Con pancartas en mano estos señalaron que "No hay derecho a la salud", y reclamaron que de manera "urgente" les llevaran medicamentos y les den la debida atención a las necesidades en salud que tienen.
Francisco Mejía, directivo sindical del Inpec, explicó que desde que Caprecom fue liquidada, Fiduprevisora (entidad que asumió la atención) no ha atendido de manera oportuna las necesidades en materia de salud de la comunidad de este lugar.
"Esta situación por parte mía se había denunciado porque no contaba el penal con ningún tipo de medicamento. La entidad (Fiduprevisora) asumió en papeles, porque no han llevado nada al centro carcelario", adviertió Mejía.
Aseguró que los medicamentos que tienen es porque particulares lo han donado, a través de campañas de colectas que han realizado. "Esta es una situación (la protesta) que se podía prevenir", comenta.
Este centro también presenta problemas por hacinamiento, siendo que fue construida para albergar solo 600 personas, actualmente alberga tres veces más el número de presos de los que debería tener.
Ante la situación, defensores de derechos humanos y representantes del centro carcelario sostuvieron una reunión con los protestantes, en la que llegaron a un acuerdo para levantar el amotinamiento.
Precisamente, estos presentaron una carta en la que denuncian que los más afectados por el cambio de operador del sistema de salud fueron los pacientes con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, por sus siglas en inglés), quienes señalan que hay una "falta de respuesta ante la necesidad URGENTE de tratamiento".
También adviertieron que los pacientes con Diabetes Mellitus tipo I llevan tres semanas sin recibir aplicación de insulina glargina y glulisina. "Así mismo se encuentran los pacientes con diabetes Mellitus tipo II", indica la carta.
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