La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los mensajes que estigmatizan o ponen en riesgo a quienes comparecen ante este tribunal y han asumido compromisos con la verdad, la reparación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado.Por medio de un comunicado, la JEP advirtió que este tipo de señalamientos no solamente afectan la seguridad de los comparecientes, sino que también “silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido” y limitan los avances en los procesos de rendición de cuentas.El pronunciamiento, respaldado por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, enfatiza que quienes han decidido someterse a este sistema de justicia deben poder continuar aportando a la verdad “sin miedo y con garantías”. Según la entidad, estos aportes son fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y avanzar en la reparación integral de las víctimas.La JEP insistió en que garantizar las condiciones de seguridad para quienes contribuyen al esclarecimiento es clave para proteger los derechos de las víctimas, fortalecer la justicia restaurativa y avanzar en las garantías de no repetición. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas que prevengan riesgos y aseguren la continuidad de los procesos judiciales reparativos.Asimismo, convocó a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a respaldar estos avances, al advertir que cualquier amenaza o estigmatización puede convertirse en una barrera para el acceso a la justicia y la construcción de paz.Este pronunciamiento se conoce en medio de recientes cuestionamientos al sistema de justicia transicional y luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestara su intención de eliminar la JEP. Frente a este panorama, el tribunal reiteró la importancia de proteger a quienes participan en estos procesos como una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.
La posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió el debate sobre el futuro de este mecanismo de justicia transicional. En entrevista con El Radar, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la jurisdicción tiene un respaldo constitucional e internacional que hace inviable su eliminación mediante decisiones administrativas o decretos, y advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte presupuestal.Ramelli recordó que la JEP nació del Acuerdo de Paz con las extintas FARC y que posteriormente fue incorporada a la Constitución mediante un acto legislativo revisado por la Corte Constitucional. En ese sentido, afirmó que "la Corte determinó que la estructura y el funcionamiento de la JEP era conforme con todos los estándares internacionales" y explicó que modificar ese esquema requeriría una reforma constitucional.Recortes presupuestales y derechos de las víctimasFrente a un eventual ajuste en el presupuesto de la JEP, el magistrado señaló que el impacto dependería de la magnitud de la reducción, pero insistió en que una desfinanciación tendría efectos tanto en el funcionamiento de la jurisdicción como en la ejecución de las sanciones restaurativas."Lo más grave es la afectación de los derechos de las víctimas, porque finalmente ¿quiénes pierden con todo esto? Pues las víctimas", afirmó Ramelli. Agregó que una disminución de recursos también podría significar el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la Corte Penal Internacional.La defensa de las sanciones restaurativasDurante la entrevista, Ramelli respondió a las críticas sobre las sanciones propias de la JEP y explicó que estas aplican tanto para exintegrantes de las FARC como para miembros de la fuerza pública que comparecen ante la jurisdicción.Según indicó, el modelo fue diseñado como una alternativa entre la amnistía total y la imposición de largas penas de prisión, con el objetivo de hacer viable el proceso de paz. Precisó que quienes acceden a estas sanciones deben cumplir requisitos como aportar verdad, reconocer responsabilidad y desarrollar trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas."Si usted no dice la verdad, pues no se va por ahí", enfatizó. Asimismo, aclaró que, aunque las sanciones no implican reclusión en una cárcel, sí contemplan restricciones de la libertad, horarios definidos, monitoreo permanente y seguimiento internacional.Respuesta a los cuestionamientos sobre imparcialidadAl referirse a las críticas de quienes consideran que la JEP ha sido más benévola con los excombatientes de las FARC que con integrantes de la fuerza pública, Ramelli rechazó esa interpretación."Yo sí creo que esa afirmación realmente es un poco ligera", sostuvo, al asegurar que la jurisdicción no ha actuado con indulgencia frente a la antigua guerrilla y que las decisiones adoptadas responden al marco establecido en el Acuerdo de Paz y a los criterios jurídicos que rigen la justicia transicional.Escuche la entrevista completa acá:
