Ordenan retirar más de 53.000 alojamientos de Airbnb y más plataformas de alquiler por nueva ley
Airbnb señaló que aproximadamente uno de cada diez anuncios activos en su web se verá afectado.
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El Ministerio de Vivienda español informó que, con la entrada en vigor de la normativa que exige un número de registro nacional obligatorio desde el pasado 1 de julio, decenas de miles de alojamientos turísticos quedaron fuera de la legalidad y deberán desaparecer de las plataformas digitales.
De acuerdo con datos oficiales, España atraviesa una crisis de vivienda que ha puesto en la mira a los alquileres de corta duración. El registro habilitado por el Gobierno recibió 336.497 solicitudes, de las cuales la mayoría, 264.998 (un 78,7 %), correspondían a viviendas de uso turístico.
Sin embargo, tras la revisión, 53.876 de estos anuncios fueron revocados, lo que equivale al 20,3 % del total de inmuebles inscritos en esa categoría.
La decisión se enmarca en el objetivo gubernamental de recuperar parte de estas viviendas para el mercado de alquiler residencial, donde la demanda supera con creces a la oferta.
Según el comunicado de Vivienda, la proliferación de pisos turísticos ilegales, especialmente en zonas costeras y grandes capitales, ha tenido un impacto en los precios y disponibilidad de vivienda, lo que ha generado presión social y reclamos de diversos ayuntamientos.
Para enfrentar esta situación, desde enero está en funcionamiento una Ventanilla Única Digital que centraliza los datos entre el Ministerio, los registradores de la propiedad y las plataformas de alquiler, para reforzar el control y combatir el fraude en los anuncios de corta estancia.
Las compañías del sector deberán retirar los anuncios de los pisos que no obtuvieron el registro obligatorio. El Ministerio de Vivienda advirtió que estos inmuebles pueden estar publicados de manera simultánea en varias páginas, por lo que la exigencia aplica a todas las empresas que intermedien en la promoción de alquileres turísticos.
Airbnb, uno de los principales operadores, ya manifestó públicamente su disposición a cumplir con la medida. La compañía anunció que eliminará de su plataforma los alojamientos que no cuenten con el número de registro exigido y aseguró haber notificado a todos los anfitriones sobre esta obligación.
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En un comunicado, la empresa señaló que aproximadamente uno de cada diez anuncios activos en su web se verá afectado por la revocación, aunque destacó que desde enero al menos 70.000 nuevos registros ya cumplen con los requisitos legales.
Airbnb también pidió que otras plataformas se sumen a lo que denominó un “esfuerzo y compromiso de transparencia” en el mercado. La compañía defendió su voluntad de colaborar con el Gobierno español y reiteró su compromiso de asegurar el cumplimiento estricto de la normativa de alquileres de corta duración.
Por su parte, el Ministerio insistió en que el registro obligatorio y la Ventanilla Única Digital son instrumentos diseñados para “preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades”.
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