho a la reparación, la verdad y la justicia".
La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó y excluyó al coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha al considerar que su reconocimiento de verdad y responsabilidad no evidencia una contribución genuina al esclarecimiento de la verdad.Ruiz Mahecha es señalado de ser uno de los máximos responsables de casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Batallón La Popa entre 2002 y 2005.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional.Como consecuencia de esta exclusión, el proceso adversarial en su contra será remitido a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación para que continúe la investigación por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.Asimismo, un segundo proceso retornará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, para que continúe la etapa de juzgamiento.En la JEP, el coronel (r) Ruiz Mahecha estaba vinculado a dos macroinvestigaciones. La primera corresponde al Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. En este proceso fue imputado como máximo responsable en el Subcaso Costa Caribe, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar.Ante su negativa a reconocer responsabilidad, el caso fue remitido a la UIA, que formuló acusación en su contra ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.La segunda corresponde al Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles.En el marco del Subcaso Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán, Florencia y zonas aledañas, la Sala de Reconocimiento de Verdad lo convocó a rendir versión por hechos relacionados con el homicidio de Jorge Andrés Beltrán Cortés, una persona con discapacidad asesinada el 24 de abril de 2005 en la vereda Doce de Octubre, en Cartagena del Chairá (Caquetá), cuando Ruiz Mahecha se desempeñaba como comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 55 de la Brigada Móvil 6.Con esta decisión, la JEP registra 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones adquiridas ante el Sistema Integral para la Paz. De ellas, 80 corresponden a exintegrantes de las Farc-EP, 19 a miembros de la fuerza pública, 8 a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, 4 a terceros civiles y 8 a comparecientes de otras categorías o en proceso de verificación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 35 antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte (BIRIC), involucrados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en Santander y Norte de Santander entre 2003 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, al concluir que no tuvieron un papel determinante como máximos responsables dentro de los patrones criminales investigados y que cumplieron con los requisitos exigidos por la justicia transicional.Los hechos por los que comparecieron ante la JEP dejaron 11 víctimas directas en municipios de Santander como El Playón, Matanza, Lebrija, Sabana de Torres y Suratá, así como en La Esperanza, Norte de Santander. De acuerdo con la investigación, los militares participaron en nueve casos de ejecuciones extrajudiciales que posteriormente fueron reportadas como resultados operacionales contra grupos armados ilegales.La JEP explicó que el beneficio otorgado extingue la acción penal y disciplinaria contra los comparecientes por estos hechos, lo que implica el cierre definitivo de los procesos en su contra. Sin embargo, precisó que esta medida no constituye una absolución automática ni fue concedida de manera gratuita.Durante el proceso, los exintegrantes de la fuerza pública participaron en audiencias públicas en las que aportaron versiones detalladas sobre lo ocurrido, reconocieron su responsabilidad en los hechos y realizaron actos de perdón dirigidos a las víctimas y sus familias.Según la decisión de la Jurisdicción, los comparecientes también asumieron compromisos restaurativos y de no repetición, entre ellos la realización de una audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad ante medios de comunicación de Santander y otras acciones orientadas a reivindicar el buen nombre de las víctimas.La Sala estableció que los crímenes investigados respondieron principalmente a dos modalidades. En la primera, civiles señalados por informantes o supuestas fuentes de inteligencia fueron asesinados y posteriormente reportados como integrantes de grupos armados muertos en combate. En la segunda, las víctimas fueron engañadas mediante ofertas de actividades ilegales remuneradas para luego ser ejecutadas y presentadas falsamente como bajas operacionales.La JEP señaló que los aportes de verdad entregados por los comparecientes permitieron reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al alcanzado en las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria. Además, indicó que durante el trámite fueron identificados nuevos hechos que no habían sido documentados previamente y que continúan bajo análisis.Como parte de las medidas adoptadas, la jurisdicción ordenó que los beneficiarios no puedan reincorporarse a la fuerza pública, salvo para desempeñar funciones administrativas, y dispuso la revocatoria de los reconocimientos, condecoraciones e incentivos obtenidos por las operaciones ilegítimas relacionadas con estos casos.La decisión también permitió establecer que uno de los hechos analizados dentro del mismo proceso correspondió a una operación militar legítima y no a una ejecución extrajudicial.
