Gobierno propone eliminar exención de energía para sectores clave: habría aumento de precio de 20 %

El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto para comentarios públicos en el que redefine el alcance de la exención de la contribución solidaria en el servicio de energía eléctrica. El documento establece que únicamente las industrias manufactureras mantendrán el beneficio tributario.Con la nueva propuesta, sectores como la agricultura, minería, construcción y servicios públicos deberán asumir el pago del 20 % correspondiente a la contribución solidaria. La medida busca modificar el esquema actual para ampliar la base de recaudo y reducir el gasto fiscal en subsidios energéticos.Según estimaciones oficiales, con esta reclasificación se espera lograr una disminución aproximada de 1,2 billones de pesos anuales en subsidios destinados a los estratos bajos del sistema eléctrico nacional.El proyecto también redefine qué se considera actividad industrial, con lo cual varios sectores que anteriormente estaban exentos dejarán de estarlo. Esta reclasificación tiene como propósito central eliminar beneficios fiscales a empresas que ya no encajarían en la nueva definición del decreto.“Subir la energía 20 %”El representante Óscar Villamizar rechazó la iniciativa y anunció acciones legales. “Demandaremos este decreto mezquino. Subir la energía un 20 %, es seguir condenando a las familias a elegir entre comer o pagar la luz”, expresó el congresista del Centro Democrático.Villamizar también cuestionó el impacto que podría tener la medida sobre la economía y el empleo. “Petro quiere destruir la competitividad, espantar la inversión y acabar con millones de empleos”, señaló, haciendo énfasis en los posibles efectos negativos sobre el tejido productivo nacional.La eliminación del beneficio fiscal aumentaría los costos de producción en varias industrias que hasta ahora contaban con exención. En términos sencillos, el incremento podría trasladarse a los consumidores mediante alzas en los precios de productos y servicios.El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, cuestionó la orientación del Gobierno en materia energética. “Esta norma incurre en un error de intervención: busca controlar los síntomas visibles (las tarifas) pero no atiende las causas estructurales del problema”, declaró a Blu Radio.Considera que la medida es una respuesta más a la urgencia fiscal y al descontento ciudadano por los altos precios que a una política energética integral. “Esta norma incurre en un error de intervención: busca controlar los síntomas visibles (las tarifas) pero no atiende las causas estructurales del problema, como la falta de inversión en exploración y producción nacional, la creciente dependencia de gas importado y la ausencia de verdadera competencia en el mercado”.Reprocha que obligar a que el 95 % de la energía se contrate a largo plazo puede sonar atractivo en términos de estabilidad, pero genera rigideces y distorsiones que, en el mediano plazo, pueden terminar encareciendo el sistema y reduciendo su competitividad.“Mi preocupación es que estemos usando la regulación como un paliativo populista, prometiendo tarifas más bajas en el corto plazo a costa de trasladar riesgos financieros a las empresas generadoras y desincentivar la inversión futura. Colombia necesita una política energética con horizonte de largo plazo: diversificación de fuentes, mayor oferta doméstica de gas, supervisión más estricta para evitar abusos y una transición ordenada hacia energías limpias”, recomendó el también rector de la universidad EIA.La advertencia de Restrepo es que “el país puede terminar hipotecando su sostenibilidad energética y fiscal a cambio de un alivio temporal en las facturas”.