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El exsenador Luis Alfredo Ramos fue trasladado por el Inpec al Batallón Juan del Corral de Rionegro luego de pasar una noche en la estación de Policía del municipio de El Retiro, en donde se entregó para cumplir lo restante de su condena de la Corte Suprema por nexos con el paramilitarismo.
Esta reclusión nuevamente tiene consternada a la familia Ramos Maya, que en un comunicado calificó nuevamente este proceso como una “persecución política de 12 años a un hombre que ha entregado su pasión al servicio público de manera transparente y con las mejores calificaciones ciudadanas”.
Asegura la familia que la vuelven a separar de su esposo, padre y abuelo.
“Luis Alfredo vuelve a estar injustamente privado de su libertad tras ser procesado por ser quien es y no por sus actos”.
También reafirman que defenderán el buen nombre y la inocencia de Luis Alfredo Ramos.
“Se ignoró su limpia trayectoria pública y privada y al contrario, se dio credibilidad a delincuentes conseguidos en las cárceles por tenebrosas manos”, indicaron.
Las víctimas del paramilitarismo celebraron su entrega para que haya justicia.
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“Valoramos su entrega, valoramos el sometimiento a la justicia, de acuerdo al proceso judicial. No tenemos palabras para cuestionar este procedimiento judicial, creemos que se hizo justicia en derecho”, señaló Carlos Arcila, de la Corporación de Justicia y el Derecho.
Cabe recordar que la condena del exsenador se dio por un caso de 2005 cuando se reunió con algunos exjefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baez, y Pablo Hernán Sierra para buscar beneficios que se le aplicaran a los "paras" dentro de la Ley de Justicia y Paz a cambio de ayuda a su campaña a la Gobernación.
Las reuniones se habrían realizado en la finca Bellanita del municipio de Bello, propiedad de Hugo Albeiro Quintero Restrepo, alias el Patrón de Bello, condenado también por nexos con las autodefensas.
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Por esta condena, Luis Alfredo Ramos ya pasó casi tres años de cárcel de los 7 años y 11 meses a los que fue condenado, por lo que le restarían cinco años.
Sin embargo, la familia y su defensa estiman que en algo más de un año podrían solicitar la libertad condicional por el cumplimiento de las tres quintas partes de la sentencia.
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