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La comuna 13 y Altavista, en Medellín, así como Bello, son las zonas del Valle de Aburrá donde los comerciantes están ahogados de la extorsión.
Según Fenalco, este delito les deja a las estructuras criminales como mínimo en un año 50 mil millones de pesos.
Ignacio Soto, director de Fenalco en Antioquia, aseguró que la extorsión ya hace parte de los gastos y las contabilidades de los comerciantes porque es un delito en aumento.
Aseguró que en muchos casos está coordinada desde centros carcelarios, en otros se cobra como cuota de seguridad informal y en unos más es una “multa” a vender determinados productos en zonas específicas.
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La microextorsión, cuando “ya no son tan elevadas las cantidades de dinero, es considerada un delito contra el patrimonio, el problema para las autoridades es que las víctimas no denuncian”, añadió.
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