El cuerpo de un joven obrero de 23 años al momento de los hechos, padre de una niña de un año, fue entregado en las últimas horas a su familia, convirtiéndose así en la séptima víctima de desaparición forzada hallada en La Escombrera, de la comuna 13 de Medellín.De acuerdo con las investigaciones de la justicia ordinaria y los señalamientos de las víctimas, el hombre fue desaparecido en septiembre de 2002 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.El cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre de 2025 por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP, como parte de la intervención que desarrolla este tribunal en La Escombrera. Un aspecto que llama la atención de este caso es que el joven es la primera víctima identificada en La Escombrera que vivía en el sector oriental de Medellín, distante de la Comuna 13, lo que corrobora lo afirmado por las mujeres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que el grupo señalado como responsable operaba también en otras zonas de la ciudad.Según expuso la JEP, los indicios recopilados indican que las siete víctimas halladas hasta ahora en La Escombrera habrían sido desaparecidas por el Bloque Cacique Nutibara de ese extinto grupo, entre junio y octubre de 2002. Estos hallazgos coinciden con la información documentada por la Jurisdicción, que señala que el segundo semestre de ese año fue el período con mayor ocurrencia de desapariciones forzadas en la historia de la capital antioqueña.Ante los recientes hallazgos, la JEP reiteró la necesidad de continuar las labores de búsqueda, ante la posibilidad de que el número de personas desaparecidas e inhumadas en este sector sea mayor, como lo han señalado las víctimas y las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares y que acompañan la intervención forense.Por ahora, la Jurisdicción continúa con las labores de intervención forense en La Escombrera, que ya completan 20 meses. Durante este tiempo, se han removido más de 62.000 metros cúbicos de tierra, lo que ha permitido el hallazgo de siete víctimas de desaparición forzada.
La defensa de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad', apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que dejó sin efectos su acreditación como víctima dentro del Caso 06, relacionado con hechos contra integrantes de la Unión Patriótica.Su abogada sostiene que la determinación representa una “regresión grave” de sus derechos y cuestiona que la Jurisdicción haya argumentado un supuesto “error humano” para corregir la decisión inicial.Según el recurso, existe una “contradicción” dentro de la propia JEP que terminó produciendo la “desacreditación tácita” de un compareciente de las antiguas FARC-EP.La apoderada argumenta que la decisión no estuvo suficientemente motivada y sostiene que la JEP no explicó por qué se reversó una acreditación que, según el recurso, ya había sido reconocida formalmente junto con las pruebas que sustentaban esa condición.“La carga argumentativa que se le exige a la Sala de Reconocimiento para revocar una decisión que acreditó a una víctima en el proceso es sumamente alta. Debe explicar la forma en que, por un lado, respeta el principio províctima y, por otro, la decisión resulta más garantista que la acreditación. El Auto CGD-06 056 de 2026 no evalúa siquiera estos elementos, limitándose a anunciar un “error humano” sin detallar la evaluación de las consecuencias de revertir una acreditación procesal de una víctima. No obstante, el Auto posterior carece de los elementos que, por vía jurisprudencial, son necesarios para debidamente motivar una decisión judicial”, señala el documento.En el recurso, la representante de Trinidad también asegura que la medida afecta derechos de participación dentro del macrocaso, como presentar observaciones, aportar pruebas o intervenir en audiencias. “Se le está negando al señor Palmera Pineda ser escuchado en su relato”, afirma el documento.La defensa además plantea que podría existir una estigmatización contra Trinidad “por ser quien representa a las FARC-EP”, y señala que la pérdida de su acreditación impediría que pueda participar como víctima dentro del proceso relacionado con la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.“Lo relatado también guarda amplia similitud con un hecho que, aunque no está expresamente determinado en ninguna de las decisiones, sí refleja un escenario de posible estigmatización en contra de la víctima por ser quien “representa” a las FARC-EP”.La abogada insiste además en que el Acuerdo de Paz reconoce como víctimas a todas las personas que hayan sufrido afectaciones en el marco del conflicto, incluso si fueron combatientes, y sostiene que excluir a Trinidad desconoce ese principio.