Las madres de los 38 soldados asesinados durante la masacre de Gutiérrez, en Cundinamarca, entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un nuevo material probatorio que, aseguran, puede aportar al esclarecimiento de lo ocurrido durante la incursión guerrillera del 8 de julio de 1999. Se trata del testimonio de una exintegrante de las extintas FARC-EP que participó en el ataque.Según las familias, el video fue conservado por más de 25 años y recoge la declaración de la excombatiente sobre las órdenes impartidas por el Bloque Oriental de las FARC, entonces comandado por Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña'. En su relato, asegura que la instrucción no era capturar a los soldados ni limitarse al enfrentamiento armado, sino aniquilarlos.La exguerrillera afirmó que la orden de alias 'Romaña' era no llevar prisioneros. "La orden de Romaña era matarlos porque no se podían llevar prisioneros, por medidas de seguridad para nosotros mismos y porque era muy jodido llevarlos hasta el páramo (...) por el clima y porque los desplazamientos serían muy lentos", aseguró.En el mismo testimonio también respondió a una pregunta sobre por qué varios de los cuerpos fueron encontrados con tiros de gracia. "Los soldados no se entregaron, pero finalmente la guerrilla los encerró y ordenaron que los fusilaran", dijo.La masacre dejó 38 militares muertos, la mayoría jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio. El ataque fue ejecutado por cerca de 500 integrantes de las FARC-EP contra una base militar defendida por menos de 60 soldados, en uno de los episodios más graves del conflicto armado en Cundinamarca.Aunque en 2014 el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por las fallas en la planeación militar que dejaron en riesgo a los uniformados durante la incursión, las familias sostienen que la búsqueda de verdad y justicia sigue incompleta. Por eso, esperan que este nuevo testimonio sea incorporado al proceso que adelanta la JEP."Eso fue un crimen muy atroz. Yo los vi en las carpetas de los expedientes, vi cómo quedaron ellos. Que la JEP se haga responsable de eso. Hay muchos testigos, hay documentos para comprobar el crimen y la masacre que cometieron allá", afirmó Leonor Trujillo, madre del soldado Jorge Enrique Trujillo.Las madres y los sobrevivientes también dijeron que adelantan su proceso de acreditación como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz para participar en las actuaciones judiciales relacionadas con la masacre.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, radicó una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, con el objetivo de concertar un espacio de diálogo. La iniciativa surge tras los diversos cuestionamientos públicos que el mandatario entrante ha realizado hacia la efectividad del tribunal transicional y la naturaleza de sus sanciones.Durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio, el magistrado Ramelli expuso los argumentos institucionales y constitucionales que sustentan las decisiones de la JEP, detalló los avances en materia de investigación penal contra los antiguos miembros de las Farc y la fuerza pública, y diferenció los logros medibles de aquellos impactos sociales inmateriales derivados del proceso de paz.El blindaje legal e internacional de la justicia transicionalAnte las críticas del Gobierno electo y las dudas del sector político sobre la continuidad del tribunal de paz, el presidente de la JEP enfatizó que la institución cuenta con un soporte normativo sólido que impide su desarticulación unilateral. Ramelli recordó que la jurisdicción se derivó de un marco constitucional refrendado por los altos tribunales colombianos y que goza de un estricto seguimiento por parte de organismos multilaterales.El magistrado también destacó el respaldo de la comunidad internacional hacia el modelo de justicia transicional en el país, mencionando los pronunciamientos recientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y el acuerdo de cooperación e interlocución suscrito en 2021 con la Corte Penal Internacional.¿Cuáles son los resultados de la JEP?Uno de los puntos centrales de la misiva enviada a De La Espriella es la categorización de los resultados de la JEP en aspectos "tangibles" e "intangibles". Según la explicación del magistrado, el análisis de la gestión no puede limitarse de forma exclusiva a una contabilidad de sentencias judiciales, sino que debe integrar componentes cualitativos como la reconciliación y la verdad judicial descubierta.Acompañamiento psicosocialRespecto a las dudas sobre por qué la atención a las víctimas se cataloga en ocasiones dentro de los logros inmateriales de la entidad, Ramelli aclaró que, si bien la cantidad de personas atendidas es una cifra medible, el impacto real radica en la preparación emocional para afrontar los procesos judiciales frente a sus victimarios.