El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena rechazó una demanda de nulidad interpuesta el alcalde William Dau para frenar el cumplimiento del acto administrativo de la Contraloría Distrital que ordena su suspensión del cargo.
Para el juzgado la legalidad del acto administrativo no es susceptible de ser controlado ante la justicia contenciosa administrativa, dado que es una decisión preparatoria, que no “crea, extingue o modifica una situación jurídica particular”.
“En el asunto examinado, la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 no constituye un acto administrativo definitivo que pueda ser demandado ante esta jurisdicción, como quiera que no contiene una decisión de fondo, ya que la decisión definitiva es la que termina el proceso de responsabilidad fiscal, por así disponerlo expresamente la ley”, señala la decisión judicial.
El pasado mes de mayo la Contraloría Distrital de Cartagena solicitó al presidente Iván Duque suspender de su cargo al alcalde William Dau, mientras se le investiga por un presunto detrimento patrimonial de más de mil millones de pesos en un contrato de adquisición de pruebas COVID-19.
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Según el ente de control, la suspensión está amparada en que el alcalde, quien suscribió el contrato como ordenador del gasto, puede “afectar, obstruir, y/o entorpecer la investigación de tipo fiscal o eventualmente comprometer o poner en riesgo aún más el patrimonio del Distrito”.
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Por esta misma investigación el ente de control le pidió al mandatario cartagenero suspender a la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, a quien el pasado viernes 27 de mayo el alcalde Dau apartó del cargo.
Además de la demanda de nulidad, el mandatario cartagenero busca frenar su suspensión con una solicitud de excepción de inconstitucionalidad, que es estudiada en este momento por el Gobierno nacional, y una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH).
El alcalde Willian Dau ha dicho en repetidas ocasiones que la decisión de la Contraloría Distrital atenta contra la democracia y la voluntad del pueblo cartagenero que lo eligió.
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