Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, cuestionó el papel que ha desempeñado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que una parte mayoritaria de las sentencias relacionados con las Farc ya contaba con avances en la justicia ordinaria. En entrevista con Recap Blu, Gaviria afirmó que “el 90% de las sentencias o de las investigaciones supuestas que ha hecho la JEP estaban ya consolidadas en sentencias en la justicia ordinaria”.Las declaraciones se dieron en medio de la discusión por el presupuesto de la JEP para 2027 y de la propuesta de trasladar $100.000 millones de esa jurisdicción hacia la Rama Judicial. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez y cuenta con el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. Ante esto, Gaviria sostuvo que la reducción de recursos debe analizarse a la luz de los resultados obtenidos por el tribunal y señaló que, desde la perspectiva de las víctimas que representa, todavía existen cuestionamientos sobre verdad, justicia y reparación.La dirigente también cuestionó las sanciones restaurativas impuestas a antiguos integrantes del secretariado de las Farc y planteó que quienes no hayan cumplido con los compromisos de la justicia transicional deberían pasar a la justicia ordinaria.“Cuando usted no cumple las reglas de los beneficios que le da la justicia transicional, usted tiene que ir a la justicia ordinaria”, afirmó. Además, defendió que los procesos y testimonios que las víctimas ya han entregado puedan continuar en esa jurisdicción para evitar que los casos queden nuevamente sin respuesta.Reclutamiento de menores de edadUno de los puntos centrales de su intervención fue el reclutamiento de menores y otros hechos victimizantes atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc. Gaviria cuestionó que estos crímenes puedan ser respondidos únicamente mediante sanciones restaurativas y sostuvo que las víctimas reclaman penas privativas de la libertad para los máximos responsables. “Eso no tiene nombre y eso no tiene justicia”, expresó al referirse al reclutamiento de niños, antes de señalar que, desde su perspectiva, las víctimas estarían dispuestas a aceptar penas de entre ocho y diez años de prisión como una forma de obtener “una mínima justicia”.Finalmente, Gaviria aseguró que la Federación Colombiana de Víctimas continuará defendiendo que los casos que, según su posición, no han tenido suficiente esclarecimiento sean llevados ante otras instancias judiciales. También cuestionó que las víctimas no hayan recibido una reparación que considere suficiente y afirmó que la organización reúne a 225.000 víctimas de diferentes hechos y victimarios acreditados.
Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activará las sanciones para siete exintegrantes del secretariado de las Far, desde el lunes 21 de septiembre y hasta el 30 de agosto Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel cumplirán dicha sentencia con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito Huila.“Como comparecientes del Caso 01, iniciamos el cumplimiento de la sanción que nos ha sido impuesta a los miembros del último secretariado de las Farc, pero también con la presencia de comparecientes del antiguo Bloque Sur. No lo hacemos como quien salda una obligación”, dijeron en un comunicado los integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP.Desde el secretariado señalaron que dicha acción no es solo un trámite y que durante sus encuentros con las víctimas han aprendido que las palabras no son lo único que funciona para reparar los daños causados por la antigua guerrilla.“No venimos a decir que estas acciones cierran las heridas, venimos a decir que estamos abriendo un camino, con hechos, hacia una reparación que las víctimas y las comunidades merecen y que Colombia necesita”, añadieron.Asimismo, señalaron que cumplirán con las tareas establecidas por la JEP en el marco de este programa de justicia restaurativa con responsabilidad y respeto de cada una de las comunidades.“En un escenario complejo, como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación. Es por ello que hoy trabajamos codo a codo, con los comparecientes de la fuerza pública y algunos comparecientes del bloque sur”, señaló Rodrigo Londoño, antes conocido como 'Timochenko' y antiguo comandante de las Farc.Desde el último secretariado defendieron además el proceso de paz y señalaron que continuarán cumpliendo cada una de las partes de este proceso.“A ellas, las víctimas, le reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde”, dijo Londoño.