Un nuevo choque entre el Gobierno y la JEP se está dando por el retiro de algunas piezas y contenidos del Museo Nacional en Bogotá. Es importante recordar que, por orden de un juez, las piezas fueron restituidas, aunque el Gobierno impugnará esa decisión.Una vez se conoció esta situación, la JEP le pidió al Ministerio de Cultura que entregue un informe preliminar en cinco días sobre las razones para trasladar las piezas. Además, en 10 días el Gobierno debía entregar un informe más completo. Lo que quería evaluar la jurisdicción era si con esta decisión del Ministerio se estaban afectando los derechos de las víctimas.El Ministerio de Cultura respondió en las últimas horas; sin embargo, el Gobierno asegura que esa cartera no ha sido vinculada a ningún proceso y que por eso la JEP no puede impartirle órdenes."Se insiste que el Ministerio de Cultura no ha vulnerado, desconocido o violentado derecho alguno de las víctimas y, por tanto, no fue objeto de las medidas cautelares decretadas por el Despacho en el mes de marzo del año 2024, de suerte que, en estricto sentido jurídico, las órdenes derivadas de dichas medidas cautelares deben dirigirse y ser oponibles a aquellos sujetos (personas o entidades) vinculadas al trámite y frente a las cuales, por cumplirse los requisitos legales, sea legalmente procedente su exigencia", señala el Ministerio de Cultura.El Gobierno, además, insiste en que ya entregó información sobre el tema a otras autoridades y por eso la JEP puede ir ante esas instancias a solicitar el informe requerido.“Debe ponerse de presente que este Ministerio, en ejercicio de los deberes legales y constitucionales que le son oponibles, ha suministrado a las autoridades judiciales y administrativas competentes, de manera oportuna e integral, la información relacionada con las actuaciones desplegadas en la Unidad Administrativa Especial del Museo Nacional de Colombia el pasado 15 de octubre de 2026. En tal sentido, lo solicitado en el Auto objeto del presente pronunciamiento puede consultarse con dichas instancias", se lee en la respuesta del Ministerio.La respuesta de la JEPEl magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien solicitó la información al Ministerio, en otro auto, tras la respuesta del Gobierno, advirtió que se estaría incumpliendo una orden judicial, asegurando que esta no es una invitación que la jurisdicción le hace al Ministerio; por eso, la cartera tiene el deber de responder."El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes está incumpliendo la orden judicial de presentar el informe ejecutivo preliminar impartida en el ordinal primero del Auto SAR AT 864 de 2026. No se trata de una invitación ni de una solicitud de colaboración de cumplimiento facultativo. Las objeciones expuestas en su respuesta no sustituyen la entrega de la información ordenada ni habilitan a la entidad para sustraerse unilateralmente de su cumplimiento, con fundamento en una supuesta ausencia de vinculación que el Auto SAR AT 366 de 2024 desvirtúa expresamente", señala la JEP.Pero, además, el magistrado dice que el Ministerio de Cultura sí se encuentra vinculado a la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada; por eso, la jurisdicción sí tiene competencia para pedir este tipo de informes. El magistrado Sánchez ordenó, por segunda vez, la entrega del informe, advirtiendo que, si no se entrega, se podrían tomar medidas correccionales que deberán ser cumplidas por la ministra, Paola Holguín."Se ADVIERTE que la persistencia en el incumplimiento dará lugar a la apertura del trámite de medidas correccionales previsto en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018. En particular, el numeral 4 del artículo 143 contempla arresto inconmutable hasta por cinco (5) días por desobedecer las órdenes del juez impartidas en ejercicio de sus atribuciones legales. La eventual imposición de la medida recaerá sobre la persona responsable, previa individualización de su conducta y con garantía de la oportunidad de explicar las razones de su oposición y solicitar la reconsideración, en los términos del parágrafo de esa disposición, aplicable conforme a la cláusula remisoria del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018", advierte el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.Es importante recordar que entre las medidas correccionales previstas en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004 están las multas e incluso el arresto hasta por cinco días.
