Según la Administración Distrital, se trabajará en un documento único para ser presentado al Gobierno de Iván Duque, en lo posible, antes de la próxima jornada de manifestaciones programada por las centrales obreras para el próximo 20 de octubre.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que esta mesa se organiza en consecuencia al fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia que ordena hacer reformas al protocolo en el manejo en las protestas sociales y en las actuaciones de la Policía durante alteraciones de orden público.
“Iniciamos una jornada de dos semanas que tendrá como resultado un borrador conjunto de protocolo de decreto distrital de protesta y que servirá como insumo para la mesa de trabajo que desarrollemos con el Gobierno Nacional”, dijo.
El funcionario manifestó que junto a organizaciones sociales se definió un plan de trabajo para el cumplimento y acatamiento del fallo de la Corte Suprema y para que se trabaje de la mano con organizaciones de DDHH para unificar una posición que sea presentada al Gobierno Nacional en las mesas de trabajo.
En este sentido, la alcaldía de Claudia López se ratificará en varios puntos que serán llevados al Gobierno Nacional. Ejemplo, la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de dialogo social de la Secretaría de Gobierno, y de convivencia, y miembros de la Policía quienes trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo.
Sin embargo, no está claro que dependencia de la Policía estaría dentro de este equipo de diálogo, aunque cabe recordar que, en los Puestos de Mandos Unificados, donde se monitorean las marchas, es la dirección de Derechos Humanos de la Policía, la especialidad que coordina el acompañamiento durante las movilizaciones.
El Distrito también insistirá al Gobierno Nacional en la necesidad que se ponga en marcha un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una protesta.
Actualmente, las personas que son conducidas en alto grado de exaltación son llevadas al Centro de Traslado por Protección, ubicado en Puente Aranda y conocido antes como la UPJ.
Esto centro es administrado por la Secretaría de Seguridad, pero atendido también por la Policía, precisamente, la de Derechos Humanos.
Así mismo, se propondrá una vez más revisar las armas de baja letalidad que dispone la policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.
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