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el marco del Caso 05, que investiga los hechos más graves ocurridos en esta región durante el conflicto armado. Este es el tercer auto de determinación de hechos y conductas dentro de este caso y el primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género.Los cinco antiguos integrantes de las Farc-EP fueron identificados con los nombres de guerra ‘Calixto’, ‘El Pija’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’.Según la Jurisdicción, fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, estructuras que tuvieron presencia en diferentes municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.La Sala les atribuyó responsabilidad por mando, por no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, investigar y sancionar los hechos.La investigación documentó 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra 35 víctimas: 30 pertenecían a la población civil y cinco eran integrantes de las Farc-EP.Entre los hechos documentados aparecen violaciones, otras formas de violencia sexual, abortos forzados y anticoncepción forzada contra mujeres y niñas reclutadas por la organización.La JEP también estableció hechos de persecución contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas, que incluyeron intimidaciones, amenazas, desplazamientos y violencia sexual.La Sala concluyó que estas conductas hicieron parte de un patrón criminal desarrollado en medio de la disputa por el control territorial y social de la región.Según la investigación, las niñas y mujeres reclutadas eran sometidas a métodos anticonceptivos contra su voluntad y, en caso de quedar embarazadas, podían ser obligadas a abortar y recibir sanciones.La JEP calificó los abortos forzados como crimen de guerra de tortura y la anticoncepción forzada como crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad personal.Ahora los cinco comparecientes tendrán 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para reconocer o no los hechos y conductas que les fueron atribuidos.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y se cumplen los requisitos establecidos por la JEP, la Sala podrá avanzar hacia una audiencia de reconocimiento y posteriormente emitir una resolución de conclusiones que podría llevar el caso al Tribunal para la Paz para la imposición de una sanción propia.En cambio, si no reconocen responsabilidad, los casos podrían ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Si posteriormente son declarados responsables en un juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, se pronunció sobre la discusión que avanza alrededor del presupuesto de la entidad y defendió la independencia del tribunal frente a las demás ramas del poder público.El magistrado Ramelli aseguró que la JEP está dispuesta a entregar explicaciones sobre su funcionamiento y a mantener abiertos los canales de diálogo, pero rechazó que esto implique rendir cuentas ante el Poder Ejecutivo.“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”, dijo. El magistrado sostuvo que exigirle a la JEP una rendición de cuentas ante otra rama del poder público sería contrario a la separación de poderes y a la independencia judicial. “No vamos a rendirle cuentas a ninguna rama del poder público”. Ramelli aclaró que esta posición no significa que la Jurisdicción se cierre al diálogo. Según explicó, la JEP puede explicar sus decisiones y entregar información a la ciudadanía y a la comunidad internacional, pero considera diferente que otra rama del Estado pretenda ejercer control sobre su actuación judicial.Además, frente al recorte presupuestal que se discute en las comisiones económicas, la Jurisdicción ha advertido que podría enfrentar un recorte total de hasta 185 mil millones de pesos y sostiene que el impacto de la reducción no se limitaría al funcionamiento administrativo del tribunal.El presidente de la JEP insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en los salarios de los magistrados o en las cifras del presupuesto. “Bajarle $185 mil millones, si eso no es una desfinanciación, no sé qué será, y eso va a dejar que la JEP quede inoperante. Es que esto no es sobre el sueldo de los magistrados, como lo han querido mostrar, que me parece bastante mezquino, además. Eso es un tema de las víctimas”, aseguró el magistrado. Según explicó, una reducción de los recursos podría afectar programas de protección para víctimas y testigos, la participación de las víctimas en las audiencias, los desplazamientos a los territorios y el funcionamiento de las sedes de la Jurisdicción.Asimismo, señaló que, a su juicio, las decisiones y avances de la JEP han permitido que víctimas que durante años no tuvieron respuesta judicial puedan participar en procesos de verdad y justicia.
El debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a tomar fuerza en Colombia por las críticas a sus resultados, las discusiones sobre su presupuesto y las posiciones políticas que plantean modificar o incluso eliminar esta institución. Para el analista Pedro Viveros, el escenario exige exigir eficiencia, pero sin desconocer las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.Durante una entrevista, Viveros sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en defender o cuestionar la existencia de la JEP, sino en establecer qué resultados ha producido y cuáles son los tiempos para resolver los casos que permanecen abiertos.“Me parece que está bien si quieren exigir resultados, también está bien, pero lo que no creo es que terminen eliminando la JEP, ahogándola sin recursos”, afirmó.La JEP fue creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo Final de 2016. Sus contenidos relacionados con el derecho internacional humanitario y derechos fundamentales tienen respaldo constitucional, mientras que el Estado tiene el deber de cumplir de buena fe con esos compromisos.La discusión por los resultados de la JEPViveros consideró legítimo que el Gobierno ejerza presión sobre la jurisdicción para acelerar sus resultados. Sin embargo, planteó que esa presión debería traducirse en metas concretas y no en una reducción de recursos que termine afectando su funcionamiento.“Lo que no pueden hacer, según el propio presidente, es pasarse por encima de la Constitución, y esto está consagrado en ella”, señaló el analista durante la conversación.La discusión ocurre mientras la JEP continúa avanzando en diferentes macrocasos. De acuerdo con cifras de la propia jurisdicción, con corte a enero de 2026 había 13.552 víctimas individuales acreditadas, 423 sujetos colectivos y 150 máximos responsables que habían reconocido responsabilidad y verdad plena.Uno de los principales hitos fue la sentencia contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por el caso de secuestros, emitida en septiembre de 2025. La JEP impuso sanciones propias de hasta ocho años de trabajos restaurativos, acompañadas de restricciones a libertades y derechos.Para Viveros, precisamente estos avances deberían ser complementados con un cronograma que permita a los colombianos conocer qué ocurrirá con los procesos pendientes.“Que la presión del Gobierno de quitarle recursos sirva para que la JEP presente un cronograma y le diga a Colombia: mire, nosotros vamos a hacer esto en este tiempo y vamos a entregar estos fallos”, manifestó.Uno de los puntos que el analista considera centrales es el papel de las víctimas dentro de la justicia transicional. En su opinión, más allá de la discusión política alrededor de la JEP, existe una necesidad de esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado.“Las víctimas no van a conocer ni siquiera qué pasó con las personas allegadas a ellos que merecen saber qué ocurrió en este conflicto y qué fue la justicia transicional que se aprobó”, sostuvo.En esa línea, Viveros puso como ejemplo el caso relacionado con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, investigación que también ha sido objeto de actuaciones dentro de la JEP. El analista señaló que una eventual reducción de recursos podría terminar afectando incluso a quienes cuestionan las decisiones de la jurisdicción y esperan respuestas de sus investigaciones.La JEP, además, mantiene abiertos varios macrocasos relacionados con hechos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, violencia territorial y crímenes contra diferentes poblaciones.“No pueden ahogar la JEP”El debate presupuestal adquirió una nueva dimensión en septiembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella defendió la discusión sobre los recursos de la jurisdicción y sostuvo que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos. Según la Presidencia, para 2027 la entidad solicitó $947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó $821.803 millones.Frente a esta discusión, Viveros insistió en que la exigencia de resultados no es incompatible con mantener funcionando la institución.“Me parece que la exigencia del Gobierno de presionar para que haya resultados no es mala”, afirmó, aunque inmediatamente planteó el límite que, a su juicio, debería tener esa presión: “Ojalá que esa presión no lleve a que ahoguen la JEP, sino que la pongan en cintura”.Para el analista, el cumplimiento del Acuerdo de Paz también tiene una dimensión relacionada con quienes dejaron las armas. Advirtió que incumplir compromisos previamente establecidos podría generar incentivos negativos para personas que abandonaron la lucha armada.“Sería como una especie de incentivo perverso para que terminen metiéndose a traquetear”, dijo Viveros.Así, el debate sobre la JEP continúa dividido entre quienes cuestionan la duración de sus procesos, sus costos y el alcance de sus decisiones, y quienes consideran que la justicia transicional requiere tiempo para esclarecer los crímenes del conflicto y garantizar verdad y reparación. Para Viveros, el punto de encuentro debería estar en la eficiencia: exigir resultados y transparencia, pero sin desconocer el marco constitucional dentro del cual funciona la jurisdicción.
