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La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su delegatura para la competencia, recaudó y valoró todas las pruebas para sustentar los señalamientos de colusión en los que habrían incurrido 5 empresas y siete personas naturales al, presuntamente, haber acordado una estrategia para afectar la licitación de la compra de frutas dentro del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Bogotá, como quedó registrado en el pliego de cargos que la entidad abrió a los investigados el año pasado.
La investigación comprobó la afectación de una primera licitación, cuando se pusieron de acuerdo para no presentar propuestas para que esa licitación fuera declarada desierta.
Luego, en la segunda licitación que se abrió, también se habrían puesto de acuerdo para limitar la participación de otros oferentes y para aumentar los precios de los productos.
“Los diferentes actores de mercado toman la decisión de conformar una unión temporal en aras de limitar la pluralidad de agentes oferentes y con ello cumplir el objetivo inicialmente fraguado en una primera etapa, el cual fue generar una elevación en los precios de cada una de las frutas, elevación de precios que, en promedio, llegó a ascender al 45,2 %”, señaló Juan Pablo Herrera, superintendente delegado para la competencia de la SIC.
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Las empresas investigadas son:
- Industria de alimentos Daza S.A.S
- Comercializadora Disfruver S.A.S
- Namaste Foods S.A.S
- Alimentos Spress Ltda.
- Best Colombian Fruits S.A.S
Como parte del informe motivado que se le envió al superintendente Andrés Barreto se hace la recomendación de sancionar a los investigados, quienes podrían enfrentar sanciones de hasta 76.000 millones de pesos para cada empresa y hasta de 2.000 millones a cada persona implicada. La decisión la tomará el superintendente Barreto.
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