Tras dos días de audiencia pública en Cartagena, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)ordenó la adopción de medidas cautelares sobre el área de influencia del Canal del Dique en el marco del megaproyecto de intervención de la hidrovía.
El alto tribunal le ordenó, en un plazo máximo de cuatro meses, al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, diseñar un protocolo forense con enfoque diferencial étnico y de género para la búsqueda de personas desaparecidas en el canal.
“Se debe constituir una mesa técnica de carácter inmediato con la asesoría de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en coordinación con la Procuraduría delegada ante la JEP (…) El protocolo debe aplicarse a cualquier tipo de intervención que se haga en el Canal del Dique derivada en el proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen modifiquen o remplace”, explicó el magistrado Alejandro Ramelli citando el auto de la JEP.
La decisión contempla, además, implementación de un lineamiento ante el hallazgo de cuerpos.
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“Ordenar a al Ministerio de Transporte, ANI, que establezca un protocolo para la exhumación, no solo el tratamiento de hallazgo fortuitos de cuerpos sino la garantía de los derechos de las víctimas relacionados con la búsqueda, hallazgos, exhumación, tratamiento y entrega digna”.
Sin embargo, la medida no llega hasta ahí, pues la JEP le ordenó al Ministerio de Transporte, entre otras entidades, la construcción de un documento de lineamiento para la búsqueda de desaparecidos que debe ser aplicado en cualquier proyecto de Infraestructura que se desarrolle en el país.
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“Se deberá elaborar en un plazo máximo de seis meses un documento de lineamientos para protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos no identificados de las víctimas del conflicto armado colombiano con el propósito de garantizar la búsqueda, indentificacion y entrega digna en futuras obras y proyectos en Colombia”, explicó durante la lectura de las conclusiones de la audiencia, el magistrado Alejando Ramelli.
El magistrado, además, detalló que el documento deberá contar con un mecanismo de evaluación de los impactos sociales y ambientales, que incluya la participación en las comunidades interesadas.
El alto tribunal también le ordena a la Fiscalía General de la Nación diseñar un plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique.
“Que incluya las graves violaciones de los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas imputables a grupos armados ilegales, agentes del estado y civiles”, precisaron.
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La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP también deberá realizar en el término de 30 días una inspección judicial al cementerio de Albornoz, ubicado en la ciudad de Cartagena, para establecer si en este lugar existen cuerpos de personas desaparecidas del Canal del Dique.
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