Durante un mes, un equipo de la Fiscalía General de la Nación, en donde participaron miembros del CTI, psicólogos y psiquiatras forenses, investigaron ciertas conductas criminales en una IPS que se encuentra al occidente de Bogotá y hallaron que torturaban a personas con problemas de adicción y desórdenes en el comportamiento.
Se trata de la IPS “Resurgir a la vida” en donde la Fiscalía recuperó a 35 personas, entre ellas dos menores de edad. Adicionalmente, se encontró un taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización. La verificación de los hechos permitió establecer que, con engaños a las familias, las personas eran internadas en contra de su voluntad.
“En muchas oportunidades habrían ingresado al inmueble dopadas o amarradas para que no se resistieran. Los pacientes eran aislados totalmente de los parientes más cercanos. Cuando les permitían algún tipo de comunicación, se las monitoreaban para evitar que revelaran el drama que padecían. Adicionalmente, pedían a los acudientes ropa y elementos personales; sin embargo, los artículos nunca eran entregados”, mencionó la Fiscalía.
El material de prueba que tiene la Fiscalía da cuenta que las víctimas fueron torturadas por su condición sexual, estado físico, y adicción a los estupefacientes.
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Cada interno que ingresó habría sido desnudado, amarrado y bañado con mangueras y escobas, con el supuesto de que era la forma de limpiarle las impurezas.
“Una zona de la IPS, denominada como ‘pasillo azul’, sería el sitio en el que sucedieron las agresiones y torturas, las cuales eran motivadas por el aparente incumplimiento de una tarea o instrucción. En este espacio del inmueble, también les habrían restringido y controlado el acceso al baño para hacer sus necesidades, como otra forma de castigo”, recalcó la entidad.
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En la investigación se constató que las personas con sobrepeso eran aseguradas con cuerdas durante el almuerzo o la cena para que vieran a los compañeros alimentarse. También se determinó que en la sede se presentaron brotes de varicela y picos de COVID-19, que no fueron atendidos oportunamente.
La Fiscalía les imputó a los capturados, ante un juez de control de garantías, los delitos de: tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple agravado, amenazas y concierto para delinquir.
Cuatro de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa en un centro carcelario. Estos son: Jairo Masmela García, representante legal y director de la IPS; Tiberio Azcárate, Álvaro Azcárate y Leonardo Casas. De otra parte, Paula Catalina Betancur Rengifo, seguirá vinculada a la investigación según la entidad.
Estos son algunos de los escritos que los pacientes hacían para sus familiares:
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