En medio del debate nacional sobre el proyecto de ley 'Internet Solidario' que busca elevar el Internet fijo a la categoría de servicio público domiciliario, el representante a la Cámara por el partido Conservador, Ciro Rodríguez, expresó fuertes reparos frente a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Rodríguez señaló que el proyecto “tiene una mala orientación”, al considerar que desconoce el marco jurídico ya establecido desde 2009 con la Ley 1341.
Retroceder nuevamente al régimen de servicios públicos domiciliarios, donde está establecido este tipo de intervenciones y un sistema de subsidios basados en estratos sociales, genera mayor incertidumbre e inseguridad jurídica
afirmó el representante Ciro
Uno de los puntos más polémicos ha sido el artículo 10, señalado por la senadora Paloma Valencia como una puerta para el control de los medios de comunicación. Sin embargo, Rodríguez aclaró que ese no es el alcance real del texto.
“Vale la pena aclarar que este régimen especial de la Ley 1341 no tiene nada que ver con afectar el derecho a la libre expresión. Se trata de una intervención cuando hay problemas en materia económica, pero creemos que no es la herramienta adecuada para los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones”, explicó.
El congresista también hizo énfasis en los riesgos que implicaría trasladar el esquema de subsidios de servicios públicos al sector digital. Según dijo, insistir en mecanismos de estratificación social obsoletos podría reproducir fallas ya conocidas en sectores como la energía.
“Se han demostrado ineficientes las estratificaciones, que hoy sabemos que tienen grandes problemas de inclusión y de exclusión. Quienes necesitan realmente el subsidio no son los que terminan beneficiándose, e incluso se han generado déficits económicos graves, como en la costa Caribe con el servicio de energía”, señaló.
Rodríguez destacó además que la regulación debe ser “neutra” frente a las distintas formas de conectividad —cable, satélite o móvil—, y recordó que la Ley 1341 ya prevé mecanismos como la contraprestación que pagan los operadores, recursos que deberían orientarse a cerrar la brecha digital.
Finalmente, al explicar la diferencia entre infraestructura de comunicaciones y medios de comunicación, el representante precisó que el proyecto apunta a la vigilancia de lo que se denomina “infraestructura pasiva”, como torres alquiladas a prestadores de servicios. “Hoy en día hay una separación en los mercados y, por lo tanto, se necesita una vigilancia y control a estas infraestructuras”, puntualizó.