“Yo lo coloqué como un intangible, es digamos el alivio, si se quiere explicar mejor, el alivio que sienten las familias por tener un acompañamiento psicosocial, cierto, que no es fácil”, dijo. El funcionario añadió que los equipos técnicos del tribunal realizan labores de preparación durante meses con el fin de evitar la revictimización en el marco de las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad.La defensa de las investigaciones a la antigua guerrillaEl magistrado Ramelli respondió de manera detallada a las percepciones de un sector de la ciudadanía y del nuevo Gobierno que señalan una supuesta ineficacia o laxitud en las sanciones impuestas a los comparecientes de las Farc. Al comparar el estado de los procesos que recibió la JEP con las investigaciones actuales, el presidente del tribunal afirmó que la justicia ordinaria entregó expedientes desarticulados, sentencias emitidas en ausencia y escasa trazabilidad de los mandos medios de la organización insurgente.“Si usted toma el secretariado de las Farc, ¿qué fue lo que recibimos nosotros de la justicia tradicional? Nosotros recibimos unas condenas en ausencia, sí, que realmente no hay una mayor investigación, porque si acaso se investiga el autor material. Pero no se investigaba a fondo al secretariado, tampoco se habían investigado los mandos medios, y eran sentencias que nunca se cumplieron”, aclaró.De acuerdo con el balance entregado, la Fiscalía General de la Nación solía procesar penalmente a los autores materiales directos de los delitos o al secretariado general, omitiendo la cadena de mando intermedia. Ramelli puntualizó: “Si hay una entidad que ha investigado a fondo las Farc, hemos sido nosotros”. La JEP actualmente procesa a mandos medios, comandantes de bloques, frentes y miembros de los estados mayores por un catálogo de 13 crímenes internacionales adicionales a los secuestros y reclutamientos.Otorgamiento de permisos de salida del país a comparecientesFrente a los cuestionamientos por la autorización de viajes al exterior a exmiembros del secretariado de las Farc que ya han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra —como el caso de Rodrigo Londoño para asistir a eventos políticos en España—, el presidente de la JEP subrayó que estas decisiones corresponden estrictamente al cumplimiento de la ley penal y no a criterios de discrecionalidad judicial.Explicó que la Ley 1820 establece los requisitos objetivos que los comparecientes deben cumplir para acceder a este tipo de autorizaciones. El magistrado enfatizó que la norma se aplica de forma idéntica a todos los actores del conflicto sometidos ante la jurisdicción, incluidos los miembros de la fuerza pública y los terceros civiles.Finalmente, Ramelli indicó que los beneficios o permisos otorgados se dan bajo la vigencia de procesos que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada de cierre, debido a que las sanciones definitivas se encontraban suspendidas temporalmente mientras se surtían todas las etapas del debido proceso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) invitó formalmente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a una reunión institucional con el propósito de presentar los principales resultados alcanzados por el tribunal y dialogar sobre los retos que enfrenta en el cumplimiento de su mandato constitucional.En la carta, firmada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, la jurisdicción señala que el encuentro busca exponer los resultados "tangibles", entre ellos sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, amnistías, atención a víctimas y asesoría jurídica a comparecientes. También pretende presentar los resultados "intangibles", como las verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios y la seguridad jurídica para los comparecientes.Según el documento, la reunión también permitiría dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta la jurisdicción, especialmente la financiación de las sentencias impuestas por más de 21.000 secuestros atribuidos a integrantes del último Secretariado de las Farc y contra 12 exintegrantes de la fuerza pública por 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Cesar.La jurisdicción asegura que el encuentro "representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional" y propiciar un intercambio de información que contribuya a la preservación de las instituciones, al cumplimiento efectivo del Acuerdo