El ente de control busca establecer si la Alcaldía de Daniel Quintero incurrió o no en una falta disciplinaria por haber presuntamente utilizado recursos públicos en la financiación de campañas electorales, como habría quedado en evidencia tras conocerse un contrato por más de nueve mil millones de pesos firmado entre la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional, que habría servido de puente para hacer proselitismo a favor de Juan Carlos Upegui.
Mediante un oficio de ocho páginas, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía copia del Manual de Contratación; una certificación expedida por el tesorero donde se indique el valor de los recursos asignados, así como copias del proyecto y del polémico contrato que hoy tiene a Quintero en el ojo del huracán.
Asimismo, el órgano le solicitó a la Universidad Nacional entregar “copia de todos los contratos de prestación de servicios que se hayan suscrito en el marco del contrato interadministrativo”, con el fin de establecer responsabilidades.
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