El presidente Abelardo De La Espriella rechazó la carta enviada el pasado 18 de septiembre por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Penal Internacional (CPI). En el documento, el magistrado denunció una supuesta “asfixia presupuestal” por parte del Gobierno. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”.El presidente afirmó que fijar una posición del Gobierno y debatir el presupuesto general de la Nación en el Congreso no constituye una amenaza contra ningún juez, sino que es “la Constitución funcionando”. De La Espriella recordó que, desde 2018, la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos del erario. Según explicó, en 2025 se le asignaron 777.069 millones y en 2026 opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027, la jurisdicción habría solicitado 947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó De La Espriella.La carta, identificada con el número PRS-239-2026, fue enviada por el magistrado Ramelli a la ciudadanía y a la Fiscalía de la CPI. En ella, advirtió sobre una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP, que atribuyó a iniciativas legislativas y presupuestales que se tramitan en el Congreso. “Ello tendría consecuencias directas sobre las condiciones de seguridad de miles de personas vinculadas a los procesos que adelanta la JEP”, afirmó en la carta.El presidente sostuvo que su deber es preguntar qué se ha hecho con los recursos ya recibidos. Señaló que durante años se cuestionó a la JEP por la falta de sentencias y que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025. A su juicio, los resultados judiciales no corresponden con el tamaño de la estructura burocrática. Añadió que, solo en 2026, el costo estimado de la nómina fue de 404.477 millones de pesos.También se refirió a cifras difundidas en el debate público sobre el salario de Ramelli. Según el mandatario, pasó de cerca de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente de la JEP, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones desde su llegada a la magistratura. “Respeto la independencia judicial, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas”, sostuvo.De La Espriella exigió a la JEP explicar cómo planea y ejecuta sus recursos, cuáles son sus prioridades y por qué necesita más dinero en medio de las restricciones fiscales. Afirmó que cumplir el acuerdo de paz implica honrar a las víctimas, pero no aprobar automáticamente cualquier solicitud presupuestal ni financiar sin límites una estructura especial, en detrimento de la Rama Judicial ordinaria.Sobre este último punto, el presidente aseguró que la justicia ordinaria necesita con urgencia más recursos, debido a los millones de procesos represados, la congestión de los despachos, la infraestructura insuficiente y las limitaciones tecnológicas. Por eso, dijo que su prioridad será fortalecerla. “Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, expresó.Finalmente, el presidente De La Espriella negó que exista una política de venganza contra la JEP y reiteró que su deber es ordenar el gasto público y exigir resultados. “No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas”, concluyó.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un posible recorte de 185.000 millones de pesos en su presupuesto. Según su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, a los 85.000 millones que ya fueron reducidos podrían sumarse otros 100.000 millones, de acuerdo con una proposición presentada por el senador Enrique Gómez Martínez.Ramelli advirtió que la reducción afectaría programas de protección a víctimas y testigos, la participación de las víctimas en las audiencias y el funcionamiento de las sedes de la jurisdicción.“Entre recortar el presupuesto y cerrarla no es que exista mucha diferencia realmente”, afirmó el magistrado, quien explicó que con el recorte adicional la JEP tendría dificultades para asumir gastos como servicios públicos y el funcionamiento de los espacios donde atiende a víctimas y comparecientes.