La defensora de derechos humanos Lina Castillo aseguró que la reciente decisión judicial que descartó que el escrache constituya un delito representa un precedente para la protección de las mujeres que denuncian violencias basadas en género en Colombia. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Castillo afirmó que el giro en su proceso judicial se produjo gracias a que su caso comenzó a ser analizado con enfoque de género y de derechos humanos, luego de varios años de enfrentar una denuncia interpuesta por el actual director de RTVC, Hollman Morris.Castillo recordó que durante años vivió un proceso que calificó como una "persecución judicial", en el que, pese a haber denunciado presuntas violencias de género, terminó siendo investigada por sus denuncias públicas."Nunca fue trabajado bajo un enfoque de género, pero además sin garantías en un proceso de persecución judicial que viví y que todavía estoy viviendo", afirmó.Según explicó, el cambio comenzó a consolidarse desde el año pasado con la estrategia jurídica liderada por su defensa y con la intervención de una nueva delegada especializada en derechos humanos y enfoque de género dentro de la Fiscalía. A esto se sumó, dijo, la posición asumida por la Procuraduría durante la audiencia más reciente."La Procuraduría fue muy clara y dejó un precedente muy grande del marco de derechos que se debe reconocer a cualquier mujer que denuncie violencias basadas en género en Colombia", sostuvo.Uno de los principales alcances de la decisión judicial, según Castillo, es el reconocimiento del escrache como un mecanismo legítimo de denuncia. La activista explicó que esta figura permite a las víctimas visibilizar hechos de violencia, incluso a través de redes sociales, sin que ello implique necesariamente la existencia previa de una denuncia formal ante las autoridades."El escrache ya por sí mismo es una denuncia y se debe proteger", señaló.Asimismo, indicó que el fallo ratifica que las instituciones tienen el deber de acompañar y proteger a quienes denuncian, en lugar de revictimizarlas. "Quienes denunciamos debemos ser protegidas, y la Fiscalía y todas las entidades competentes deben rodear y proteger de antemano siempre a las víctimas", agregó.No obstante, Castillo aclaró que el proceso judicial aún no concluye completamente. Explicó que permanece abierta una parte relacionada con unas declaraciones que realizó sobre un presunto atropellamiento con un vehículo perteneciente al esquema de protección de Hollman Morris.La defensora indicó que ese aspecto del caso se mantiene porque, según la acusación, no habría aportado una prueba suficiente para acreditar el hecho. Sin embargo, aseguró que presentó una incapacidad médica y que, posteriormente, realizó una retractación pública sobre algunos elementos de esa denuncia."Nosotros ya hicimos incluso una retractación pública, la cual no ha sido tenida en cuenta", manifestó, aunque evitó profundizar debido a que ese punto continúa en trámite judicial.Más allá del desenlace jurídico, Castillo habló del impacto personal que le dejó este proceso iniciado en 2019. Aseguró que la investigación afectó su vida personal, profesional y emocional durante varios años."Este proceso me ha quitado muchos años de mi vida... me ha quitado gran parte de mi formación política y social, además del impacto emocional, físico y de salud mental que he tenido", expresó.Finalmente, sostuvo que espera que el caso concluya pronto y que la decisión sirva como referente para futuras denuncias de violencia de género en el país."No solo es por mí, realmente es por todas las mujeres que se atreven a denunciar... esperamos que esto no solo marque un precedente para el país, sino también para todos los cargos públicos", concluyó.
La Procuraduría General de la Nación en los últimos días ha estado tomando decisiones disciplinarias en el marco de las elecciones y su función de indagar a los funcionarios que presuntamente participen indebidamente en política. Por eso, en las últimas horas, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, por las presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.Está decisión se da tras una queja presentada el pasado 26 de mayo en donde señalan que, presuntamente, RTVC habría sido utilizado para promover narrativas favorables a determinados actores políticos, especialmente en contenidos relacionados con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.Según el documento, el denunciante sostiene que podrían haberse vulnerado principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal.Además, afirma que existirían elementos que ameritan una investigación sobre una eventual utilización del aparato comunicacional del Estado para posicionar determinadas narrativas políticas, deslegitimar sectores de oposición y alterar el equilibrio informativo exigible a un medio público.En ese sentido el Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas para determinar si Hollman Morris es disciplinariamente responsable o no.
