Gremios reaccionan con posiciones encontradas al aumento del salario mínimo en Colombia
Mientras gremios como el arrocero advierten que el alza del salario mínimo encarece la cadena productiva y afecta la competitividad, sectores cafeteros aseguran que el incremento es manejable y fortalece la economía rural.
El aumento del salario mínimo genera reacciones divididas en el sector agrícola del país. Mientras algunos gremios advierten un fuerte impacto en sus costos de producción, otros aseguran que el alza es manejable y beneficiosa para la economía rural.
Desde el sector arrocero, uno de ellos, Eudoro Álvarez, explicó que el impacto no se da tanto por la contratación directa, ya que el arroz es un cultivo semestral y la mayoría de labores se pagan a destajo o por hectárea trabajada, usualmente por encima del salario mínimo.
Sin embargo, advirtió que la afectación llega por el aumento de los costos paralelos. Según Álvarez, con el alza del salario mínimo también suben el transporte, los combustibles, los peajes y las tasas de interés, lo que termina encareciendo toda la cadena productiva. A esto se suma, dijo, la falta de liquidez del sector y la presión por las importaciones de arroz subsidiado, que —según afirmó— ponen en riesgo la competitividad y la seguridad alimentaria del país.
Arroceros / Cultivos
Foto: AFP
“La afectación es por el lado de la elevación de los costos que, paralelamente, se tienen que asumir. Entonces, muy seguramente, sube el transporte. Muy seguramente, el caso de la ACPM ha seguido subiendo, la gasolina está imparable y algunos que usamos gas en los vehículos, pues ya estamos en 3.650 pesos el metro cúbico. Ahora, si lo de los peajes ya nos anunciaron que a partir del 1 de enero nos dan el alineado con un año de alza”, aseguró Álvarez.
Asimismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla la promesa que les hizo de renegociar Tratados de Libre Comercio y medidas estratégicas para evitar que entre arroz de varios países sin control, para proteger la industria arrocera colombiana.
“Entonces nos dicen, oiga, este país es como un potrero sin cerca. Todo el mundo entra y vende lo que quiere y no hay ningún control y no hay ninguna protección a quienes estamos sufriendo en una actividad que es fundamental. Lo primero en el caso nuestro de los productores de alimentos es que cumpla, le quedan siete meses, ocho meses, que cumpla con la promesa que nos hizo. Yo no sé si es que no miran un factor clave que es el de la seguridad alimentaria, ligado a la seguridad alimentaria. Ningún gobierno desesperaba que esto hiciera algo y la verdad ha sido un desastre de ineptitud, de improvisación y de falta de medidas”, pidió.
Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció respecto al aumento del salario mínimo asegurando que desde el sector cafetero respaldan la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y corregir inequidades, pero advirtió que el salario mínimo no es solo una herramienta social, sino un factor macroeconómico con impactos directos sobre inflación, empleo, competitividad y crecimiento.
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“La formalidad es un propósito irrenunciable. Pero la formalidad no se decreta: se construye, y para que exista debe ser económicamente viable. Cuando las cargas superan la capacidad real de pago, el resultado no es más equidad, sino más informalidad”, indicó a través de su cuenta de X.
Cafeteros.
AFP.
A pesar de esto, el empresario santandereano Benjamín Garzón, miembro de la asamblea cafetera, aseguró que el incremento salarial no afecta a los caficultores y, por el contrario, fortalece la economía rural.
“En el caso nuestro, o sea, no nos afecta, vamos a compartir y estamos satisfechos que este Gobierno le dé la posibilidad para que el trabajador gane mejor y, si gana mejor, él compra más cosas, le va bien al trabajador, le va bien a nosotros los que somos los empresarios rurales y le va bien al país”, indicó en conversación con Blu Radio.
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Garzón explicó que en el café la mano de obra representa cerca del 18 % del costo total de producción y que, con precios de venta favorables, es posible asumir el aumento y pagar mejores jornales. Afirmó que compartir las ganancias con los trabajadores mejora el consumo, dinamiza el campo y beneficia al país en general.
“Nosotros nos gastamos en mano de obra seis trabajadores a 90.000 pesos, nosotros ya pagamos más de lo que realmente se está pagando hasta hoy, 90.000 pesos. Seis trabajadores para la carga son 540.000 pesos; en insumo nos gastamos más o menos 300.000 pesos, que son los fertilizantes; nos gastamos en herramientas menores, que es lo que usamos, y la guadaña, más o menos 100.000 pesos. En el tema de la poscosecha, después de que se recogen, digamos, las cepas para limpiarlo, lavarlo y secarlo, nos gastamos más o menos 200.000 pesos en carga. O sea que nuestro costo de producción hoy sería 1.140.000 pesos por una carga y lo vendimos en 3 millones de pesos”, aseguró Garzón.
Billetes colombianos.
Foto: Blu Radio.
También se pronunció, desde el gremio aduanero, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. En diálogo con Blu Radio, Miguel Espinoza, director de FITAC, aseguró que el aumento en el salario mínimo es problemático para el sector, pues este requiere de mucha mano de obra que tendría que reemplazarse por tecnología, ocasionando dificultades en las gestiones logísticas y aduaneras.
“El 75-80 % de los costos de una agencia de aduanas están representados en su mano de obra, en sus funcionarios, en sus auxiliares de aduana, en sus agentes aduaneros. Y, obviamente, muchos de ellos devengan en la base de la pirámide, salarios mínimos. Y, obviamente, toda la carga laboral está representada en gran porcentaje en actividades básicas, de inspecciones, de aforo en aeropuertos, en puertos”, indicó.
Finalmente, advirtió que el anuncio de un incremento superior al 23 % del salario mínimo para 2026 genera una profunda preocupación, pues el alza impactará de forma directa los costos operativos y financieros de las empresas.
Según señalaron, este sobrecosto terminará trasladándose a importadores y, finalmente, al consumidor final, con efectos negativos para la economía. Además, alertaron que ya hay compañías que evalúan relocalizar inversiones y centros logísticos en países vecinos como Perú, Ecuador o Panamá, mientras que para 2026 se anticipa un reacomodo laboral en el sector, mayor automatización, congelación de contrataciones y posibles despidos ante la imposibilidad de sostener las actuales plantas de personal.