¿Qué impacto tendría el recorte en la JEP?El presidente de la JEP también respondió a los cuestionamientos sobre la cantidad de resultados obtenidos por la jurisdicción durante sus años de funcionamiento.Frente al señalamiento de que la entidad ha sido lenta y se convirtió en una estructura burocrática, Ramelli aseguró que el senador Enrique Gómez recibió una respuesta de más de 190 páginas a un derecho de petición sobre planta, presupuesto y resultados. “En las 190 páginas está explicado absolutamente todo”, sostuvo.Ramelli también cuestionó que se mida el trabajo de la JEP únicamente por las sentencias de los macrocasos. Aseguró que existen 3.618 decisiones con efecto de sentencia, entre ellas actuaciones de la Sección de Apelación, beneficios para integrantes de la fuerza pública, amnistías y renuncias a la acción penal.¿Cuándo comenzarán a cumplir las sanciones los antiguos integrantes de las FARC?Durante la entrevista, Ramelli explicó que las sanciones propias contra el antiguo secretariado de las FARC todavía no habían comenzado porque las decisiones fueron apeladas y posteriormente se presentaron solicitudes de aclaración por parte de víctimas y comparecientes.Según el magistrado, el cumplimiento comenzará una vez terminen las notificaciones correspondientes. “Esto no son meses, son días. Hay que surtir el debido proceso”, aseguró.Ramelli explicó que la Sección de Apelación determinó los lugares, horarios, actividades y mecanismos de monitoreo que deberán cumplir los antiguos integrantes del secretariado.El magistrado también sostuvo que la JEP no puede ser evaluada únicamente por las sentencias y afirmó que los macrocasos ya tienen imputaciones contra máximos responsables.¿Qué hará la JEP frente al posible recorte presupuestal?Ramelli anunció que la jurisdicción acudirá a instancias internacionales por la situación presupuestal.“Vamos a denunciar toda esta situación ante instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana, el relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y la Corte Penal Internacional”, afirmó.El objetivo, explicó, será buscar presión sobre el Estado colombiano para que cumpla el Acuerdo de Paz. Finalmente, al ser consultado por posibles fallas de la JEP, Ramelli reconoció una dificultad en la explicación del modelo a la sociedad. “Tal vez fallamos en explicar mucho más el modelo y cuáles son las consecuencias del modelo”, concluyó.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar respaldo a la independencia, autonomía y funcionamiento de la JEP.La misiva, con fecha del 18 de septiembre de 2026, advierte sobre dos iniciativas que actualmente cursan en el Congreso y que, según la Jurisdicción, podrían afectar sus capacidades institucionales.La primera propuesta, presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, contempla trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.Mientras que la segunda, liderada por el Centro Democrático y el senador Juan Fernando Caicedo, plantea una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.Frente al eventual recorte presupuestal, Ramelli señala que este tendría un impacto sobre los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría, según la carta, a cerca del 62 % de los recursos previstos para ese concepto en el proyecto de presupuesto.La JEP también advierte que ya tiene una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos. Según el documento, un nuevo recorte comprometería, entre otros aspectos, los recursos destinados al sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.En particular, Ramelli señala que están previstos 62.478 millones de pesos para convenios con la Unidad Nacional de Protección y otros 29.362 millones para el funcionamiento de sus sedes, incluidos arriendos, servicios públicos y mantenimiento.La carta también advierte sobre una posible afectación de más del 40 % de los recursos destinados al centro de datos y a la interoperabilidad del sistema judicial, aspectos relacionados con la seguridad de la información y la operación digital de los procesos de la JEP.Sobre la segunda iniciativa, Ramelli sostiene que una revisión automática de las sentencias de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar modificaría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz y, según la Jurisdicción, afectaría su autonomía e independencia.En ese contexto, el presidente de la JEP pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar nota de la situación, valorar sus implicaciones frente al Acuerdo de Cooperación firmado entre Colombia y esa instancia en 2021 y reforzar las líneas de comunicación con el Gobierno y la Jurisdicción.