Este es el fallo que suspende el salario mínimo
El alto tribunal ordena un decreto transitorio tras las demandas de empresarios y juristas, quienes advierten un impacto inflacionario por el histórico aumento de dos millones de pesos.
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En un giro jurídico que sacude el panorama económico del país, el Consejo de Estado decidió este viernes suspender de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el incremento del salario mínimo para el año 2026. La medida responde a una serie de demandas interpuestas por sectores gremiales y expertos constitucionalistas, quienes cuestionaron la viabilidad financiera de un ajuste que alcanzó el 23,7%.
La providencia del alto tribunal es clara: el Ejecutivo dispone de un plazo máximo de ocho días para emitir un nuevo lineamiento legal. Según el fallo, el tribunal ordenó al Gobierno que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso".
El pasado 30 de diciembre, ante la falta de consenso en la mesa de concertación de políticas salariales, el presidente Gustavo Petro anunció por decreto el que se denominó como "salario mínimo vital". Este ajuste situó la remuneración básica en dos millones de pesos (aproximadamente 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.
Sin embargo, las cifras presentadas por el Gobierno distaron considerablemente de las propuestas iniciales en la negociación tripartita:
Este porcentaje no solo superó las expectativas de los sindicatos, sino que encendió las alarmas en el sector privado y en organismos de control, debido al riesgo de una espiral inflacionaria.
La decisión del Consejo de Estado se fundamenta en el alto impacto económico que conlleva una medida de esta magnitud. En Colombia, el salario mínimo no es solo la base del ingreso para cerca de 2,3 millones de trabajadores (el 10% de la población activa); es también una unidad de medida.
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Analistas advierten que un incremento desproporcionado impacta directamente en:
Desde diversos sectores se ha criticado que el aumento podría terminar "corroyendo el ingreso de los trabajadores" al disparar los precios de bienes y servicios básicos, anulando el poder adquisitivo ganado en el papel.
A partir de la notificación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda deberán coordinar la redacción del decreto transitorio solicitado por el tribunal. Este nuevo documento deberá equilibrar las aspiraciones sociales del Gobierno con la estabilidad macroeconómica exigida por el marco jurídico colombiano. Mientras tanto, el país queda a la espera de una decisión de fondo que determine si el ambicioso incremento del 23,7% tiene sustento legal o si deberá ajustarse a una realidad económica más conservadora.
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