El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, confirmó que la entidad atraviesa un momento crucial marcado por la aceleración de sus decisiones judiciales y, de manera paralela, un drástico plan de austeridad operacional. En diálogo con Mañanas Blu, dijo que, a pesar de afrontar una reducción presupuestal severa de 170.000 millones de pesos impuesta por el Gobierno Nacional mediante decreto presupuestal, el magistrado garantizó que los recortes no paralizarán la actividad judicial central del tribunal de paz. Aceleración de resultados e imputaciones en todos los macrocasosEn el marco del balance de la corporación, Danilo Rojas anunció que antes del 15 de diciembre de este año se dará a conocer un volumen significativo de decisiones de fondo en los procesos en curso. "De aquí al 15 de diciembre va a haber noticias al menos con 15 o 20... más bien 20 imputaciones de este orden", sostuvo el presidente de la JEP, al precisar que la Sala de Reconocimiento avanza en un cronograma que permitirá presentar imputaciones en todos los macrocasos. Este anuncio coincide con las recientes citaciones a exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc por el reclutamiento de 18.677 niñas y niños, así como las decisiones por el atentado con burro bomba en Chalán (Sucre). Al respecto, el magistrado descartó que los avances respondan a una reacción coyuntural frente a los recortes o a las críticas sobre la efectividad del tribunal: "No es una coincidencia, sino un resultado de un trabajo de todos estos años. La JEP viene desarrollando después del año 2018 estos procedimientos dialógicos y ahora empiezan a dar los resultados más importantes". Rojas explicó que la JEP ha entrado en una fase decisiva de su proceso: "Es la cosecha de resultados en materia de producción de autos... durante estos años estuvo la JEP recibiendo información, contrastando la información, haciendo versiones, recibiendo testimonios y bueno, es el momento de los resultados". Asimismo, destacó la complejidad del momento actual: "Esa es un poco la paradoja que tenemos ahora, que en el momento de mayor presentación de resultados tendremos menos presupuesto, pero lo haremos con mucha responsabilidad". Severo ajuste presupuestal y traslado de sedePara ajustarse a la disminución de 170.000 millones de pesos decretada por el Gobierno, la JEP pondrá en marcha un plan de reorganización severo. Entre las principales decisiones destaca el traslado de su sede principal en Bogotá, abandonando las instalaciones actuales de 15.000 metros cuadrados situadas en la calle 64 con carrera séptima para mudarse a un inmueble de 4.200 metros cuadrados, lo que generará un ahorro anual de aproximadamente 26.000 millones de pesos. La reducción de espacio físico implicará establecer el trabajo virtual como regla general y la rotación en puestos de trabajo. Adicionalmente, se aplicará un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, ahorrando entre 83.000 y 85.000 millones de pesos. Ante la magnitud de las medidas, el magistrado Rojas enfatizó los límites de los recortes: "La reducción que estamos haciendo por mandato de esta regla, esta norma presupuestal no afectará el núcleo esencial de nuestro mandato. Por eso vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP". Escuche aquí la entrevista:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una serie de ajustes en su funcionamiento para enfrentar el recorte presupuestal de $170.000 millones aprobado en el Congreso. Entre las medidas se encuentran la entrega de su actual sede en Bogotá, la reducción de los esquemas de seguridad y el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios.El nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, en medio de su acto de posesión este jueves 5 de noviembre, explicó que estas decisiones buscan reducir los gastos de la entidad. Sin embargo, reconoció que algunos de los ajustes pueden tener consecuencias sobre las labores que desarrolla el tribunal en materia de justicia transicional y atención a las víctimas.Una de las primeras decisiones será entregar, en marzo de 2027, el edificio que ocupa actualmente en Bogotá, de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, para trasladarse a una sede de 4.200 metros cuadrados. Según la entidad, este cambio representaría un ahorro cercano a los $26.000 millones anuales.El ajuste también contempla modificar la modalidad de trabajo, con mayor virtualidad y un esquema de turnos rotativos para el personal. En las regiones, la JEP buscará apoyarse en espacios compartidos con universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades públicas y privadas.La segunda medida tiene que ver con los esquemas de seguridad. La jurisdicción reducirá los dispositivos de protección de magistrados y fiscales, y eliminará los del secretario ejecutivo. También habrá una disminución en los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes.Frente a este último punto, Rojas hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma la responsabilidad de proteger a las personas que participan en los procesos de la JEP y que se encuentran amenazadas.“Muy a nuestro pesar, se decidió variar y reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes. Con ello habrá un ahorro aproximado de 37 mil millones de pesos anuales. Dada la sensibilidad de esta decisión, de inmediato pediremos al Gobierno Nacional asumir esta responsabilidad con base en lo establecido en las normas pertinentes”, señaló el magistrado.La tercera decisión será reducir en un 85 % los contratos de prestación de servicios, un ajuste que representaría cerca de $83.000 millones. Estos contratos están relacionados, entre otras labores, con la defensa técnica de víctimas y comparecientes, el acompañamiento psicosocial y la realización de encuentros restaurativos.La reducción podría afectar el desarrollo de estas actividades, por lo que la entidad tendrá que reorganizar su personal para intentar responder a las necesidades de sus procesos.Cabe destacar que además de los retos presupuestales, en este momento se discuten algunas iniciativas en el Congreso y que buscan modificar el periodo de funcionamiento de la JEP.El presidente de la jurisdicción pidió a los congresistas revisar el marco constitucional que establece que el Acuerdo Final de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez, y recordó que el tribunal necesita los 15 años previstos para cumplir con su mandato.“La JEP para poder terminar su mandato necesariamente tiene que tener los 15 años previstos en el Acuerdo Final de Paz. Yo lo que invito a los honorables congresistas es a que revisen la pauta normativa constitucional según la cual el Acuerdo Final de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez”, afirmó.Ahora la nueva administración que asumirá durante el periodo 2026 - 2028 enfrenta dos retos que pueden marcar su futuro: por un lado, cómo garantizar el cumplimiento de sus funciones con menos recursos y, por otro, cómo mantener el periodo de funcionamiento establecido en el Acuerdo de Paz.