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó sin efectos la condena que, en 2009, impuso a Javier de Jesús Cadavid Palacio por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito de particulares, relacionados con una cuenta bancaria utilizada para recibir pagos atribuidos al Frente 47 de las Farc-EP.El comerciante era propietario de la Distribuidora Venus, en Puerto Venus, corregimiento de Nariño, Antioquia, una zona del Oriente lejano fuertemente golpeada por la violencia. Debido a las dificultades para transportar dinero, creó un sistema informal de remesas mediante consignaciones a una cuenta de HyR Distribuciones, para entregar efectivo a los familiares de habitantes de la zona. Sin embargo, según la investigación, alias 'Rojas' utilizó ese mecanismo para recibir recursos de extorsiones y enviaba a terceros a reclamar el dinero. La condena original relacionó el sistema con 64 millones de pesos denunciados por víctimas de Aguadas y Pácora.Tras escuchar a exintegrantes de las extintas Farc-EP, revisar informes y valorar nuevamente las pruebas, la JEP concluyó que Cadavid no perteneció ni colaboró con esa guerrilla y que desconocía el uso ilícito de su sistema. Además, los excombatientes señalaron que el comerciante había sido víctima de desplazamiento, saqueos y un intento de secuestro contra uno de sus hijos. Ana María Gallego, su abogada, afirmó en diálogo con BLU Radio que fueron revisados los testimonios de varios exjefes guerrilleros que negaron tener relación con Cadavid. Según la sentencia estos fueron Jesús Mario Arenas Rojas, alias Marcos; Hernán Gutiérrez Villada, alias Kadafi, quien fue comandante del Frente 47 y Rubén Darío Ortiz Giraldo, alias Moncholo, integrante de la dirección del Frente 47."Los tres coinciden en negar que el señor tuviera algún tipo de relación con las FARC. Es más, todo lo contrario, Javier había sido víctima de las Farc. La desplazamiento de hurto de de sus mercancías en, tanto en carretera como en en un saqueo. En la toma de arboleda, Javier tenía también una tienda de barrotes ahí, y la saquearon en esa toma", destacó.Tras pasar 12 años y medio privado de la libertad injustamente, el comerciante ahora busca recuperar su buen nombre."A mí me parece muy interesante debate jurídico que se da sobre el tema de de la responsabilidad. Eso en palabras más simples es como, te vamos a condenar por un delito menor o vamos a como adecuar el fallo más a la realidad. No, a él lo terminan absolviendo completamente porque se considera que no hay ningún ninguna relevancia penal en las acciones de Javier, entonces no había nada más que la absolución", explicó.La Subsección Quinta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz determinó que sus actuaciones no tuvieron relevancia penal y lo absolvió completamente. La sentencia, emitida el 16 de septiembre de 2026, es de primera instancia y puede ser apelada por parte de las víctimas de extorsión.
Las autoridades arrestaron a un ciudadano colombiano acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para extorsionar a un trabajador de un camión de comida, según anunció este martes la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.El sospechoso, identificado como Jonathan Christian González Reyes, "ha sido acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del ICE para supuestamente amenazar y extorsionar a un empleado de un camión de comida en Miami Gardens", informó el fiscal federal de este distrito, Reding Quiñones, en la red social X. "El acusado supuestamente utilizó luces policiales y una sirena, afirmó que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero, blandió un arma de fuego y amenazó a la víctima y a su