“Lo mencionado en tanto podría entenderse, tácitamente, que su proceso de negación de derechos adquiridos como víctima se debió a la posición que este firmante representó para el país, mismo que la JEP mediante diversas decisiones de la SALA DE AMNISTÍA E INDULTO e incluso la SRVR, ha trabajado por desmitificar”.Por eso, pidió revocar la decisión que corrigió la acreditación y mantener en firme el reconocimiento inicial de Simón Trinidad como víctima dentro del Caso 06. Además, solicitó que se garantice “la materialización del principio de las víctimas como el centro del Acuerdo”. En caso de que la reposición no prospere, pidió que el expediente sea enviado a la Sección de Apelación de la JEP para que estudie el caso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de conservación, protección y resignificación sobre las instalaciones de la actual Escuela de Logística del Ejército Nacional, en Bogotá, lugar donde funcionó el antiguo Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, mencionado en múltiples investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.La decisión fue emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, tras una solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, víctima de los hechos del Palacio de Justicia de 1985.Según el documento, la petición buscaba ampliar las medidas cautelares ya existentes para incluir las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, ubicadas en el sur de Bogotá, debido a su presunta relación con hechos asociados a desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia militar ilegales.La JEP explicó que el lugar tiene relevancia no solo para esclarecer lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, sino también para investigaciones relacionadas con otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que son analizados por la jurisdicción transicional.En el documento, los magistrados señalan que existen elementos de información que vinculan al antiguo Batallón Charry Solano con posibles patrones criminales investigados dentro de los macrocasos 06 y 08 de la JEP, relacionados con crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica y acciones cometidas por miembros de la fuerza pública en conjunto con estructuras paramilitares.La decisión también toma en cuenta versiones entregadas ante la JEP por exintegrantes de organismos de inteligencia militar, entre ellos José Leonairo Dorado Gaviria, quien habló sobre presuntas prácticas desarrolladas dentro de esas instalaciones.En esas declaraciones se mencionan entrenamientos de inteligencia militar, seguimientos a objetivos considerados enemigos internos y presuntas detenciones e interrogatorios realizados dentro del batallón. Sin embargo, la JEP aclaró que gran parte de esa información aún se encuentra en proceso de verificación y contrastación.Además de los testimonios, la magistratura recopiló documentos históricos y judiciales, incluyendo archivos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Entre ellos aparece información sobre la creación y funcionamiento del Batallón Charry Solano desde la década de 1960 y su posterior transformación en estructuras de inteligencia militar adscritas al Ejército Nacional.Uno de los puntos clave del auto es el reconocimiento de la importancia de preservar el lugar como espacio de memoria histórica. La JEP sostuvo que el derecho a la verdad no solo corresponde a las víctimas directas, sino también a toda la sociedad colombiana, especialmente en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.En ese sentido, el tribunal enfatizó que la protección de estos espacios busca garantizar la conservación de posibles elementos probatorios, evitar alteraciones o destrucciones y avanzar en procesos de resignificación simbólica orientados a la reparación y la no repetición.La magistratura también indicó que las medidas cautelares no interfieren con las labores de búsqueda forense que puedan adelantarse en el lugar por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otros organismos técnicos.El auto recuerda que sobre estos predios ya existían medidas cautelares decretadas desde septiembre de 2024, inicialmente relacionadas con la búsqueda de Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente político desaparecido en 1993.La Escuela de Logística, donde antes funcionó el Batallón Charry Solano, también estaría involucrado como posible lugar de inhumación clandestina de Irma Franco, exintegrante del M-19 desaparecida tras el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, y Mateo Piñeros, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Noticia en Audio, por esa investigación.