La reciente imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 12 exintegrantes de la fuerza pública señalados de cometer delitos de guerra y lesa humanidad durante el desarrollo de la Operación Orión en la Comuna 13, también volvió a poner sobre la conversación el grado de responsabilidad que en el operativo pudo tener el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez.En diálogo con Blu Radio el exmandatario se pronunció particularmente sobre la solicitud de ese tribunal a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen el grado de responsabilidad que en lo sucedido pudo tener Pérez Gutiérrez, pues testigos dentro de las investigaciones aseguran que estuvo “plenamente informado” durante reuniones de seguridad previas sobre lo que iba a ocurrir en particular el 16 y 17 de octubre de 2002.Al respecto el exalcalde reafirmó que no estaba enterado de la intervención ordenada por parte del entonces presidente Álvaro Uribe, que solo recibió reporte cuando ya había iniciado el operativo, pero que en caso de haberla conocido previamente tampoco convierte la situación en un delito.“Decir que que un señor dijo que yo conocía el inicio de la operación y eso pues primero que todo no lo sabía, pero segundo, sí lo sabía no es ningún delito, que además todos esos delitos de omisiones y demás ya deben haber prescrito después de 23 años”, contestó en Blu Radio.Gutiérrez también sostuvo que este fue uno de los puntos clave dentro de la información que ya entregó a la JEP en una diligencia a comienzos de año donde el magistrado del caso le consultó adicionalmente por asuntos como una posible alianza de funcionarios de la entonces Metroseguridad con informantes en la zona, la cual afirmó desconocer al tratarse de una entidad descentralizada de la administración municipal.“Efectivamente, el secretario de Gobierno era el que presidía esa Junta. Yo jamás estuve, eso dije que no tenía como alcalde pues la información porque nunca asistí a ninguna junta y era un instituto descentralizado y así también lo manifestó el doctor Jorge Vélez que sí estuvo en esas reuniones”, aseveró Pérez.Finalmente, el exalcalde de la capital antioqueña expresó que no encuentra razones plenamente justificadas para la reciente solicitud de la JEP a organismos judiciales y disciplinarios, en vista de la información que ya ha entregado. Por eso, planteó cuestionamientos a posibles sesgos del tribunal.“La JEP no quiere a los que hayamos tenido la fuerza y la voluntad de enfrentar sobre todo la guerrilla. En esa época la guerrilla estaba muy cómoda en la Comuna 13. Los Comandos Armados del Pueblo con el ELN allá mandaban, igual que en algunos sectores las Farc”, agregó el exalcalde.La decisión de la JEP para imputar a los 12 exuniformados, entre ellos al general Mario Montoya, documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas, entre ellos 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios durante ‘Orión’ y otras intervenciones militares durante la misma época.
En entrevistas a 214 víctimas, la JEP evidencia cómo, tras ser reclutados, los sometían a cargas y tareas que excedían su capacidad física; los privaban de alimento y sueño como castigo cuando fallaban en entrenamientos de manejo de armas y explosivos.La magistrada Rueda detalló que las víctimas de reclutamiento forzado de las extintas Farc relataron malos tratos en las actividades cotidianas, como transportar leña, abrir trincheras, cocinar, hacer labores de aseo, pero también acciones como intentar comunicarse con su familia, comer un pedazo de panela sin permiso o negarse a torturar. La magistrada también reveló que se documentaron casos de suicidios de menores de edad como consecuencia de esos malos tratos.En el patrón de malos tratos, torturas y ejecuciones, la Jurisdicción documentó 104 víctimas sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 víctimas de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables.Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates. Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados."Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares", explicó la magistrada Rueda.Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.Las sanciones incluían trabajos obligados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones y fusilamientos. Según Rueda, los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaron garantías básicas como el derecho de defensa, la legalidad o la independencia.Entre 1971 y 2016, las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 menores. El Caso 07 cuenta con 11.319 víctimas acreditadas individual y colectivamente y acompaña la búsqueda de 533 niños y niñas reclutados que permanecen desaparecidos.