Siete candidatos a la Presidencia de la República le enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, en la que le recuerdan que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 les otorga el derecho de solicitar al menos tres debates antes de la primera vuelta, es decir, del 31 de mayo.En ese sentido, le proponen a Morris organizar los debates en dos grupos, teniendo en cuenta que son 13 candidatos.“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, dice la misiva.La carta fue firmada por Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Sondra Macollins y Luis Gilberto Murillo.“No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno. En efecto, cuando no se realizan los debates presidenciales o cuando los candidatos evadimos esta confrontación pacífica de ideas, el perjudicado no es nuestro rival político sino el elector”, dice la carta.El documento no fue firmado por Iván Cepeda, Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella.“Lo que está en juego, por ende, en estas elecciones va mucho más allá de quién gana o quién pierde. Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad. Le pedimos, señor Morris, que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias”, señala el documento.
Las mujeres del Pacto Histórico, lideradas por voces como la representante María Fernanda Carrascal, solicitaron formalmente que Hollman Morris sea apartado de su cargo como gerente de RTVC. La petición busca garantizar transparencia en las investigaciones por presunto acoso sexual y laboral que cursan en su contra, asegurando espacios seguros dentro de la institucionalidad.Solicitud de retiro inmediato de Hollman MorrisA través de un comunicado oficial emitido este 25 de marzo de 2026, el colectivo de mujeres de la colectividad de Gobierno fijó una postura clara frente a los hechos que generan preocupación en la opinión pública. En el documento, exigen que, como medida de garantía y no repetición, los presuntos victimarios sean retirados de sus cargos mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos correspondientes."Instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo", señala el texto, subrayando que esta decisión permitiría un desarrollo más justo y sensible de los procesos de investigación.El pronunciamiento enfatiza la necesidad de diferenciar las naturalezas de las agresiones denunciadas. El colectivo aclaró que en RTVC existen quejas por acoso laboral que deben ser investigadas con rigor, pero recordaron que los señalamientos por acoso sexual contra Morris corresponden a un contexto laboral previo.No obstante, celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género. Según el comunicado, diferenciar estas violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética amparada en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral) y la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral).Finalmente, las integrantes del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las periodistas y mujeres que han alzado la voz. Aseguran que estos casos no son hechos aislados, sino que "responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad". El llamado concluye con una exigencia de coherencia política para proteger la dignidad y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos laborales.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
Un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea generó debate sobre el papel de los medios de comunicación durante las elecciones legislativas en Colombia. El documento analizó el cubrimiento de la campaña por parte de medios públicos y privados y señaló posibles desequilibrios en la cobertura.Según ese reporte, los medios estatales habrían dedicado más atención a actividades del Gobierno y a sectores políticos cercanos al oficialismo, entre ellos el Pacto Histórico. Ante estos señalamientos, el gerente de RTVC, Hollman Morris, respondió a las críticas y defendió el trabajo del sistema de medios públicos en conversación con Mañanas Blu 10:30.RTVC dice que el informe es preliminarDurante una entrevista radial, Morris afirmó que el informe conocido hasta ahora no es definitivo y que el sistema de medios públicos no comparte las conclusiones presentadas.“Respetamos a la misión, pero no compartimos el informe”, afirmó.El gerente explicó que RTVC sostuvo una reunión con los observadores para presentar sus observaciones y aclarar lo que considera errores o confusiones en el análisis.Según Morris, una de las dificultades del informe es que no todos los candidatos aceptaron las invitaciones del medio público para participar en espacios informativos, lo que pudo afectar la percepción sobre el equilibrio de la cobertura.Debate por el papel de RTVCOtro punto que, según Morris, generó confusión en el informe tiene que ver con la forma en que se clasifican los canales públicos.El gerente explicó que el Canal Institucional tiene una función legal específica: difundir acciones del Estado, incluidas sesiones del Congreso y actividades de entidades públicas.Por esa razón, sostuvo que parte del contenido analizado por la misión corresponde a obligaciones legales del canal y no necesariamente a cubrimiento político de campañas.Morris indicó que estas aclaraciones fueron planteadas a la misión de observación y que espera que se reflejen en el informe final.Cómo se organizó el cubrimiento electoralEl gerente también explicó cómo se estructuró la cobertura informativa durante el proceso electoral.Según señaló, el sistema de medios públicos adoptó un “decálogo” de cubrimiento basado en recomendaciones de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral.Ese documento, dijo, fue socializado entre los periodistas del sistema de medios públicos, que cuenta con más de 280 reporteros en distintas regiones del país.De acuerdo con Morris, RTVC desplegó cobertura en cerca de 89 puntos del territorio nacional durante la jornada electoral.Además, afirmó que el sistema informativo lleva un registro detallado de los espacios dedicados a cada actor político.