En vez de hacer manuales, fuerza pública debería atacar minería ilegal: Luis Pérez
El mandatario advirtió que los problemas de orden público que vive el Bajo Cauca requieren una intervención urgente e integral.
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En entrevista con Mañanas BLU, el gobernador Luis Pérez explicó que el Bajo Cauca se convirtió en un centro de producción y comercialización de coca sumado a una fuerte actividad minería ilegal que estaría dejando incluso más rentas a los grupos criminales que el narcotráfico.
Pérez Gutiérrez, señaló que en esa región cada banda delincuencial tiene en su poder entre 40 y 50 máquinas para la explotación minera, situación que está afectando al medio ambiente y generando miedo e inseguridad en las comunidades.
“Cada banda criminal tiene 40, 50, 100 máquinas, en la minería ilegal. Podemos coger bandidos, pero si toleramos esas maquinarias de explotación ilegal de oro que están destuyendo al medio ambiente, no vamos nunca a solucionar nada” señaló el mandatario.
"Parecen ser superiores los bandidos que el Estado y por eso le estoy pidiendo la mano al presidente para hacer consejo de seguridad allá urgente con propuestas nuevas. No entiendo por qué el Ejército y la Policía no son capaces de detener 500 máquinas que están a la vista y, por alguna razón, no se hace nada con eso", afirmó.
El gobernador le envió una carta al presidente Iván Duque sobre la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, donde asegura que hay disputas entre Clan del Golfo, los Caparrapos, ELN y disidencias de las Farc, una situación que ha multiplicado en más de 200% las cifras de homicidio en esa región.
“El Bajo Cauca es una zona de guerra que parece haber superado la capacidad del Estado. Los alcaldes están asustados y ya varios de ellos no despachan tiempo completo desde sus municipios. La gente vive con miedo”, se lee en la carta.
Lea además: Radiografía de la disputa por el microtráfico en el Bajo Cauca antioqueño
El mandatario denunció también que hay incumplimiento del Gobierno con las familias inscritas al programa de erradicación voluntaria de cultivos.
“El Gobierno Nacional, sin consultar a la Gobernación, inscribió 12 mil familias y les prometió más de un millón de pesos mensuales, si erradicaban coca. Como la Nación les incumplió habría empeorado los problemas”, señaló.
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