La diligencia fue programada para los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Ante las víctimas, la justicia y el país, Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, antiguos integrantes de las extintas Farc, deberán reconocer su responsabilidad como máximos responsables por los crímenes imputados en el Caso 07.Según la JEP, la decisión se da en respuesta a las recomendaciones de las víctimas y sus representantes. La preparación de la audiencia comienza con los patrones de reclutamiento y utilización de niñas y niños, y de malos tratos, torturas y homicidios intrafilas. Además, las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio serán abordadas en sesiones diferenciadas que harán parte de esa misma audiencia.Antes de la diligencia, la Sala de Reconocimiento resolverá las observaciones presentadas por las víctimas, los pueblos étnicos acreditados y el Ministerio Público, incluidas aquellas relacionadas con los patrones de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio."La Jurisdicción valoró preliminarmente el reconocimiento expresado por los comparecientes y encontró que reúne los elementos básicos de las dimensiones fáctica, jurídica y restaurativa que permiten convocarlos a la audiencia. Ese será el escenario para profundizar y fortalecer el reconocimiento", indicó la JEP en un comunicado.En otra decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a nueve antiguos integrantes de las extintas Farc a reconocer su máxima responsabilidad por malos tratos, torturas, ejecuciones y juicios sin garantías, así como por violencias reproductivas contra niñas y niños reclutados.Cinco de los comparecientes también fueron llamados a reconocer su máxima responsabilidad por liderazgo regional del patrón de violencias reproductivas cometidas contra niñas reclutadas.En el primer patrón, la Jurisdicción encontró bases suficientes para determinar que al menos 104 víctimas fueron sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 fueron víctimas de condenas y ejecuciones sin previo juicio o sin las garantías indispensables. La información recopilada también da cuenta de que al menos 62 niñas y niños fueron ejecutados por estructuras de las antiguas Farc.En el segundo patrón, la Sala documentó al menos 218 víctimas de violencias reproductivas, quienes sufrieron 356 hechos. Esta cifra es superior al número de víctimas, pues algunas sufrieron dos o más hechos durante su permanencia en las filas. De los 356 hechos documentados, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, por lo que la Sala concentró su análisis en estos casos.Entre las conductas identificadas en el segundo patrón están la anticoncepción forzada, los abortos forzados, los malos tratos asociados a estos procedimientos, la entrega forzosa de hijos e hijas recién nacidos a terceras personas y dos hechos de asesinato de recién nacidos.Las decisiones identifican la responsabilidad de mandos regionales que, desde sus posiciones jerárquicas, tuvieron capacidad de decisión, dirección y control sobre la implementación de estos patrones en los territorios bajo su autoridad. La Sala los llama a reconocer su responsabilidad como coautores mediatos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos Bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP por crímenes graves cometidos en el norte y nororiente de Colombia. Entre los altos mandos atribuidos como máximos responsables figuran dos exintegrantes del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como 'Pastor Alape'. Esta decisión judicial se enmarca en el Caso 10 de la JEP, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la antigua guerrilla que no fueron abordados en otros macrocasos.Imputación por crímenes no amnistiables y de lesa humanidadLa investigación, conducida bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, determinó que los 11 comparecientes son máximos responsables de crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y bienes protegidos, tortura, violación y violencia sexual. De igual manera, deberán responder ante la Justicia Transicional Restaurativa por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. La JEP subrayó la trascendencia de esta calificación jurídica al remarcar que, debido a su gravedad, "estos crímenes no pueden recibir perdón judicial".Un hito frente a la impunidad históricaDurante décadas, la intensidad del conflicto armado y la persecución contra jueces y fiscales impidieron que la justicia ordinaria investigara efectivamente estos hechos en los territorios. Las cifras presentadas por la Jurisdicción revelan la magnitud de la impunidad en el pasado: en la justicia ordinaria "más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar". El panorama era aún más crítico en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio, donde "el desplazamiento y la desaparición forzada registraron un 100 % de impunidad". Con esta decisión, que da respuesta a las acreditaciones y relatos de 733 víctimas —incluyendo campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades de fe, autoridades indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de la fuerza pública—, la JEP "honra la lucha incansable de las víctimas por la verdad, y contribuye a saldar una deuda histórica de la justicia con el país por estos hechos".Dos patrones sistemáticos de violenciaLa Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que respondieron a "dos grandes patrones: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades".En el primer patrón, la guerrilla impuso un régimen de coerción en zonas de escasa presencia estatal mediante señalamientos a percibidos colaboradores