“Hay una tabla minuto a minuto de qué días y a qué personas u organizaciones políticas entrevistamos”, explicó.Durante la entrevista, Morris también se refirió a situaciones que, según él, han enfrentado periodistas de RTVC durante coberturas de manifestaciones políticas.El gerente aseguró que algunos reporteros han sido insultados o rechazados durante eventos relacionados con sectores de la oposición.Incluso mencionó un episodio en el que, según dijo, una candidata presidencial se negó a conceder una entrevista a un periodista del medio por pertenecer al sistema de medios públicos.En ese contexto, Morris anunció que RTVC presentará públicamente pruebas de lo que calificó como campañas de estigmatización y ataques contra el medio.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
RTVC impugnó ante el Consejo de Estado el fallo de tutela que restringió las alocuciones presidenciales, al considerar que vulnera el pluralismo informativo. En el documento, sostienen que la decisión de primera instancia “realizó una interpretación errónea de la sentencia de la Corte Constitucional” y que “las alocuciones presidenciales no vulneran, sino que garantizan el derecho a la libertad de información”.Hace unos días, la discusión sobre las alocuciones presidenciales volvió a la agenda pública luego de que el Consejo de Estado protegiera el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de dichas alocuciones por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura. Por ello, ordenó evitar transmisiones prolongadas o repetitivas que interfieran con la programación habitual de los medios, y dispuso que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adopte, antes del 31 de diciembre de 2025, un marco regulatorio que garantice el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“Con lo anterior, es preciso advertir que la decisión del Consejo de Estado puede derivar, en la práctica, en una forma de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Política y reiteradamente reprochada por la Corte Constitucional”, argumentó RTVC.La tutela, promovida por Miguel Uribe Turbay y otros ciudadanos, fue fallada a favor de los accionantes el pasado 16 de septiembre por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esa decisión, el alto tribunal ordenó que toda alocución presidencial “responda a una justificación o razón suficiente”, no sea “recurrente en el mismo intervalo semanal” y tenga límites temáticos y temporales.En ese sentido, RTVC considera que dicho fallo impone restricciones no previstas en la ley y que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) no tiene facultades para impedir o condicionar las intervenciones del presidente”. Según la apelación, el Consejo de Estado “excedió su competencia” al crear exigencias que “modifican de facto una facultad establecida expresamente por el Congreso”.Lo cierto es que, tras este fallo de tutela que le puso freno a las alocuciones del presidente Petro por canales públicos y privados, la Presidencia de la República debe informar previamente a la CRC el tema y la duración de cada intervención.
Durante la multitudinaria marcha del silencio que se realizó en Bucaramanga este domingo, en la que, según la Alcaldía, cerca de 30.000 personas salieron a las calles para pedir paz en Colombia y la recuperación del senador Miguel Uribe, se registró una agresión contra dos comunicadores del canal público RTVC.El periodista Nicolás Torres y el camarógrafo Fredy Pernía fueron atacados física y verbalmente por un grupo de asistentes a la movilización, lo que obligó a los reporteros a suspender el cubrimiento y abandonar el lugar. En videos que circulan en redes sociales, se observa a un hombre vestido con la camiseta de la Selección Colombia lanzando patadas al periodista, mientras otras personas los insultan y empujan.La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó lo ocurrido. “Mientras cumplían su labor de informar de forma pacífica, los comunicadores fueron insultados. También fueron escupidos en cinco ocasiones y agredidos con puños y patadas. Además, intentaron dañar sus equipos de grabación”, señaló la organización.La FLIP también denunció que las agresiones se produjeron sin presencia institucional que garantizara la protección de los periodistas, y advirtió que este tipo de situaciones deben ser atendidas con urgencia por las autoridades.La organización recordó que este no es un hecho aislado. El pasado domingo, la periodista Gelitza Jiménez, también de RTVC, fue hostigada en Bogotá mientras cubría el estado de salud del senador Miguel Uribe.“Atacar a la prensa es atacar el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Una prensa libre, sin violencia ni censura, es pilar fundamental de la democracia”, enfatizó la FLIP.La Fundación hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bucaramanga y la Policía Nacional para que garanticen el cubrimiento seguro de periodistas en contextos de movilización social. “Estas instituciones tienen la responsabilidad y el deber de proteger la libertad de prensa y la integridad de quienes ejercen esta labor”, concluyó la organización.