hijo", agregó el funcionario.De acuerdo con la Fiscalía, el acusado amenazó con colocar sustancias ilícitas en el negocio para provocar su clausura y apuntó con un arma de fuego al hijo de la víctima. Al no lograr que cedieran a sus demandas, huyó del lugar tras activar una sirena policial en su automóvil.González Reyes enfrenta hasta tres años de prisión por un cargo de suplantación de identidad de un funcionario de los Estados Unidos.Quiñones explicó que hacerse pasar por un oficial federal "para intimidar o explotar a otros es un delito federal", y advirtió de consecuencias similares para aquellos "que abusen de la autoridad y la reputación de las fuerzas del orden para beneficio personal"
Cambiar de colegio implica revisar aspectos que van más allá del calendario académico. Las familias suelen analizar la calidad educativa, el nivel de inglés, las metodologías de enseñanza, el bienestar del estudiante y las oportunidades que puede tener a lo largo de su formación.En Colombia existen dos calendarios escolares. El calendario A inicia usualmente entre enero y febrero y termina hacia noviembre, mientras que el calendario B comienza en agosto o septiembre y finaliza alrededor de junio. Esta diferencia puede ser relevante para las familias que buscan una educación bilingüe o con orientación internacional para sus hijos.Por lo tanto, para quienes están buscando pasar del calendario A al B, septiembre y octubre pueden ser un momento para conocer instituciones, revisar las condiciones de ingreso y analizar si el cambio se ajusta al proceso académico del estudiante.¿Por qué septiembre y octubre son meses recomendados para cambiar de colegio?Luisa Fernanda Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena, explica que el calendario escolar no determina por sí mismo la calidad que puede tener una institución. Sin embargo, puede ser un factor para las familias que buscan programas bilingües, internacionales y opciones de movilidad académica.“El calendario por sí solo no hace que un colegio sea mejor que otro. Lo importante es entender qué propuesta educativa existe detrás y qué oportunidades abre para el estudiante”, señala la directiva.El calendario B coincide con los ciclos académicos de diferentes sistemas educativos internacionales y es utilizado por colegios privados bilingües e internacionales en Colombia. Esta coincidencia puede facilitar procesos de traslado de familias que contemplan vivir en otra ciudad o país, así como intercambios académicos.¿Qué debe revisar antes de pasar del calendario A al B?El cambio requiere analizar el grado que cursa el estudiante, los contenidos desarrollados y las posibles diferencias entre los modelos educativos. En instituciones bilingües también es necesario conocer el nivel de inglés con el que llega el estudiante.La transición debe hacerse de manera individual, identificando posibles diferencias académicas y los apoyos que pueda requerir el estudiante para adaptarse al nuevo ciclo. También está el componente socioemocional, pues el cambio implica integrarse a nuevos compañeros, docentes, metodologías y, especialmente, rutinas.Por eso, antes de elegir, las familias pueden preguntar qué nivel de inglés alcanzan los estudiantes, cómo se mide, qué porcentaje de la formación se desarrolla en ese idioma, qué certificaciones internacionales ofrece el colegio y cuáles son sus posibilidades de intercambio.¿Qué ventajas tiene evaluar el cambio de colegio con anticipación?Septiembre y octubre permiten conocer opciones de calendario B mientras estas instituciones desarrollan su nuevo año académico. Esto da margen para consultar las condiciones de ingreso, revisar equivalencias académicas y establecer un posible cronograma de transición.“Septiembre y octubre son un buen momento para conocer opciones, hacer preguntas y entender cómo sería una eventual transición”, afirma Guzmán.La decisión, sin embargo, no debería centrarse únicamente en cambiar las fechas del año escolar. También debe considerar la propuesta educativa, el acompañamiento durante el proceso y las necesidades académicas y personales del estudiante.