del enemigo, castigos por desobedecer sus "normas de convivencia" y la estrategia de generar un "vacío de poder". Bajo esta lógica se persiguió a comunidades de fe, docentes y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la ANUC y la ATCC. El ataque con mayor número de víctimas mortales contra trabajadores del campo documentado en este patrón fue la masacre perpetrada en 2004 en la finca La Duquesa, en Tibú (Catatumbo), donde integrantes del Frente 33 "asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años". Asimismo, se constató que la violencia sexual se empleó de forma deliberada como un "dispositivo de castigo, disciplina e intimidación" contra la población civil.En el segundo patrón, referente al desarrollo de las hostilidades, la extinta guerrilla empleó armas de efectos indiscriminados en tomas urbanas e incursiones. Entre las acciones más impactantes figura la toma de Chalán (Sucre) en 1996, en la que el Frente 35 detonó un "burro bomba" cargado con 50 kilogramos de explosivos que destruyó el casco urbano, mató a 11 policías y provocó el desplazamiento masivo de sus habitantes, dejando una localidad abandonada que fue apodada "el pueblo candado". También se documentaron atentados urbanos como la detonación de un carro bomba en Bogotá frente a Caracol Radio en 2010 para asestar un "golpe de opinión", el ataque en Barranquilla en 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez mediante un carro de helados cargado con explosivos, y sabotajes sistemáticos a la infraestructura energética y petrolera que desencadenaron catástrofes ambientales en ríos como el Catatumbo.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, advirtió sobre las consecuencias que tendría para el funcionamiento de este tribunal la reducción de su presupuesto en $170.000 millones y el proyecto de acto legislativo que busca disminuir de 15 a 10 años el periodo de funcionamiento de esta jurisdicción.Según explicó Ramelli, el Gobierno Nacional había presentado inicialmente un presupuesto de $821.000 millones para la JEP. Sin embargo, posteriormente se aplicó un recorte de $170.000 millones, acordado entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República.El magistrado señaló que la jurisdicción todavía analiza las medidas que deberá adoptar para afrontar la reducción de los recursos. Para ello, anunció que el próximo martes continuará la sesión del órgano de gobierno de la JEP, en la que se examinarán las alternativas para garantizar su funcionamiento. A la preocupación presupuestal se suma el trámite de una reforma constitucional en la Comisión Primera del Congreso, que ya superó su primer debate y plantea reducir de 15 a 10 años el periodo establecido para el funcionamiento de la JEP."¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que estamos discutiendo internamente. El martes tendremos la continuación del órgano de gobierno, estamos examinando todas las medidas, hay que seguir adelante. Y yo siempre he insistido que yo no sé de dónde salió esa afirmación de que no le vamos a dar una prórroga, pues es que nunca hemos pedido una prórroga, o sea, la Constitución lo que dice son 15 años", sostuvo el magistrado.Ramelli cuestionó esta iniciativa porque, según advirtió, una reducción de ese plazo impediría que los procesos judiciales concluyan y podría provocar que algunos casos regresen a la justicia ordinaria.El presidente de la jurisdicción también pidió al Congreso evaluar las consecuencias de la reforma para las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y los compromisos internacionales de Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Penal Internacional.Además, lamentó que la JEP no hubiera sido invitada a la primera sesión de la Comisión Primera en la que se discutió la iniciativa, pese a que la reforma afecta directamente a esta jurisdicción.
Luego de conocerse la imputación a 12 exintegrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional por homicidios, desapariciones y torturas entre el 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que se dictó medida cautelar a ocho cuerpos hallados en el sector El Cebollal y otros lugares aledaños de la ciudad.Según reconoció la JEP, uno de los lugares de intervención fue El Cebollal en donde se habían exhumado 13 cuerpos de los cuales se habían identificado 7 cuerpos, no obstante, los 6 cuerpos restantes no se habían hallado hasta que se encontraron en laboratorios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.El magistrado Gustavo Salazar manifestó que los 6 cuerpos de El Cebollal se suman a otros 2 personas encontradas en otros lugares aledaños de esta zona afectada gravemente por el conflicto armado en la capital de Antioquia."Esos 8 cuerpos en total se decretó la medida cautelar, se ordena su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal para los procesos de identificación y la priorización para el desarrollo de muestras genéticas, que son la garantía de la identificación. Y nosotros entenderíamos que con mucha posibilidad son víctimas de desaparición forzada", aseguró Salazar.Se espera que los estudios logren determinar la identidad de estas personas y si efectivamente, como indican desde la Jurisdicción Especial para la Paz, son víctimas de operaciones como Orion o Mariscal que dejó a decenas de personas desaparecidas y enterradas en La Escombrera.De confirmarse que las 8 personas hacen parte del universo de víctimas en la Comuna 13, se llegaría a la cifra de 15 personas asesinadas y luego desaparecidas en el Occidente de la capital de Antioquia a inicios del siglo XXI, en uno de los episodios más sangrientos que ha vivido la ciudad.