Tras conocerse la presunta firma de un contrato entre el Ministerio del Interior y RTVC, y que despertó algunas señales de alerta, la Contraloría le envió una carta al ministro Armando Benedetti, solicitando algunos documentos en los que se pueda o no comprobar el convenio, puesto que a través de sus redes sociales, RTVC notificó que es falso que el contrato referenciado fuera real.La carta manifiesta que deben ser entregados la copia del contrato o contratos suscritos entre MinInterior y RTVC guantes el 2020 al 2025, junto con adiciones, modificaciones o actas complementarias. Asimismo, deben anear estudios previos, documentación, análisis de costos y sustento financiero para la contratación, cronogramas e informes detallados de la ejecución o las copias de liquidación en caso de haber terminado.Además, piden la relación de los eventos ejecutados o proyectados con fecha, lugar y actividades realizadas con su respectivo coto y la identificación de los funcionarios responsables de los procesos de contratación, tanto en etapa de planeación como de supervisión.“Se pidió la remisión de los documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de eventos y la identificación de los responsables del proceso”, afirma la Contraloría.Entre tanto, la entidad solicitó que en un plazo no mayor a dos días, se envíe la documentación a los correos de la Contraloría, “dada la relevancia institucional y el interés público que ha suscitado este asunto".
El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, confirmó una operación de la Fuerza Pública en la que fue dado de baja Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la operación se desarrolló en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y, según el presidente, era considerado el principal explosivista de estas estructuras, además de desempeñarse como instructor de otros integrantes en el manejo y fabricación de explosivos.De La Espriella relacionó a ‘Max Max’ con varios atentados registrados en el suroccidente del país durante 2025 y 2026. Entre ellos mencionó los ataques simultáneos del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali; el atentado del 25 de agosto de ese mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez; y una acción del 9 de octubre contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí.El presidente también atribuyó a Castillo Cortés un ataque ocurrido el 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca, así como dos acciones registradas en abril de 2026: una contra las instalaciones del Batallón Pichincha, que habría afectado a civiles y provocado la incineración de un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó el jefe de Estado.Según el presidente, por información que permitiera ubicar a alias ‘Max Max’ se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones. Las autoridades lo señalaban como responsable de múltiples acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública y civiles, además de atribuirle funciones de instrucción en explosivos dentro de las estructuras armadas.El mandatario aseguró que la operación hace parte de la ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente colombiano y reiteró el respaldo de su administración a las operaciones militares y policiales contra los responsables de atentados y homicidios.“Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley, será dado de baja como en derecho corresponde”, sostuvo De La Espriella, quien cerró su intervención con un mensaje de respaldo a los uniformados y aseguró que continuará la ofensiva contra las organizaciones criminales.
Colombia podría convertirse en uno de los principales centros de operaciones de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), luego de que, según informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el Gobierno colombiano ofreciera al país como sede de dicho convenio.“Se ofrecieron a ser la sede o el centro de la A3C como su nuevo miembro. Tienen cientos de miles de miembros capaces en sus fuerzas armadas, décadas de entrenamiento con Estados Unidos, pero nunca habían visto un socio como el presidente Trump y este Departamento de Guerra. Por eso estamos entusiasmados de poder entrar rápidamente en los detalles, porque esa relación de militar a militar ha sido de larga data”, dijo Hegseth.El anuncio fue hecho este miércoles durante una reunión de la coalición en Ciudad de Panamá, luego de que el ministro de Defensa, Jorge Mora, oficializara la adhesión a la alianza en lo que se ha catalogado como un un paso adicional en el fortalecimiento de la cooperación militar entre Bogotá y Washington y la posibilidad de que el territorio colombiano sea utilizado como punto de coordinación de las operaciones de la coalición.Hegseth destacó que Colombia cuenta con cientos de miles de integrantes en sus Fuerzas Militares y con décadas de entrenamiento y cooperación con Estados Unidos.Esas capacidades, sumadas a la ubicación estratégica del país, son algunos de los factores que podrían favorecer su elección como sede o centro de la A3C. Aunque el funcionario estadounidense habló de un “headquarters or hub”, todavía no se han conocido detalles sobre qué ciudad albergaría este centro, qué personal tendría, ni cuáles serían exactamente sus funciones dentro de la coalición.“Y con la incorporación de Colombia, y luego los cambios en Venezuela, que fueron posibles gracias a las capacidades del Ejército estadounidense, hemos cambiado. Por cierto, enfatizaría que Estados Unidos no tiene mejor amigo ni peor enemigo. No querrán meterse con nosotros cuando tenemos capacidades militares, pero cuando ocurre un problema, como en Colombia o Venezuela, somos los primeros en presentarnos”, aseguró el secretario de guerra.Hegseth agregó que Colombia solicitó el apoyo del Departamento de Guerra de Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y autorizó operaciones militares conjuntas. De concretarse el establecimiento de un centro de la A3C, esta infraestructura podría facilitar el intercambio de inteligencia, la coordinación logística, el entrenamiento y la planificación de operaciones entre las fuerzas de los países integrantes de la coalición.La iniciativa también refuerza el papel que Estados Unidos pretende darle a Colombia dentro de su estrategia de seguridad para el hemisferio. Durante su intervención, Hegseth aseguró que Washington está dispuesto a movilizar capacidades como helicópteros Chinook, aviones C-17, expertos y suministros ante situaciones que requieran asistencia.
