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En Colombia, como en muchos países, las personas han encontrado en las propiedades horizontales un lugar ideal para vivir, ya sea de forma independiente o con sus familias. El acceso a beneficios como seguridad privada, cámaras de vigilancia y zonas comunes por un costo compartido hace que muchos opten por este tipo de vivienda.
El crecimiento en la construcción de copropiedades también ha traído nuevos retos, como el alquiler por temporadas, una práctica que ha generado conflictos entre residentes y ha dejado en evidencia la falta de control de los administradores frente a casos como el arriendo turístico.
El proyecto de ley 632 de 2025, propuesto por los representantes a la Cámara Julio Roberto Salazar Pérdomo, Juan Daniel Peñuela Calvache, Armando Antonio Zabaraín de Arce, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, entre otros, y que todavía está en tramite busca reformar de forma integral la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia.
Entre los cambios se contempla la creación del Registro Único Nacional de Copropiedades y de Administradores, que permitirá identificar a las personas y entidades encargadas de la administración, según el tipo de propiedad: residencial, comercial, industrial, entre otras.
Este ajuste no solo impactaría a conjuntos y administradores, sino también a las alcaldías. La iniciativa propone que la Superintendencia de Industria y Comercio asuma la inspección, vigilancia y control del régimen, al considerar que las administraciones locales carecen de capacidad técnica e independencia política para ejercer esa función.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto tiene que ver con la regulación del alquiler turístico en propiedades horizontales, una fuente de ingresos para miles de personas, que podría verse seriamente afectada.
La ley 632 de 2025 establece lineamientos para el uso de viviendas con fines turísticos, buscando organizar este tipo de actividad, que ha crecido sin mayor control y ha generado molestias a los copropietarios.
Los propietarios que deseen alquilar sus apartamentos por plataformas como Airbnb deberán cumplir con varias condiciones:
Con estos cambios, se busca proteger la tranquilidad de los residentes permanentes, reforzar la seguridad y asegurar que quienes realicen alquileres turísticos cumplan con las normas legales.
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Quienes desarrollen este tipo de negocio necesitarán autorización expresa de la copropiedad y deberán operar a través de plataformas oficiales. Además, estarán obligados a cumplir con las normas tributarias y pagar impuestos como el IVA, lo que para muchos podría convertirse en un reto financiero.
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