Aunque fue adjudicado desde el pasado 6 de octubre a dos compañías, un millonario contrato que involucra recursos cercanos a los 120 mil millones de pesos para la prestación del servicio de seguridad en sedes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), sigue generando controversias legales.
Esta vez por cuenta de las medidas cautelares que el Juzgado 17 Civil Municipal de Oralidad de Medellín decidió decretar en medio de una acción de tutela interpuesta por una de las empresas de seguridad oferente en la cuestionada licitación, pero que además era la que venía prestando este servicio.
Aunque aún se conocen pocos detalles sobre las pretensiones de la tutela, la medida tomada por el despacho indica que EPM debe “inaplicar de manera temporal los efectos” del informe final de evaluación para la selección de las dos compañías que resultaron ganadoras y que se entregó el pasado 29 de septiembre.
El contrato que contempla la ejecución de los servicios de vigilancia en dos grupos; uno para instalaciones de la empresa en el Valle de Aburrá y otro para las demás sedes en Antioquia y en el resto del país, ha sido cuestionado principalmente porque buscaría favorecer a la empresa Su Oportuno Servicio (SOS Seguridad), con sede en Barranquilla.
Precisamente este oferente se quedó con el grupo 2, el que otorga mayores recursos, por más de 73 mil millones, en medio de ruidos por la consecución de pólizas del contrato a costos más bajos, lo que le permitiría ofrecer mejores propuestas económicas al contratante.
Las alertas sobre esas y otras posibles irregularidades en el proceso habían sido advertidas por parte de Daniel Francisco Moreno Pelaéz, quien en calidad de director de Seguridad de EPM pidió apartarse de ese proceso de selección en específico tras detallar en un carta con fecha del 11 de julio y dirigida al vicepresidente de Riesgos de la compañía, Andrés Uribe, situaciones que habrían violado el debido proceso en relación con el otorgamiento de ventajas para aportar documentos y corregir errores a SOS Seguridad.
Tras la reciente medida cautelar, la empresa de seguridad que interpuso la tutela manifestó que harán presencia en las instalaciones de EPM para continuar prestando el servicio de vigilancia.
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