La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno Nacional realizar una evaluación inmediata de las pérdidas ocasionadas por la emergencia invernal en Casanare y Arauca, así como activar ayudas financieras para los productores afectados por las inundaciones que han destruido miles de hectáreas de arroz próximas a cosecha.El gremio también pidió la puesta en marcha de líneas de crédito de emergencia, la refinanciación de deudas sin penalidades y subsidios directos para pequeños, medianos y grandes productores damnificados. Además, solicitó el envío de maquinaria amarilla para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que conectan las zonas de producción.Fedearroz expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesan los dos departamentos, donde el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare ha provocado avalanchas e inundaciones que afectan tanto áreas urbanas como rurales.Según el reporte del gremio, las crecientes han inundado miles de hectáreas de arroz que se encontraban en la etapa final antes de la cosecha. Las afectaciones se concentran en la mayoría de los municipios de Casanare y en varias zonas de Arauca, donde también se registran daños en la infraestructura agrícola, carreteras, vías secundarias y terciarias.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para coordinar una respuesta inmediata que permita atender a las comunidades afectadas y restablecer las condiciones para la producción agropecuaria.El dirigente gremial insistió en que es prioritario conformar comisiones técnicas con participación de las autoridades nacionales y departamentales para elaborar un censo real de las hectáreas afectadas y dimensionar las pérdidas, especialmente porque Arauca permanece incomunicado por vía terrestre debido a la emergencia.Fedearroz reiteró su disposición de apoyar las evaluaciones técnicas que sean necesarias y aseguró que continuará acompañando a los productores durante la emergencia, mientras espera que el Gobierno adopte medidas para mitigar el impacto económico y social que deja la temporada de lluvias en la región.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
El aumento del salario mínimo genera reacciones divididas en el sector agrícola del país. Mientras algunos gremios advierten un fuerte impacto en sus costos de producción, otros aseguran que el alza es manejable y beneficiosa para la economía rural.Desde el sector arrocero, uno de ellos, Eudoro Álvarez, explicó que el impacto no se da tanto por la contratación directa, ya que el arroz es un cultivo semestral y la mayoría de labores se pagan a destajo o por hectárea trabajada, usualmente por encima del salario mínimo.Sin embargo, advirtió que la afectación llega por el aumento de los costos paralelos. Según Álvarez, con el alza del salario mínimo también suben el transporte, los combustibles, los peajes y las tasas de interés, lo que termina encareciendo toda la cadena productiva. A esto se suma, dijo, la falta de liquidez del sector y la presión por las importaciones de arroz subsidiado, que —según afirmó— ponen en riesgo la competitividad y la seguridad alimentaria del país.“La afectación es por el lado de la elevación de los costos que, paralelamente, se tienen que asumir. Entonces, muy seguramente, sube el transporte. Muy seguramente, el caso de la ACPM ha seguido subiendo, la gasolina está imparable y algunos que usamos gas en los vehículos, pues ya estamos en 3.650 pesos el metro cúbico. Ahora, si lo de los peajes ya nos anunciaron que a partir del 1 de enero nos dan el alineado con un año de alza”, aseguró Álvarez.Asimismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla la promesa que les hizo de renegociar Tratados de Libre Comercio y medidas estratégicas para evitar que entre arroz de varios países sin control, para proteger la industria arrocera colombiana.“Entonces nos dicen, oiga, este país es como un potrero sin cerca. Todo el mundo entra y vende lo que quiere y no hay ningún control y no hay ninguna protección a quienes estamos sufriendo en una actividad que es fundamental. Lo primero en el caso nuestro de los productores de alimentos es que cumpla, le quedan siete meses, ocho meses, que cumpla con la promesa que nos hizo. Yo no sé si es que no miran un factor clave que es el de la seguridad alimentaria, ligado a la seguridad alimentaria. Ningún gobierno desesperaba que esto hiciera algo y la verdad ha sido un desastre de ineptitud, de improvisación y de falta de medidas”, pidió.Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció respecto al aumento del salario mínimo asegurando que desde el sector cafetero respaldan la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y corregir inequidades, pero advirtió que el salario mínimo no es solo una herramienta social, sino un factor macroeconómico con impactos directos sobre inflación, empleo, competitividad y crecimiento.