A través de un concepto presentado por la Secretaría de la Mujer, la Alcaldía de Bogotá le pidió a la Corte Constitucional despenalizar el aborto y argumentó que a las mujeres no se les puede seguir vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos.
Además, el Distrito manifestó que impedir la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre seguirá poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres, es decir, se afectaría otro derecho fundamental consagrado en la Constitución.
Estas barreras visibilizan el hecho de que restringir legalmente el aborto no lo elimina, sino que lleva a que su práctica se dé en la clandestinidad y de manera insegura para las mujeres
La Alcaldía le recordó a la Corte que después del fallo del 2006 en el que el tribunal despenalizó el aborto en tres casos, muchos han sido los obstáculos de las mujeres para poder realizarse un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.
Las mujeres se ven en la necesidad de acudir a abortos clandestinos debido a la no autorización del procedimiento o al rechazo y obstáculos en la solicitud y exacerban condiciones de exclusión y discriminación y acentúan las desigualdades entre las mujeres
Los argumentos del Distrito se enfocaron además en la vulneración de otros derechos fundamentales al ser negada la práctica de un aborto de forma libre.
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“La interrupción voluntaria del embarazo guarda especial relación con derechos como la igualdad, la salud plena, los derechos sexuales y reproductivos, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la prohibición de sufrir tratos crueles, degradantes e inhumanos y el derecho a una vida libre de violencias, entre otros”.
Asimismo, dijo que: “contraría el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres establecido en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política de 1991 y la obligación internacional de prevenir y erradicar la discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo”.
Este concepto de la Alcaldía se dio como respuesta a una solicitud de la propia Corte Constitucional solicitó a diferentes entidades y organizaciones su opinión sobre el aborto, como parte del estudio de la demanda contra el artículo 122 del Código Penal Colombiano.
