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La Procuraduría abrió una investigación en Antioquia por los retrasos que dejaron sin el PAE durante una semana a más de 2.200 niños en el Urabá antioqueño.
Los presuntos hechos fueron denunciados por un periódico local en el cual se afirmó que “170 hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvieron 8 días sin recibir paquete alimentario” y que la asociación María Auxiliadora, el operador a quien el ICBF entregó el contrato por $ 5.300 millones de pesos “no tiene con qué responder sus obligaciones y está buscando a quien cederle el contrato, pero aún no lo ha encontrado”.
Asimismo, manifestó que la citada asociación “debía asegurar hasta el 31 de octubre de este año la alimentación de 936 niños en Apartadó, 845 en Chigorodó, 286 en Vigía del Fuerte, 65 en Murindó, 52 en Mutatá y 26 en Carepa”, y que recientemente sus cuidadoras estuvieron en paro por atrasos en sus pagos.
El medio de comunicación también informó que, pese a esta situación, la directora regional del ICBF reconoce que aunque el operador ha incumplido el contrato y ha manifestado querer terminarlo, no es prudente aceptar esta terminación dado que “por asuntos administrativos y jurídicos sería perjudicial para la atención de los niños y de las madres comunitarias”.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó al ICBF está un informe detallado sobre la ejecución del contrato que, al parecer, suscribió con la Asociación María Auxiliadora.
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