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Este 5 de octubre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) buscó que Elesban de Jesús Restrepo Medina, Jaime Armando Cerón Ruíz, Pedro Elías Uribe Bueno y Wilson de Jesús Agudelo Velásquez, entregaran información sobre al menos dos casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en los que estarían involucrados.
La audiencia presidida por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero buscó principalmente que estos exmilitares ampliaran su versión sobre lo ocurrido el 24 de febrero de 2007 en la vereda La Pastorcita del municipio de Guarne y el 4 de junio de ese mismo año en la finca La Isabela de la vereda Río Frío de Jericó, suroeste de Antioquia.
Estas personas habrían participado en algunos casos en calidad de autores pero también cómplices de los mismos para garantizar su encubrimiento o en su defecto la alteración y simulación de combates en el lugar de los hechos.
Sobre lo ocurrido en el municipio de Jericó, donde asesinaron a dos jóvenes procedentes de Medellín, esto alcanzó a narrar Wilson de Jesús Agudelo Velásquez.
"Allá iban a llevar a alguien que era 'una plaga del pueblo' (...) yo me salí para la parte de abajo como donde hay un solar en la finca y hice unos disparos al aire (...) entonces eso se hacía para que la gente que vivía en la finca pensara que sí era un combate de verdad", recordó.
Al reconocer otros hechos similares de los que habría participado incluso en otras localidades como Copacabana, Agudelo pidió perdón a las víctimas: "Estoy arrepentido y pido perdón a la familia por no haber interrumpido esa muerte (...) yo soy culpable porque sabía las cosas y no hablé a tiempo".
Pedro Elías Uribe Bueno, otro de los comparecientes, incluso aseguró que el pedido de mandos superiores del Gaula militar de oriente, como el comandante Luis Carlos Martínez Cristancho, quien llegó en 2005 a la unidad, era el de dar “muertes a como diera lugar”.
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"Él nos reunía a todos los integrantes del Gaula y nos decía que la órden que emitía el comando superior era que teníamos que dar muertes a como diera lugar, que teníamos que hacer bajas en combate", explicó.
Dentro del modus operandi de estas ejecuciones que hacían pasar por operaciones, los exmilitares revelaron además la participación de grupos ilegales que servían para la consecución de armas y víctimas que bajo engaño eran llevados al lugar de los hechos.
Bajo este tipo de conductas la justicia ya probó en agosto del año anterior que bajo la excusa de una supuesta marranada el mismo militar llevó a un menor de 17 años desde el barrio Popular 1 de Medellín hasta el municipio de Rionegro donde fue asesinado junto a otro joven de 21 años. Ambos fueron reportados como dados de baja en comabte en la vereda La Victoria.
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Sobre la reciente diligencia, el despacho citó la continuación de la misma para el próximo 10 de noviembre a las 9:00 a.m. para escuchar la versión faltante de Jaime Armando Cerón Ruiz y los compromisos de todos los comparecientes hacia las víctimas en relación con las garantías que ofrecen para la no repetición y su dignificación.
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