“La formalidad es un propósito irrenunciable. Pero la formalidad no se decreta: se construye, y para que exista debe ser económicamente viable. Cuando las cargas superan la capacidad real de pago, el resultado no es más equidad, sino más informalidad”, indicó a través de su cuenta de X.A pesar de esto, el empresario santandereano Benjamín Garzón, miembro de la asamblea cafetera, aseguró que el incremento salarial no afecta a los caficultores y, por el contrario, fortalece la economía rural.“En el caso nuestro, o sea, no nos afecta, vamos a compartir y estamos satisfechos que este Gobierno le dé la posibilidad para que el trabajador gane mejor y, si gana mejor, él compra más cosas, le va bien al trabajador, le va bien a nosotros los que somos los empresarios rurales y le va bien al país”, indicó en conversación con Blu Radio.Garzón explicó que en el café la mano de obra representa cerca del 18 % del costo total de producción y que, con precios de venta favorables, es posible asumir el aumento y pagar mejores jornales. Afirmó que compartir las ganancias con los trabajadores mejora el consumo, dinamiza el campo y beneficia al país en general.“Nosotros nos gastamos en mano de obra seis trabajadores a 90.000 pesos, nosotros ya pagamos más de lo que realmente se está pagando hasta hoy, 90.000 pesos. Seis trabajadores para la carga son 540.000 pesos; en insumo nos gastamos más o menos 300.000 pesos, que son los fertilizantes; nos gastamos en herramientas menores, que es lo que usamos, y la guadaña, más o menos 100.000 pesos. En el tema de la poscosecha, después de que se recogen, digamos, las cepas para limpiarlo, lavarlo y secarlo, nos gastamos más o menos 200.000 pesos en carga. O sea que nuestro costo de producción hoy sería 1.140.000 pesos por una carga y lo vendimos en 3 millones de pesos”, aseguró Garzón.También se pronunció, desde el gremio aduanero, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. En diálogo con Blu Radio, Miguel Espinoza, director de FITAC, aseguró que el aumento en el salario mínimo es problemático para el sector, pues este requiere de mucha mano de obra que tendría que reemplazarse por tecnología, ocasionando dificultades en las gestiones logísticas y aduaneras.“El 75-80 % de los costos de una agencia de aduanas están representados en su mano de obra, en sus funcionarios, en sus auxiliares de aduana, en sus agentes aduaneros. Y, obviamente, muchos de ellos devengan en la base de la pirámide, salarios mínimos. Y, obviamente, toda la carga laboral está representada en gran porcentaje en actividades básicas, de inspecciones, de aforo en aeropuertos, en puertos”, indicó.Finalmente, advirtió que el anuncio de un incremento superior al 23 % del salario mínimo para 2026 genera una profunda preocupación, pues el alza impactará de forma directa los costos operativos y financieros de las empresas. Según señalaron, este sobrecosto terminará trasladándose a importadores y, finalmente, al consumidor final, con efectos negativos para la economía. Además, alertaron que ya hay compañías que evalúan relocalizar inversiones y centros logísticos en países vecinos como Perú, Ecuador o Panamá, mientras que para 2026 se anticipa un reacomodo laboral en el sector, mayor automatización, congelación de contrataciones y posibles despidos ante la imposibilidad de sostener las actuales plantas de personal.
La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la celebración del acuerdo entre industriales y productores con el Ministerio de Agricultura sobre la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde.“De esta forma, después de haber analizado la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia, en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia”, se lee en la resolución de la SIC.El acuerdo estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025 y comprende la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy por departamentos, la adopción de un mecanismo de compra del arroz bajo los mismos criterios de calidad y acciones conjuntas para desarrollar el plan de ordenamiento productivo del arroz.Desde la SIC agregaron: “El análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podría implicar una limitante a las condiciones de venta, como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el acuerdo autorizado en el sector arrocero no generará efectos negativos para los consumidores y, por el contrario, contribuirá a dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, con beneficios directos para los hogares. Para garantizar el respeto a la libre competencia, la entidad adelantará un seguimiento detallado a través de la Dirección de Cumplimiento, que deberá recibir información sobre precios, volúmenes de compra, formas de pago y parámetros de calidad del arroz adquirido.Se trata de la primera vez que se aprueba un acuerdo de este tipo en el sector agropecuario, en aplicación del artículo 5 de la Ley 1340 de 2009, con concepto previo del Ministerio de Agricultura. La Superintendencia destacó que este precedente refleja cómo la protección de la libre competencia puede armonizarse con la seguridad alimentaria y el bienestar de los consumidores, en un equilibrio que prioriza tanto la producción justa y responsable como el derecho a una alimentación digna.