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su amplia cobertura en ciudades y municipios del país, junto con un atractivo plan de premios, lo convierten en una de las modalidades de chance más populares para quienes desean conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 22 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 22 de septiembre de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
El avance de las llamas en el departamento de Boyacá mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro. Las emergencias avanzan hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y el municipio de Chíquiza, afectando áreas de bosque nativo primario y comunidades campesinas de la región.En entrevista con Mañanas Blu, Javier de la Cuadra, rescatista y voluntario en la zona de las conflagraciones, cuestionó la oportunidad con la que las autoridades reaccionaron para atender el fuego que se originó cerca del casco urbano de Villa de Leyva."No hubo acción rápida. Ya cual sea la causa, no hubo acción rápida", afirmó De la Cuadra, quien agregó que si el apoyo de helicópteros hubiese llegado entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. de ese mismo día, la situación actual sería "mucho menos complicada".El rescatista comparó la atención de este desastre con otros eventos del país. "Lo mismo pasó en el Tolima, la acción rápida aérea fue muy lenta", sostuvo. Según su relato, los helicópteros arribaron a la zona el domingo, cuando el fuego ya se había propagado hacia la parte alta de la montaña.Sobre el estado actual de los frentes de fuego, De la Cuadra advirtió que dos focos de gran magnitud amenazan con unirse en las cumbres. Mientras uno avanza por el municipio de Chíquiza, el otro impacta de forma directa el Santuario de Iguaque, un ecosistema estratégico de bosque nativo.El voluntario explicó que la situación operacional es difícil por las condiciones topográficas del terreno, las cuales complican las labores del personal en tierra. "Ayer un bombero quedó atrapado, tocó rescatarlo. Es una zona de riesgo", detalló el socorrista.A estas dificultades geográficas se suman las condiciones meteorológicas del sector, caracterizadas por fuertes ráfagas. En la plaza central de Villa de Leyva se registra caída permanente de ceniza y se divisa la columna de humo en la montaña. "En la medida que va entrando el día, y sobre todo al atardecer, 3, 4 de la tarde, el viento pues ya hace lo suyo", señaló.Frente a la respuesta del Estado, De la Cuadra hizo un llamado directo al Gobierno nacional para fortalecer la capacidad logística en esta clase de emergencias forestales mediante más unidades aéreas o cooperación internacional."Se necesitan más, en este momento se necesita más fuerza aérea disponible con capacidad de apagar incendios", concluyó. De igual forma, resaltó que "en los incendios forestales los primeros que trabajan siempre son los campesinos", por lo que valoró la articulación comunitaria que se ha generado para intentar contener la conflagración.
Independiente Santa Fe atraviesa horas de incertidumbre antes de disputar la final de la Liga Femenina contra Deportivo Cali, luego de que el Estadio Nemesio Camacho El Campín no fuera habilitado para el partido de ida.El encuentro está programado para este miércoles 23 de septiembre y el club bogotano cuestionó públicamente la manera en que se ha manejado la disponibilidad del escenario, que históricamente ha sido su casa.En un comunicado publicado este martes, Santa Fe manifestó su preocupación por la programación de El Campín y señaló que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá no deberían ser considerados una actividad secundaria dentro de la agenda del estadio.La institución reconoció que se trata de un escenario multipropósito y que respeta la realización de conciertos y otros eventos. Sin embargo, puso el foco en la planeación de las actividades cuando estas coinciden con compromisos deportivos previamente establecidos.¿Por qué Santa Fe cuestiona la disponibilidad de El Campín?De acuerdo con el comunicado, el marco contractual establece que el concesionario debe realizar su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y, cuando existe un conflicto de fechas, revisar los calendarios de DIMAYOR y CONMEBOL, además de notificar oportunamente al club y coordinar las alternativas.Santa Fe sostuvo que esa obligación no se cumplió de manera adecuada, pues aseguró que no recibió oportunamente la comunicación necesaria para gestionar la situación con anticipación.El club también señaló que, desde la confirmación de los cuadrangulares de la Liga Femenina, era altamente probable que uno de los equipos de Bogotá llegara a la final. Esa posibilidad aumentó cuando se confirmó la semifinal entre Santa Fe y Millonarios.Por ello, la institución consideró que resultaba difícil de prever que solo hasta el 21 de septiembre se informara sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarían en la cancha de El Campín.¿Dónde jugaría Santa Fe la final ante Deportivo Cali?La sede del partido de ida todavía estaba pendiente de confirmación en el momento de la comunicación del club.El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había explicado en entrevista con Win Sports que el equipo analizaba la posibilidad de trasladar el encuentro a Tunja, debido a que no contaba con El Campín.“Muy seguramente nos iremos para Tunja a jugarla, no tenemos estadio”, dijo Méndez, al explicar que el club adelantaba los trámites para conseguir la habilitación del escenario.El IDRD, por su parte, informó que el estadio de Techo está disponible para recibir la final femenina.