Final de Paz y a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, "siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial", afirmaron. Asimismo, plantea identificar mecanismos de coordinación y cooperación para fortalecer la garantía de los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad colombiana.Finalmente, la JEP solicitó al presidente y al vicepresidente electos informar la fecha, hora y lugar que consideren convenientes para realizar el encuentro, al considerar que este intercambio contribuirá al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la seguridad jurídica de más de 17.000 comparecientes y la garantía de los derechos de más de 15.000 víctimas acreditadas individualmente y 439 sujetos colectivos.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que ese tribunal no ha solicitado una prórroga de su mandato constitucional y afirmó que la jurisdicción avanza dentro de los tiempos establecidos para culminar las investigaciones de los macrocasos tras críticas del nuevo Gobierno del Presidente electo Abelardo De La Espriella.El magistrado Ramelli se refirió a la posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios sobre la continuidad de la JEP. El magistrado recordó que la Constitución fijó un periodo de funcionamiento de 15 años para la jurisdicción, con la posibilidad de extenderlo únicamente para culminar los juicios, si así lo determina el Congreso.“Nosotros, por constitución, tenemos 15 años, llevamos 8. Lo que establece la Constitución es que eventualmente se pueden ampliar a 20 para terminar los juicios, pero nosotros nunca hemos pedido ninguna prórroga”, afirmó.El presidente de la JEP explicó que la jurisdicción tampoco ha solicitado tiempo adicional para avanzar en las investigaciones de los macrocasos. “Pero es que nosotros nunca hemos pedido plazos para emplear los macrocasos. Nosotros estamos terminando ya la fase de investigación de los macrocasos dentro de la Constitución y la ley vigente. Lo que dice la Constitución es que eventualmente el Congreso de la República pueda ampliarlo, no para seguir las investigaciones, sino para terminar los juicios. Pero eso es un debate que no necesariamente tiene que darse ahora”, señaló.Ramelli también respondió a las críticas formuladas por el presidente electo, quien ha calificado a la JEP como un “disfraz” para la impunidad. Frente a esas afirmaciones, el magistrado defendió los resultados alcanzados por la jurisdicción.“Yo no comparto esa afirmación sencillamente porque hemos dado unos resultados que nunca se han dado en Colombia. Entonces, pues, impunidad es lo que había, y lo digo claramente. A pesar de los esfuerzos de la justicia ordinaria, los índices de impunidad en Colombia eran muy altos. No habían imputaciones, por ejemplo, por violencia sexual, cometido por la antigua guerrilla de las Farc, ni tampoco por 21.000 secuestros, ni tampoco todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, nosotros en temas, digamos, de investigación, hemos llegado mucho más lejos de lo que la justicia ordinaria llegó alguna vez en Colombia, apoyándonos en lo que ellos hicieron”, manifestó.Durante la entrevista, el presidente de la JEP también se pronunció sobre las declaraciones del presidente electo respecto al último comandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, a quien ha considerado que debería permanecer en prisión de por vida.Sobre ese punto, Ramelli explicó que el régimen de sanciones previsto en el Acuerdo Final de Paz aplica tanto para exintegrantes de las Farc como para miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la jurisdicción. “Lo que está en el acuerdo de paz es que aquellos comparecientes, tanto de las FARC como de la fuerza pública, es que esto también es para la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad, tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces, el tema no solamente es para la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública. Y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública. Entonces, el mensaje sería para todo el mundo”, concluyó.
