Los enfrentamientos entre grupos "neoparamilitares" conocidos como Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y Los Pachenca (también conocidos como Los Giraldo) en la Sierra Nevada de Santa Marta han venido escalando en los últimos días y dejan al menos 500 personas desplazadas. Tras una tensa tregua que se vivió por algún tiempo, los combates persisten, aseguró César Barros, investigador en derechos humanos. De acuerdo con el especialista en conflicto, varias alertas tempranas sobre el fenómeno de violencia fueron ignoradas por las autoridades.
Barros aseguró en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, que por el territorio persiste “una falta de interés”, incluso, pro parte de algunos alcaldes y líderes, que desconocen cuáles son las zonas rurales que comprenden la Sierra.
“Es una falta de interés por parte de las autoridades, tanto regionales como nacionales. Hay alcaldes que no saben ni cuáles son sus territorios rurales, pero más allá de eso, nunca ha existido un plan agrario o de desarrollo. Tampoco el respeto por parte de las comunidades de apropiarse de su desarrollo”, sostuvo el investigador.
“Siguen los conflictos. Las autoridades han desconocido las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y también las que hacemos desde la plataforma. Eso ha venido escalando desde 2016. Hay una restructuración de grupos armados ilegales como Giraldos (Los Pachenca) y Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) que tenían un acuerdo territorial, pero se rompió”, añadió.
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De acuerdo con Barros, asociaciones de exnarcotraficantes de los años 90 han venido financiando en los últimos años a grupos delincuenciales menores como Los Caparros, Los Caribes en el Atlántico, así como otros grupos en Santa Marta, como el Clan Giraldo y Los Pachenca, que operan a manera de 'outsourcing'. El objetivo del robustecimiento de dichas asociaciones criminales, aseguró el investigador, tiene que ver con la consolidación de nuevas rutas del tráfico de estupefacientes con socios en México.
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"Cada narcotraficante que quiera pasar droga por los puertos de Colombia o por las carreteras del Caribe en esa zona tienen que pagar una cuota, estamos hablando de casi 30 o 40 millones de dólares cada mes", aseguró.
Según el especialista, los conflictos y restructuración de grupos ilegales, que tendrían nuevos socios en otros países, estarían usando las curules de paz como una “oportunidad política”. En este sentido, se refirió al hijo de ‘Jorge 40’, Jorge Tovar, quien según su versión tiene un importante caudal electoral en la región del conflicto de conflicto.
El investigador sostuvo que varios candidatos a curules de paz denunciaron esto en su momento, pero “nunca les prestaron atención”, lo que desató una guerra entre grupos: “las autodefensas Gaitanistas se dieron duro con ‘Los Giraldo’ y también con ‘Los Caribes’”.
“A partir de la nueva reconfiguración política del territorio y la llegada de ‘5-7’, quien era aliado ‘Jorge 40’, en las zonas donde ejerció mayor votación Tovar es donde están los cordones de los grupos paramilitares de ‘5-7’, quien llegó a la zona para volver a capturar el poder. Llegó fuerte con un político que es hijo de ‘Jorge 40’”, denunció.
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