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Ante las devastadoras consecuencias que ha tenido para la economía del país y ante el recrudecimiento del orden público en varias carreteras, tanto el Gobierno Nacional como los voceros de las cuatro agremiaciones que participan en el paro camionero, deben buscar cuanto antes una salida a la parálisis que cumple hoy 37 días.
Las pérdidas causadas por el paro camionero superan el billón de pesos y en algunas ciudades, entre ellas Barranquilla, los alimentos no sólo empiezan a escasear, sino que los precios de los pocos que se consiguen están por las nubes. Igual sucede en Bogotá, Medellín, Cali y otras capitales. Los organizadores del paro reportaron la muerte de uno de los protestantes en Boyacá, mientras que el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, sufrió un grave accidente de tránsito en momentos en que se movilizaba por una de las carreteras bloquedas.
Las exigencias de los camioneros –que cada día se muestran más radicalizados- son fundamentalmente tres: aumento de un 40 por ciento de la llamada tabla de fletes, mantener la chatarrización de vehículos y bajar los precios de los combustibles y de los peajes.
Y aunque el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, ha dicho que el Gobierno está dispuesto al diálogo, la verdad es que las diferencias entre las partes son enormes, entre otras cosas porque el Gobierno considera que las vías de hecho empleadas por los protestantes –que han bloqueado varias carreteras- imposibilita la negociación.
A ello se suma la existencia de un presunto “cartel de la chatarrización”, denunciado por la ex ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, quien señala de pertenecer al mismo a funcionarios del Ministerio de Transporte y camioneros adscritos a la Asociación Colombiana de Camioneros, cuyo vocero es Pedro Aguilar. Se trata –sin duda- de una grave acusación que el líder gremial deberá responder con claridad y contundencia.
Gobierno y camioneros deben, pues, sentarse de nuevo para que sigan negociando. Cuesta creer que un Gobierno que negocia con la organización criminal más letal del país en las últimas cinco décadas, como son las Farc, no busque una fórmula de acuerdo con el sector de los camioneros, que –a su vez- deberá entender que no es bloqueando vías cómo logrará sus objetivos.
Si el Gobierno pudo reconciliarse con las Farc, que han actuado siempre al margen de la Ley, se han financiado del narcotráfico y se han valido de prácticas criminales como el secuestro y la extorsión, no hay ninguna razón para que no lo haga con los líderes del paro camionero, que es un sector fundamental para la economía nacional.
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