Ha pasado casi una década desde la firma del acuerdo del Teatro Colón, que produjo la desmovilización de más de nueve mil guerrilleros de las Farc en medio de una controversia de tal magnitud, que diez años después, el gobierno electo de Abelardo De La Espriella ha revivido viejas heridas relacionadas con las penas alternativas para los máximos cabecillas de ese grupo criminal, consideradas como muestra de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, sumado a las duras críticas a la Jurisdicción Especial de Paz.La situación ha llegado a tal punto, que el presidente electo publicó un mensaje en sus redes sociales en la tarde de este martes, con un afiche con los rostros de los excabecillas de las Farc, Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino entre otros, con un mensaje que dice “sus víctimas siguen impunes” y con un nuevo mensaje en tono de advertencia: “no hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación. No habrá perdón ni olvido”.Ese mensaje estuvo antecedido por una gran controversia en torno a la situación del presidente del partido Comunes y exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño Timochenko, quien regresó al país el sábado pasado tras haber permanecido durante varios días en España, participando de un encuentro político, con permiso de la JEP, a pesar de que ya pesa en su contra una sanción propia por los miles de secuestros cometidos por las extintas Farc.El tema de fondo, más allá del contenido político de las declaraciones del presidente electo sobre las Farc y la JEP, que están cumpliendo con lo que prometió en campaña, está la pregunta de hasta dónde y cómo podría eventualmente el gobierno de Abelardo De La Espriella, derogar el acuerdo de paz con las Farc, que tiene rango constitucional y fue en su momento avalado por la Comunidad Internacional.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, propuso un diálogo con el gobierno entrante para buscar la mejor manera de coordinar acciones y buscar solucionar los problemas que han identificado quienes conforman el nuevo ejecutivo a partir del próximo 7 de agosto, además recordó el blindaje constitucional y por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano de Derechos Humanos al acuerdo del Teatro Colón.Hay un asunto que por cuenta de la atención que se le ha dado al tema Timochenko, ha pasado a un segundo plano pero que también es serio: el cierre de la consejería presidencial para los Derechos Humanos por parte del gobierno entrante implica el fin de una tradición que incluso ha estado presente durante los 8 años de mandato de Álvaro Uribe, sumado al final de la figura del Comisionado de Paz, ante la cual queda una gran duda sobre quién será el encargado de gestionar ordenadamente el desenlace de cada uno de los procesos de paz que viene adelantando el gobierno Petro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un ataque con un dron contra una unidad de Policía en el municipio de Porce, Antioquia. El hecho fue registrado en un video en el cual se ve un dron sobrevolando sobre un inmueble y luego explota.El video tiene símbolos en letras alusivas al frente 36 de las Farc que lidera alias ‘Calarcá’.Rendón aseguró que ningún militar resultó lesionado durante el ataque que se cometió a plena luz del día, según las imágenes.El gobernador calificó el hecho como una “provocación al nuevo Gobierno” y señaló que las Fuerzas Militares cuentan con aeronaves como los aviones Super Tucano y los helicópteros Black Hawk-Arpía para enfrentar a los grupos armados. Afirma que estas capacidades militares deben ser utilizadas contra las organizaciones criminales y cuestionó las políticas de la administración del expresidente Gustavo Petro frente a estos grupos.“Ya se les fue Petro, que los trató como angelitos”, afirmó Rendón, al tiempo que sostuvo que las autoridades deberán actuar “con toda la fuerza de la ley y de la justicia” frente a este tipo de ataques.
Una decena de explosiones se escuchó en la capital de Ucrania la madrugada de este sábado, informó un periodista de la AFP tras una alerta por misiles balísticos y el reporte de tres muertos en la región de Kiev por ataques rusos.La administración militar de la capital había pedido poco antes a los habitantes que se dirigieran a los refugios tras activarse una "alerta aérea debido al uso de misiles balísticos".Esa misma noche, el jefe de la administración militar de la región, Timor Tkatchenko, informó de ataques rusos que causaron tres muertos, entre ellos un niño, en los alrededores del noreste de Kiev.Más de cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los ataques se han intensificado a ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.El miércoles, al menos 17 personas fallecieron en bombardeos nocturnos rusos contra Kiev y su región.La defensa antiaérea ucraniana no pudo derribar ningún misil debido a la falta de interceptores, que el presidente Volodimir Zelenski pide a sus aliados occidentales que le proporcionen.El mandatario ucraniano, quien ha intensificado sus viajes al extranjero para consolidar el apoyo internacional a su país, llegó el viernes por la noche a Serbia para su primera visita a ese aliado tradicional de Moscú desde el estallido del conflicto.El sábado se reunirá con su homólogo Aleksandar Vucic para hablar sobre la economía y "cuestiones de seguridad".A finales de julio, Zelenski viajó a Washington para reunirse con Donald Trump e intentar obtener sistemas de defensa Patriot, ya que estos son los únicos capaces de interceptar los misiles rusos más avanzados.Según el diario Financial Times, Trump rechazó esta solicitud debido a la escasez de esos interceptores en los inventarios de Washington desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.Este nuevo ataque ruso contra Kiev se produjo, además, mientras los senadores estadounidenses aprobaron el viernes nuevas sanciones contra Rusia, que apuntan especialmente a la industria de los hidrocarburos.