Durante una audiencia, el juez 15 penal municipal de Cali impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el coronel Édgar Vega, excomandante de la Policía de Cali; el teniente Néstor Mancilla, excomandante del GOES, y el patrullero Wilson Esparragoza, por su presunta responsabilidad en el asesinato de seis ciudadanos en hechos aislados, durante las manifestaciones del Paro Nacional.
Según la Fiscalía, el coronel Vega no cumplió con su deber para evitar que se accionaran las armas de los uniformados que se encontraban a su cargo y aunque se declaró inocente, fue imputado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.
El ente investigador presentó, además, pruebas sobre la responsabilidad del teniente Mancilla en estos hechos, pues no evitó que el personal que se encontraba bajo su supervisión disparara, y del patrullero Esparragoza, quien habría causado la muerte a un joven en el sector de Puerto Rellena, al impactarlo con una bala de su arma de dotación.
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"Nosotros como representación de víctimas no estuvimos de acuerdo con la medida que se le impuso al comandante del GOES, toda vez que habían muchos más elementos para que se impusiera una medida privativa de la libertad en establecimiento de reclusión", dijo a Blu Radio el abogado de víctimas, John Montaña.
"Ahora sigue una audiencia con el juez penal del circuito para que determine si sigue en firme la decisión o si por el contrario como se pidió, se revoque con relación al comandante del GOES. El proceso está en etapa de juzgamiento, ya está en audiencia de acusación que se adelanta ante el juzgado tercero penal del circuito de Cali", agregó el abogado.
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En inmediaciones al sector de Calipso el 30 de abril del 2021, fueron asesinados Edwin Villa y Heinar Lasso; un segundo evento tuvo lugar en el barrio Siloé, donde en medio de un operativo perdieron la vida José Emilson Ambuila, Kevin Agudelo y Harold Rodríguez quienes adelantaban una velatón el 3 de mayo y el tercer caso registrado frente al CAI de Villa del Sur, el 28 de abril donde fue asesinado un vendedor de zapatillas identificado como Miguel Ángel Pinto.
"Veríamos como un triunfo como representación de familia de víctimas esa medida de aseguramiento, toda vez que fuimos quienes la pedimos en cuanto a que la Fiscalía no quiso pedirla en su momento. Entre ellas, está la prohibición de la salida del país y la de ordenarle a los mando de ellos que no les volvieran a dar un cargo de comandar un grupo de policías. Está bien que sigan dentro de la institución pero en el área administrativa y no operacionales", indicó Montaña.
Las familias de víctimas y su defensa quedan a la espera de la decisión del juez de segunda instancia, sobre un posible cambio en la medida privativa del teniente Mancilla.
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