El denominado proyecto Solución Definitiva del Agua “El Curval” en Santa Marta atraviesa un nuevo episodio de críticas, pero esta vez se pasó de las alertas técnicas y científicas a acciones legales que tomen medidas contra esta polémica, obra que comprometería las vigencias futuras de la capital del Magdalena y está avaluado por 1.6 billones de pesos.
Blu Radio logró conocer en primicia la acción popular interpuesta por Luis Miguel Moisés, activista ambiental y vocero de la veeduría ciudadana del agua, que busca medidas cautelares en contra del proyecto en proceso de licitación y que la Alcaldía de Santa Marta avanza contra reloj para contratar, a más tardar, el 26 de diciembre de este año.
Moisés fundamenta su demanda en irregularidades que ya han sido alertadas por la Contraloría General de La República y la Procuraduría General de la Nación, así como las observaciones que ha presentado la Veeduría ciudadana que lidera.
Entre los puntos más graves del billonario proyecto se encuentra en que el caudal de los ríos a intervenir no sería el suficiente para darle solución al desabastecimiento de Santa Marta y, lo más grave aún, podría causar un impacto ambiental irremediable que afectaría al Parque Nacional Tayrona.
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“Los estudios que fundamentan este proyecto no tuvieron en cuenta la comparativa de caudal ecológico o ambiental de los ríos (volumen y calidad de agua que se debe mantener en un río para conservar su funcionamiento ecológico y asegurar así el ciclo de vida de los organismos que lo habitan), por lo que se busca sobreexplotar la cuenca.
Hay que recordar que estas aguas alimentan el Parque Tayrona, es decir, de darse este proyecto afectaría el ecosistema de la reserva natural”, explicó Moisés.
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Además, otra de las problemáticas que tiene la mega obra es que, hasta la fecha, no se ha gestionado licencia ambiental, por lo que el activista samario considera que, “por tratarse de un proyecto en una reserva natural, se debe realizar los permisos ante la ANLA y como no se han hecho, este proyecto le pasaría como el de la erosión costera de Playa Salguero, que sería suspendida, lo que perjudicaría en tiempo y presupuesto económico y le costaría, una vez más, a todos los habitantes de Santa Marta”, afirmó.
¿Qué sucede con el proyecto si prospera la acción popular?
De ser admitida la acción popular, el juez ordenaría a la Alcaldía Distrital de Santa Marta la suspensión inmediata del proceso licitatorio, es decir, esta obra no podría ser contratada hasta tanto no se resuelva en su totalidad.
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Además, esta acción considera también lo siguiente:
“Se ordene a la Alcaldía la creación de un comité que promueva, presida e impulse la elaboración de un Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado y Sistema Pluvial y que de ese resultado se determine la obras a realizar junto con el Gobierno Nacional para solucionar los problemas asociados al abastecimiento de agua, tratamiento y disposición de aguas residuales, y la creación de un sistema pluvial que alimente el acuífero de la ciudad", se lee en las pretensiones de la acción.
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Se espera que en los próximos días un juez del Circuito de Santa Marta defina si admite la acción popular que detendría el proyecto del agua con que el caicedismo ha insistido que sería la solución al desabastecimiento de la capital del Magdalena, pese a las alertas emitidas por los entes de control.
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