El martes 23 de junio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, además de MiLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 23 de junioEl gran protagonista de la noche fue el número 1608 de la serie 143, correspondiente al premio mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4761)El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 23 de junio de 2026, es el 2265 de la serie 027. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!Resultado de MiLoto - 23 de junioEl sorteo de MiLoto dio a conocer las balotas correspondientes al resultado oficial de la jornada. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 38 - 34 - 03 - 07 - 05, esta ocasión, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado continúa en aumento para el próximo sorteo.
En una extensa publicación, el presidente Gustavo Petro aseguró que habrá una transición hacia el nuevo gobierno y sugirió que su papel político continuará una vez deje el poder.“Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, fue la frase con la que cerró un largo mensaje en el que volvió a criticar el sistema electoral del país y la injerencia de Estados Unidos en las votaciones.Aunque aseguró que respetará los escrutinios, Petro insistió en que existen elementos que, a su juicio, deberían llevar a un debate sobre la legitimidad de las elecciones.“Dije que obedeceré a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra”, escribió, pero luego planteó dudas sobre qué mecanismos existen para verificar las denuncias sobre una supuesta intervención externa en el proceso electoral colombiano.El mandatario sostuvo que la soberanía popular, principio fundamental de la Constitución, habría sido afectada por factores ajenos a la voluntad de los votantes.Cabe recordar que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apoyó al candidato ganador, Abelardo De La Espriella, y aseguró que ahora la relación entre ambos países mejoraría con el nuevo Gobierno.Petro afirmó que “la intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia” y sostuvo que dicha actuación contradice principios contenidos en tratados internacionales y en la propia Constitución colombiana.En ese contexto, el mandatario comparó la situación de Colombia con Rumania, donde según él, decisiones judiciales europeas derivaron en la anulación de unas elecciones por presuntas interferencias externas y solicitó que se analice la situación colombiana bajo los mismos criterios aplicados en Europa.Sin embargo, cabe recordar que varias de las organizaciones internacionales que acompañaron el proceso en Colombia, han informado que todo se hizo con transparencia, orden y sin denuncias ni evidencias de fraude. Incluso, han mencionado que el sistema electoral es ejemplo en la región.Pese a sus denuncias, Petro habló de la necesidad de abrir espacios de diálogo y entendimiento entre sectores políticos profundamente divididos tras la contienda electoral.En la parte final de su mensaje, el mandatario insistió en que el país enfrenta un momento decisivo y llamó a construir acuerdos para evitar nuevas fracturas sociales. “Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar”, afirmó.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió este martes el desempeño de su equipo en la victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo, resultado que anticipó la clasificación a la fase de dieciseisavos de final del Mundial como líder provisional del Grupo K con 6 puntos."Los muchachos hicieron un partidazo, se mataron en la cancha y siguieron el plan", expresó el entrenador argentino, para quién el único reparo al partido de hoy en Guadalajara radica en que sus pupilos no sacaron mayor diferencia."Los partidos son así", matizó tras elogiar el desempeño de los Leopardos.Nos complicaron un poco con los centros sabíamos que teníamos que movernos mucho para controlarlos", explicó.Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene puntos. Su rival de hoy, con un punto, se medirá con Uzbekistán, que ha saldado con derrotas sus dos salidas.