La Jurisdicción Especial para La Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de la Fuerza Pública, ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional y cuatro de la Policía, por homicidios, desapariciones y torturas en la Comuna 13 de Medellín. Entre los involucrados están los generales retirados Mario Montoya y José Gallego por su omisión.Como resultado está una investigación de cinco años adelantada en el subcaso Antioquia del Caso 08, que examina los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asociación, colaboración o tolerancia con estructuras paramilitares.Según explicó el magistrado Óscar Parra, durante la investigación fueron interrogados 79 integrantes de la Fuerza Pública: 52 del Ejército Nacional y 27 de la Policía Nacional. De ese grupo, la Sala de Reconocimiento determinó que 12 serían máximos responsables de los hechos investigados.“Después de la operación Orión, el bloque Cacique Nutibara se convirtió en el actor hegemónico en la comuna 13 y estableció un control social, territorial y económico. Entre los 12 máximos responsables seleccionados están los generales en retiro Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la sala atribuyó responsabilidad por omisión”, indicó.La investigación estableció que homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecuciones contra la población civil, hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a miembros de la Fuerza Pública y al Bloque Cacique Nutibara.“La sala estableció que los homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares, principalmente el bloque Cacique Nutivara de las estructuras paramilitares”, aseguró.En cuanto a la atribución de responsabilidades, la JEP señaló que los coroneles Bernardo Gutiérrez Camelo y Jairo Bocanegra de la Torre, además de otros integrantes del Ejército y la Policía están dentro de los responsables de los vejámenes.Frente a lo que sigue en el proceso judicial, si los exintegrantes de la Fuerza Pública reconocen su responsabilidad y aportan verdad, el caso podrá avanzar hacia una resolución de conclusiones y sanciones propias de carácter restaurativo. De lo contrario, sus expedientes podrían pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde enfrentarían un proceso adversarial que, en caso de establecerse su responsabilidad, podría terminar en penas de hasta 20 años de prisión.
Colombia ya registra 97.894 casos de dengue acumulados, según el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 43. De ese total, 59.472 corresponden a personas que no presentan signos de alarma, 37.443 sí presentan estas señales y 979 han desarrollado dengue grave.La situación también genera preocupación por las muertes asociadas a la enfermedad. A la fecha, se han notificado 245 fallecimientos probables, de los cuales 65 fueron confirmados, 135 descartados y 45 continúan bajo investigación.Meta encabeza la lista de territorios con más contagios, con 14.131 casos, seguido de Bolívar, con 9.704; Santander, con 7.488; Cesar, con 6.745, y Norte de Santander, con 6.094. Además, el Instituto Nacional de Salud identificó un aumento superior al 30 % de los contagios en 25 entidades territoriales, entre ellas Atlántico, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y Sucre.Ante este panorama, Silvana Zapata, integrante de la Asociación Colombiana de Epidemiología, hizo un llamado a fortalecer la vigilancia de la enfermedad y a trabajar desde los hogares para evitar la reproducción del mosquito transmisor. La experta recomendó mantener tapados los depósitos de agua, lavar los recipientes, limpiar canaletas y desagües, y eliminar cualquier elemento que pueda acumular agua, incluidos floreros y bebederos de mascotas.La especialista resumió estas medidas en cuatro acciones: lavar, tapar, voltear y eliminar los posibles criaderos. También recomendó utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas y proteger puertas y ventanas con mosquiteros.Por su parte, Mauricio Bernal, asesor médico de vacunas de Takeda Colombia, advirtió sobre la importancia de reconocer los signos de alarma, especialmente cuando la fiebre comienza a desaparecer, pues esto no significa necesariamente que la persona esté fuera de peligro.Entre las señales que requieren atención médica inmediata están el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, los sangrados, la somnolencia excesiva, la irritabilidad y las dificultades para respirar. También recomendó mantener una buena hidratación y evitar la automedicación. Según explicó, para controlar la fiebre y el dolor se debe preferir el acetaminofén y evitar medicamentos como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico, que pueden empeorar el cuadro.Los expertos coinciden en que la prevención del dengue requiere acciones conjuntas entre las autoridades sanitarias y la ciudadanía, especialmente en los departamentos donde se concentra el mayor número de contagios.
El Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos de la región Caribe. El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta y permite participar con números de una a cuatro cifras.Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 6 de noviembre de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Caribeña Día?El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.Los participantes pueden consultar el número ganador y comparar la información con los datos registrados en sus respectivos tiquetes.¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas:4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?El valor mínimo para jugar el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.El participante puede escoger la modalidad de apuesta y establecer el monto que desea jugar dentro de los valores establecidos.¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.Documentación básica:Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.Documento de identidad original.Copia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.
El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los apostadores pueden verificar los resultados oficiales.Resultado del Sinuano Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026El número ganador del chance Sinuano Día para este viernes 6 de noviembre de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si resultaron favorecidos.Cómo jugar el chance Sinuano DíaEl Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintos niveles de riesgo y estrategias de juego. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.Entre las modalidades más populares se encuentran:4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas opciones permiten que cada jugador elija entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.Requisitos para reclamar un premio del Sinuano DíaEl proceso para cobrar premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar algunos documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones de chance más utilizadas por los apostadores en Colombia.
El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, habló sobre la renovación por un año más del mandato de este organismo internacional, una decisión que, según aseguró, representa una muestra de confianza en la institución y ratifica el acompañamiento de la comunidad internacional a la construcción de paz en el país.La posición de Miroslav Jenča frente a las declaraciones del embajador Mauricio GaonaDurante su intervención, el jefe de la Misión de Verificación se refirió al pronunciamiento que realizó el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, durante la sesión del Consejo de Seguridad en la que señaló que “el acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”.“Yo tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces, y existe la mejor disposición de trabajar conjunto. Este, decididamente, es mi deseo. El embajador ha expresado la opinión del gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad. Respeto y tomo nota de la situación que presentó, tal como respeto las posiciones de todos los miembros del Consejo de Seguridad. La misión de verificación tiene la obligación de cumplir el mandato que emana del Consejo de Seguridad”, manifestó.En ese sentido, insistió en que la Misión tiene la obligación de cumplir las funciones establecidas por este organismo internacional, en el que participan los gobiernos de los países miembros.“En desarrollo de nuestra labor, somos imparciales, como lo demanda la Carta de las Naciones Unidas. Debemos honrar este principio. Entendemos que en el país hay polarización profunda y que en este marco existen diversas y también contrarias opiniones sobre el acuerdo de paz. Desde la misión pueden contar con que trabajaremos de la mano del gobierno, todas las instituciones del estado, los y las firmantes de paz, las víctimas, las comunidades, para acompañar los esfuerzos de construcción de paz”, agregó.Jenča considera que el proceso de paz ha sido un éxitoOtro de los puntos abordados por el jefe de la Misión fue su valoración sobre los resultados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC.Jenča sostuvo que, al evaluar los compromisos alcanzados, existen resultados que considera exitosos.“Dejación de armas, monitoreo de cese al fuego, retiro de los miembros de las FARC-EP desde los territorios bajo su control, se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito”, afirmó.Según explicó, actualmente más de 11.000 firmantes permanecen vinculados al proceso de paz, lo que representa más del 85 % de quienes suscribieron el acuerdo en 2016.“El hecho de que en el proceso de paz continúen más de 85% de los firmantes, es un éxito. Y nosotros queremos ver este éxito continuar”, sostuvo.Sin embargo, Jenča reconoció que la situación de seguridad del país presenta desafíos, especialmente por el crecimiento de otros grupos armadas ilegales.La relación con el Gobierno y los nuevos nombramientosEl jefe de la Misión también aseguró que desde el inicio de la administración del presidente Abelardo De La Espriella se han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno nacional para abordar la continuidad del trabajo de Naciones Unidas en Colombia.Según relató, incluso antes de la posesión presidencial mantuvo reuniones con Omar Bula, cuando este había sido designado ministro de Relaciones Exteriores.“Hemos tenido muy buena discusión con el gobierno, hemos encontrado entendimiento para la implementación del acuerdo de paz en los espacios que nos dio el consejo de seguridad”, manifestó.También se refirió a los recientes nombramientos de la consejera comisionada de Paz y de la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.