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, nombró este viernes, tras su investidura en Cali, a su gabinete de ministros, compuesto por nueve mujeres y nueve hombres, como ordena la ley de cuotas de género.La siguiente es la composición del gabinete ministerial del gobierno de De La Espriella, que tiene como vicepresidente al economista y académico José Manuel Restrepo.Gabinete ministerial de Abelardo De La Espriella1. InteriorEl titular de esta cartera, una de las más importantes del gabinete porque es la encargada de las relaciones con el poder Legislativo, está a cargo de Rodrigo Lara, exrepresentante a la Cámara y exsenador e hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.2. DefensaUno de los ministerios de mayor peso en este Gobierno. El mayor general retirado del Ejército Jorge Eduardo Mora recibió la tarea de recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública y luchar contra los grupos armados ilegales.Mora fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022 y anteriormente dirigió la División de Fuerzas Especiales, además de ocupar cargos en inteligencia y en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. También fue asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.3. Relaciones ExterioresEl académico Omar Bula Escobar tiene la misión de liderar una "reingeniería de la Cancillería", profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo. Trabajó durante años con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.4. HaciendaEl economista conservador Miguel Gómez Martínez tiene la tarea de "defender los recursos públicos y ordenar las finanzas", como le encomendó De La Espriella.Gómez Martínez ha combinado su carrera en el sector público con cargos en lo privado y, entre otros cargos, presidió el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) y fue embajador en Francia.5. JusticiaEl abogado penalista Iván Cancino estará a cargo de esta cartera. Se ha desempañado como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decano de varias universidades y columnista en asuntos legales.6. SaludLa abogada Ana María Vesga es la responsable de enfrentar la grave crisis del sector sanitario en Colombia, para lo cual ya anunció un plan de choque para aliviar citas y la entrega de medicamentos.7. Comercio, Industria y TurismoEl abogado y exsenador Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de De La Espriella, es el nuevo responsable de esta cartera.8. EducaciónLa jurista Viviane Morales fue elegida para encabezar esta cartera. Es reconocida por ser la primera mujer en ser nombrada fiscal general de Colombia en 2011, y por sus posiciones conservadoras en asuntos sociales.9. Agricultura y Desarrollo RuralEl empresario Indalecio Dangond Baquero está a cargo del sector agrario. Es administrador de empresas y fundador de Open Loans, una plataforma que ayuda a estructurar proyectos agropecuarios para buscar financiación.10. TrabajoLa abogada Natalia López fue nombrada para liderar esta cartera. Ha sido docente universitaria, trabajó en la Defensoría del Pueblo y fue directora territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento de Córdoba (norte).11. Ambiente y Desarrollo SostenibleEl biólogo Fabio Arjona tiene la tarea de liderar los proyectos medioambientales del país. Durante más de 20 años dirigió en Colombia la organización Conservación Internacional, desde donde impulsó iniciativas de protección de la naturaleza y adaptación al cambio climático.12. TransporteLa economista Elsa Noguera es la encargada de esta cartera. Fue la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del departamento del Atlántico (norte).13. Minas y EnergíaLa ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda tiene la tarea de impulsar desde este Ministerio el fortalecimiento energético del país.14. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)La periodista Alexandra Falla lidera esta cartera con el objetivo de consolidar la soberanía digital. 15. CulturaDe La Espriella nombró a la exsenadora del partido Centro Democrático (fundado por el expresidente Álvaro Uribe) y periodista Paola Holguín con la misión de liderar una "batalla cultural por la Nación".16. Vivienda, Ciudad y TerritorioEl pastor evangélico Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña de De La Espriella, asume como jefe de este ministerio.17. Ciencia, Tecnología e InnovaciónLa ingeniera industrial Claudia Benavides Salazar fue elegida por el presidente luego de inscribirse en el 'Banco de talentos' creado para buscar a colombianos que quieran participar en su Gobierno.18. DeporteLa administradora Juliana Gutiérrez recibió el puesto por tener una "amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia".