Luego de varios minutos de espera, lo que parecía complicado finalmente se le abrió a Colombia. Cuando todo indicaba que no había manera de romper la defensa congoleña, el lateral del Crystal Palace apareció para darle un alivio a la ‘Tricolor’.En el segundo tiempo, la suerte le sonrió a Daniel Muñoz, quien apareció para solucionar un duelo que parecía cerrado para el planteamiento de Lorenzo y poner el 1-0 a favor de Colombia.Se corría el minuto 76’, cuando una jugada que nació de los pies de Juan Fernando Quintero y en combinación con Gustavo Puerta terminó encontrando la astucia de Jhon Córdoba, quien arrastró la marca para dejarle espacio a Muñoz, que desenfundó un disparo y abrió el marcador en Guadalajara.Luis Díaz sufrió con los fuera de lugar: dos goles anuladosLuis Díaz no tuvo su mejor noche, pues luego del gol de Daniel Muñoz, el atacante colombiano se motivó y empezó a buscar su propio tanto para asegurar la victoria y, por consiguiente, el pase a la siguiente fase del Mundial 2026.Al minuto 78, Luis Díaz recibió un pase elevado, controló con precisión y definió para anotar el que sería el segundo tanto de la noche. Sin embargo, el propio delantero del Bayern reconoció una falta previa en ataque, invalidando de esa manera la anotación colombiana.Pese a ello, ‘Lucho’ no se quedó conforme y siguió buscando el segundo gol del compromiso. Dos minutos después del primer intento, una nueva jugada llevó al extremo colombiano a romper la red rival.Un pase filtrado de Lerma puso a correr a Luis Díaz, quien superó la zaga rival y llegó al corazón del área para sacar un disparo que terminó en gol. Sin embargo, el guajiro estaba adelantado tras el pase de Lerma, por lo que nuevamente el tanto fue anulado.Tras esa acción, Luis Díaz mostró frustración, pero Colombia logró mantener el 1-0, no solo consiguiendo la victoria ante RD Congo, sino asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final.
Guadalajara se vistió amarillo, azul y rojo con la llegada masiva de hinchas colombianos para el duelo de este martes, 23 de junio, entre Colombia y República del Congo por la segunda fecha del Grupo Kde la Copa Mundial de la FIFA 2026.Los dirigidos por Néstor Lorenzo arribaron al estadio con la ilusión de conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final, aprovechando los resultados que obtuvo Portugal en las dos primeras fechas de la competencia.Desde las 9:00 de la noche (hora colombiana), la pelota comenzó a rodar en el estado de Jalisco, México, pero minutos antes el recinto deportivo sonó a una sola voz con el himno de Colombia con la presencia de más de 35.000 hinchas cafeteros.Los primeros minutos del partido fueron cafeteros. Con Luis Díaz y Daniel Muñoz, la Tricolor comenzó a tomar control de partido y avisó en dos ocasiones. La primera con un balón que se fue por encima y, posteriormente, con un fuera de lugar del lateral del Crystal Palace que había terminado en el fondo del arco.Sin embargo, el protagonismo se lo empezó a robar el golero Lionel Mpasi sacando balones imposibles que enviaban James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. Aun así, la Tricolor no dejó de intentar y presionar por las bandas, zona en donde el cuadro rival mostró mayor debilidad a la hora de defender.Pero la pausa de hidratación le bajo el ritmo al cuadro cafetero y dio aire a los africanos para comenzar a meterse en el área rival, dejando que el ritmo del partido cayera en la responsabilidad de Gustavo Puerta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Luis Díaz, que eran los que intentaban romper el 0-0.El segundo tiempo en los primeros minutos no cambió mucho y el ritmo fue lento para ambos equipos. Lorenzo tuvo que hacer cambios por un jugador que no estaba en su mejor día como lo fue James Rodríguez, quien salió por Juan Fernando Quintero y le dio mayor amplitud de ataque a Colombia, pero que no era suficiente para romper el arco rival.Lo estaba buscando desde el primer tiempo, pero todo parecía en contra para el lateral del Crystal Palace. Primero un fuera de juego le quitó el grito de gol cuando anotó y fue invalidado, pero en el segundo tiempo la suerte sí le sonrió y fue él el que apareció a solucionarle la vida a Lorenzo para poner el 1-0 frente al Congo.Ahora, con este resultado, Colombia se prepara para enfrentar a Portugal, el rival más díficil del grupo con un Cristiano Ronaldo inspirado. El duelo se llevará a cabo el próximo sábado, 27 de junio, desde las 6:30 de la tarde (hora colombiana).