“Yo no tengo la costumbre de pasar mensajes a gobierno, a los representantes del gobierno nuevos, en este caso, nuevas, mediante la prensa o la radio, los medios de comunicación masiva”, aseguró.El funcionario también se refirió al papel de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y mencionó la reciente aprobación de la Ley de Sometimiento, al señalar que “el tema de reincorporación va a llegar, pues, a la mesa más temprano o más tarde”, manifestó.Los cambios en el mandato de la Misión de VerificaciónJenča explicó que la nueva resolución introduce modificaciones en el mandato, atendiendo una solicitud presentada por el Gobierno colombiano.A partir de esta renovación, la Misión concentrará su trabajo en dos aspectos del Acuerdo Final de Paz: la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los excombatientes de las antiguas FARC-EP y las garantías de seguridad para los firmantes de paz, las comunidades y las organizaciones en los territorios.En consecuencia, la Reforma Rural Integral dejará de estar bajo la verificación de la Misión de Naciones Unidas. “La reforma rural integral deja de ser objeto de nuestra verificación, pero continúa siendo un punto esencial del acuerdo final, cuya implementación constituye un compromiso del estado colombiano, tal como lo expresó el señor ministro de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad”, explicó.Asimismo, indicó que el acompañamiento continuará en las regiones donde ya hacen presencia. “Con ello, apoyaremos decididamente a las entidades del estado, las y los firmantes, las comunidades, las víctimas, las autoridades locales, las organizaciones de mujeres y autoridades étnicas, entre otros. Seguiremos apoyando sus esfuerzos por la estabilización de los territorios a través del fortalecimiento de la presencia integral del estado y la consolidación de las bases para el desarrollo sostenible”, dijo el Jefe de la Misión.La Misión mantendrá su presencia territorial pese a los recortes presupuestalesFrente a la continuidad de las operaciones en Colombia, Miroslav Jenča confirmó que la Misión de Verificación mantendrá su despliegue territorial, conformado por 29 oficinas en 10 departamentos.“La presencia que tenemos nosotros en los territorios alejados, territorios afectados por la presencia del actor armado ilegal, esta presencia es clave también para la institucionalidad, tanto nacional como local y departamental, porque hemos estado allá 10 años”, afirmó.Jenča también se pronunció sobre los ajustes financieros que ha enfrentado la organización en medio del proceso de reforma de Naciones Unidas.Según explicó, estas medidas obligaron a reducir el presupuesto de la Misión en un 17% y su personal en más del 23%, lo que llevó a modificar su estructura operativa.“Estoy, pero absolutamente convencido que no podemos reducir de una manera substantiva el presupuesto o el personal, porque esto afectaría nuestra presencia territorial”, sostuvo.
El abogado de Angie Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, reveló que un análisis toxicológico practicado a una muestra de cabello de su defendida identificó la presencia de sustancias psicotrópicas. El resultado fue realizado por un laboratorio de España y entregado recientemente a la Fiscalía General de la Nación como nuevo elemento dentro de la investigación por el presunto intento de homicidio contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).En entrevista con Blu Radio, Ruiz confirmó que el informe técnico respalda la denuncia que Rodríguez ha sostenido sobre un supuesto intento de envenenamiento en su contra, además de las amenazas de muerte y los seguimientos que ha manifestado haber sufrido.“Se trata de un informe toxicológico realizado por un laboratorio de España, a partir de una muestra de cabello que le han tomado, el cual identificó la presencia de sustancias psicotrópicas”, explicó el abogado.El exministro agregó que el documento ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para que sea evaluado junto con los demás elementos probatorios. “Encontraron rastros de envenenamiento, y este resultado es importante porque respalda lo que la doctora Angie siempre ha dicho”, afirmó Ruiz durante la entrevista.Fiscalía deberá analizar los resultados del examen toxicológicoEl defensor señaló que esperan que la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, examine el informe del laboratorio europeo y determine su alcance dentro del proceso. También pidió que las investigaciones avancen con contundencia, independientemente de quiénes puedan estar detrás de los hechos denunciados.No obstante, durante la conversación, Ruiz reconoció que no conoce en profundidad los aspectos técnicos del dictamen y que no ha podido consultar con el anterior apoderado de Rodríguez, quien habría aportado inicialmente el documento y posteriormente renunció a su representación.Por otra parte, el abogado se refirió a las recientes publicaciones sobre una conversación entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, fechada el 12 de diciembre del año pasado, en la que, según lo divulgado, el mandatario habría enviado la hoja de vida de una modelo de entretenimiento para adultos y solicitado mantener su contrato en el Ministerio del Interior.Frente a este asunto, Ruiz aseguró que desconoce el contenido del chat y prefirió no emitir declaraciones al respecto.Finalmente, confirmó que Rodríguez continuará colaborando con la justicia y asistirá a las diligencias correspondientes. También agradeció las medidas de protección que, según indicó, recibió por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).“Ella está tranquila y, por supuesto, va a seguir aportando pruebas. Es una mujer valiente”, concluyó el abogado.