La Lotería de Manizales informó un nuevo cambio en su programación de sorteos. A través de un comunicado dirigido a sus compradores, distribuidores y vendedores, la entidad confirmó que el sorteo 4968 será aplazado y tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto de 2026.La decisión fue presentada bajo un mensaje de unidad y solidaridad con la ciudadanía. “Hoy nuestra prioridad es acompañarnos y estar unidos”, señaló la Lotería de Manizales en la pieza informativa con la que comunicó la modificación.El anuncio se suma a las decisiones adoptadas por otras loterías del país, que también han modificado sus cronogramas de sorteos en medio de las circunstancias registradas recientemente en diferentes zonas de Colombia.¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Manizales?El sorteo 4968 de la Lotería de Manizales se realizará el viernes 14 de agosto de 2026, de acuerdo con la información oficial divulgada por la entidad.La modificación significa que quienes adquirieron sus billetes o fracciones deberán conservarlos y tener presente la nueva fecha para participar en el sorteo correspondiente.La lotería no presentó el cambio como una cancelación, sino como un aplazamiento, por lo que el número del sorteo se mantiene: será el 4968.“Por eso, nuestro próximo sorteo 4968 será el: viernes 14 de agosto”, indicó la Lotería de Manizales.¿Qué deben hacer los compradores del sorteo 4968?Los compradores que ya tengan en su poder billetes o fracciones correspondientes al sorteo 4968 deben estar atentos a las instrucciones oficiales de la Lotería de Manizales y conservar sus productos para la nueva fecha de realización.La modificación del calendario también es relevante para los vendedores y distribuidores, quienes deberán tener en cuenta el cambio anunciado para sus procesos de comercialización.
El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, acordaron este miércoles, en el cierre del primer ciclo de diálogo, recuperar "activos de reserva internacional" del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.En un comunicado conjunto, leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera, se establece que ambas partes concentrarán esfuerzos para promover la recuperación de estos activos.Asimismo, acordaron crear mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, "para garantizar el bienestar de todos los afectados".Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que dejaron al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.En julio pasado, Rodríguez dijo que se estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por el desastre.El diputado dijo entonces que la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, envió cartas a otros países donde "se encuentra activos retenidos que pertenecen a Venezuela", y que, además", estaba desarrollando "todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.950 millones de dólares, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por Estados Unidos.Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EE.UU.
Ante la emergencia provocada por el terremoto que golpeó con fuerza a varias regiones de Colombia, el Cumbia House de Carlos Vives, en Bogotá, se convierte en un centro de acopio para apoyar a las comunidades afectadas.La iniciativa se desarrolla en alianza con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, con el objetivo de recolectar productos de primera necesidad que serán destinados a las personas damnificadas por la emergencia.¿Qué se puede donar?El punto de recepción estará ubicado en la calle 96 # 13-40, en Bogotá, y recibirá donaciones de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., desde el 13 de agosto hasta el 12 de septiembre.Entre los alimentos solicitados están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumo. También se recibirá alimento para mascotas.La convocatoria incluye además productos de higiene y elementos esenciales para las familias afectadas, como jabón, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Un llamado a la solidaridadLa apertura del Cumbia House como centro de acopio en Bogotá busca facilitar que los ciudadanos puedan contribuir a la atención de las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.La alianza con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia permitirá canalizar estos aportes hacia la respuesta humanitaria, especialmente en momentos en que las familias damnificadas pueden requerir alimentos, agua, productos de aseo y elementos básicos para su bienestar.El llamado es a donar productos incluidos en la lista de necesidades y sumarse a esta iniciativa de solidaridad. “Cada aporte cuenta”, señala la convocatoria, que invita a los bogotanos a participar y ayudar a quienes hoy necesitan apoyo.De esta manera, el espacio asociado a Carlos Vives se suma a los esfuerzos de atención de la emergencia y convierte la solidaridad ciudadana en ayuda concreta para las comunidades afectadas por el terremoto.Punto de acopio: Calle 96 # 13-40, Bogotá.Horario: lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.Fechas: del 13 de agosto al 12 de septiembre.
