“No somos narcotraficantes ni guerrilleros, solo intentamos que el estado colombiano cumpla con las promesas del pasado y que implemente los acuerdos de paz y no solo vengan a militarizar la región poniendo en peligro la vida de miles de comunidades negras e indígenas”.
Con estas palabras los líderes de más de 143 veredas de los municipios del Charco e Iscuandé, en Nariño, manifestaron que su molestia durante la toma pacífica al casco urbano de Santa Bárbara de Iscuandé.
Afirman que lo hacen porque “se cansaron” que el Gobierno Nacional solo envié tropas y no dé respuesta alguna a las múltiples necesidades que estas comunidades tienen en educación, salud, infraestructura y proyectos productivos que permitan mejorar la calidad de vida de los miles de habitantes del Pacífico nariñense.
BLU Radio conoció que más de 500 campesinos llegaron hasta la zona urbana de Iscuandé donde obligaron al cierre de la alcaldía, el Banco Agrario y todos los establecimientos comerciales.
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Además amenazaron con quedarse el tiempo que sea necesario hasta el que Gobierno Nacional no ordene el retiro de los militares que llegaron en las últimas horas a esa región.
Los labriegos dicen que la llegada de la fuerza pública pone en peligro la vida de las comunidades porque, en un pasado, junto a las tropas llegaron grupos armados de autodefensas y esa situación ya la vivieron con mucho dolor en esta región de Nariño.
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Nunca hemos secuestrados ni retenido a ningún militar como sucedió en el Catatumbo, tampoco los hemos agredido en asonada como lo afirmo el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hercúles, general Nayro Martínez
“Por el contrario, en un ejemplo de diálogo estamos concertando con ellos su inmediato retiro de la zona y que el ministerio de la defensa diga cuales son las acciones que va a cumplir y que se haga esto a través del consejo comunitario”, añadió.
El líder indicó que su “protesta es justa” y que no están haciendo caso a nadie, ni mucho menos están sometidos ni obligados por ningún grupo armados ilegal.
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“Quienes nos acusan de eso no saben el daño que le están causando a la comunidad porque nos ponen una lápida a la espalda”, preciso.
Consuelo Ardila, alcaldesa de Iscuandé, expresó su preocupación por un inminente desabastecimiento en la población y pidió del Estado colombiano conformar una comisión para evitar que la crisis humanitaria en su municipio desencadene en una tragedia.
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Las comunidades tienen desde el pasado 26 de octubre un cordón humanitario para impedir el paso de un pelotón de 80 soldados, oficiales y suboficiales de la Brigada Móvil 16 del Ejército que llegaron a la vereda vuelta Larga para iniciar con operaciones contra la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
La alcaldesa advirtió que la orden fue impartida desde Bogotá y que ella nunca fue consultada.
La mandataria local insistió que es una situación muy delicada que ni ella misma tiene la solución porque son exigencias que las comunidades están haciendo al gobierno central y aseguró que nadie la ha querido escuchar.
“Tengo temor por lo que pueda pasar porque cada día llegan más y más campesinos y nadie los escucha”, indicó la burgomaestre, quien pidió la mediación de la ONU y otras entidades internacionales para evitar que haya una confrontación armada en la zona que ponga en peligro la vida de su comunidad.
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Finalmente, voceros de la denominada “desobediencia civil” en ese municipio del Pacífico nariñense reafirmaron su propósito de dialogar con el Gobierno, siempre y cuando sean retirados los militares y se logre instalar una mesa.
El diálogo que buscan es para que se permita verificar la situación y se obtenga mediante un dialogo concertado una concertación con las mismas fuerzas militares de que operaciones van a cumplir en la zona.
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Consultado el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hercúles, con sede en Tumaco, general Nayro Martínez, dijo que las fuerzas militares no tienen ni tendrán sitios vedados.
Además, aseguró que las tropas están cumpliendo con el mandato constitucional de hacer presencia en todo el territorio nacional y está claro que en esa parte del pacifico existe un grupo de personas que a toda consta intentan impedir que el Ejército pueda realizar las acciones contra todo generador de violencia.
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