Un suceso de orden público se registró en el departamento del Guaviare, generando alarma entre los habitantes de la zona. Alrededor de las 7:00 de la noche, se reportó el abandono de un carro cargado con elementos explosivos en un sector de San José del Guaviare, específicamente sobre la vía que pasa frente a la Base de AntinarcóticosEl incidente en San José del GuaviareDe acuerdo con la información suministrada, el elemento utilizado para albergar la amenaza fue un carrito de hamburguesas, el cual fue dejado abandonado en la vía pública frente a las instalaciones policiales de antinarcóticos.Este objeto contenía en su interior dos artefactos explosivos; uno de estos artefactos detonó debido a una falla en su instalación, tras la detonación imprevista del primer artefacto no se reportaron personas lesionadas en el área del incidente.Acción de las autoridades y destrucción controladaLuego de la explosión del primer elemento, las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional intervinieron y el personal policial experto ubicó el segundo artefacto que aún se encontraba en el sitio. Con el fin de neutralizar el peligro, el segundo artefacto fue destruido de manera controlada por estas unidades especializadas de la institución.El reporte oficial confirmó que, afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada como resultado de este procedimiento de seguridad.CalamarA la misma hora en que se presentaban los hechos en la capital del departamento, se reportó otra novedad de orden público en una municipalidad vecina. En el municipio de Calamar, los habitantes reportaron haber escuchado una fuerte explosión alrededor de las 7:00 de la noche.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, será trasladada de la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, donde deberá continuar cumpliendo su condena.La creadora de contenido y empresaria fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por la destrucción de una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019. La condena fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.Barrera Rojas inicialmente estuvo recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Sin embargo, debido a su alto nivel de reconocimiento público y a las consideraciones de seguridad asociadas con su caso, fue trasladada a la Escuela de Carabineros.Ahora, las autoridades determinaron un nuevo cambio de establecimiento, después de los episodios registrados durante su permanencia en esa guarnición.De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se presentaron comportamientos que generaron alertas, llamados de atención y molestias entre el personal encargado de su custodia.Entre los asuntos reportados estuvieron situaciones relacionadas con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de las normas de seguridad y disciplina.Por esta razón, se ordenó que la empresaria continúe privada de la libertad en La Picaleña, en Ibagué. Este complejo penitenciario cuenta con un pabellón destinado a mujeres, donde deberá permanecer mientras cumple el tiempo restante de su condena.Implicada en la muerte de Marcelo Pecci también cambia de cárcelEl traslado de ‘Epa Colombia’ hace parte de una serie de movimientos de personas privadas de la libertad que permanecían en la Escuela de Carabineros de Bogotá.Entre ellos también está Margareth Chacón Zúñiga, quien será trasladada nuevamente a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en la capital del país.Chacón cumple una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 mientras se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, cerca de Cartagena.La justicia colombiana determinó que Chacón participó en la financiación y coordinación del homicidio. La mujer había sido capturada por Interpol en El Salvador y posteriormente fue procesada y condenada en Colombia.Con este traslado, Chacón dejará la Escuela de Carabineros y regresará a El Buen Pastor, donde continuará cumpliendo la pena impuesta por la justicia.Los cambios de establecimiento se conocen en medio de los movimientos penitenciarios ordenados en los últimos días y en medio del cambio de mando presidencial.