Organizaciones de paperos están pidiéndole al Gobierno nacional que firme una resolución de precio piso para la papa en medio de la caída de los precios para los productores.La petición se da apenas unos días después de que el Ministerio de Agricultura firmara una resolución que establece un precio mínimo para el arroz paddy verde, como parte de los compromisos del paro arrocero.Los paperos también han estado protagonizando protestas en las vías en las últimas horas, principalmente en el departamento de Boyacá.“Le pedimos al Gobierno nacional que los funcionarios encargados de atender las solicitudes del sector deben contar con capacidad de decisión. Escuchar no es suficiente. Solo dialogar, tampoco. Se requieren acciones rápidas, concretas y eficaces para resolver las pérdidas actuales por los bajos precios, mientras se avanza en soluciones estructurales como la renegociación de los tratados de libre comercio, el control efectivo del contrabando y el combate de delitos asociados. Ya que, en las reuniones realizadas en Villapinzón, Soraca y Bogotá, solo le ha dado cabida al diálogo sin resolver ninguno de los problemas que atañen al sector”, señalaron algunas organizaciones en un comunicado.Los paperos piden también un esquema de apoyo a la comercialización en el que el Gobierno asuma la diferencia entre el costo de producción y el costo de venta.Según las organizaciones que firman la comunicación, el costo de producción de la papa está entre 80.000 y 100.000 pesos, pero el precio de venta ha caído por debajo de los 30.000.
El Gobierno y los arroceros lograron este jueves un acuerdo que pone fin al del paro nacional de los productores del cereal, que duró 11 días y ocasionó bloqueos en carreteras de 11 de los 32 departamentos que conforman el país, informaron fuentes oficiales.El acuerdo consta de siete puntos que incluyen la regulación del precio del arroz paddy verde, el levantamiento de los bloqueos en las carreteras y medidas de defensa comercial.El Gobierno nacional "da a conocer a toda la ciudadanía que, en el marco del proceso de diálogo abierto, respetuoso, constructivo y participativo con los productores movilizados en el paro arrocero, se ha logrado un acuerdo con el Comité Nacional del Paro Arrocero", dice un comunicado conjunto de los Ministerios de Agricultura, Comercio y del Interior.El acuerdo tiene como eje una resolución que establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, lo que "permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entregó detalles sobre el acuerdo al cual llegaron con los arroceros, aseguró que "El precio que se le paga al productor viene bajando mucho, está por debajo de los costos de producción. La situación de la industria es producir un arroz con un insumo a un precio que no se lo va a pagar el comercio". De acuerdo con la ministra, la intervención del Gobierno en el precio y regulación del arroz "Es temporal, es excepcional. Lo que me permite a mí la ley es que ante una situación, una distorsión en el mercado que claramente afecta a la sostenibilidad y la sustentabilidad de la cadena, yo pueda entrar, intervenir y cuando recupere la normalidad de la cadena, como me lo define la ley, me salgo de esa regulación", explicó.¿Cuándo queda en firme la resolución?De acuerdo con la ministra se espera que sea la otra semana, ya al final de la otra semana, "la Superintendencia haya podido adelantar las gestiones necesarias y firmamos la resolución y quedan firmes".Los acuerdosEn cuanto a las medidas de defensa comercial, se acordó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evaluará la viabilidad de promover la "implementación de medidas de defensa comercial y de medidas con fundamento en la política de aranceles inteligentes frente a las importaciones de arroz paddy y/o de arroz blanco".Esto permitirá enfrentar de mejor manera la competencia del exterior, uno de los puntos centrales que motivaron el paro.Las partes también acordaron crear una comisión con participación de ambas partes, cuyo objetivo será identificar e implementar los mecanismos contemplados en la ley que permitan apoyar a las productoras y productores afectados por la caída de precios del arroz.Del sector arrocero nacional dependen alrededor de 500.000 familias, unos 2,5 millones de personas, según cifras del sector.Las dos principales zonas productoras son la de los Llanos Orientales (Meta y Casanare) y la zona centro (Tolima y Huila), que concentran la mayor producción nacional del cereal que se cultiva en diez departamentos.Escuche aquí la entrevista:
Después de 10 días se logró un acuerdo de siete puntos, entre ellos la regulación de precios, entre el gremio de productores y el Gobierno nacional para levantar el paro arrocero este jueves, 24 de julio.Uno de los principales acuerdos fue fijar los precios del arroz para que se pudiera levantar los bloqueos en las diferentes vías del país."A partir de la firma del acta queda levantado el paro nacional arrocero", dijo el delegado del Ministerio de Agricultura luego de la reunión que se sostuvo en las últimas horas.De esta manera, los arroceros ya no tendrían pérdidas económicas en sus procesos de cultivos, pues dentro de los puntos de acuerdo está la regulación del precio del arroz paddy verde, la defensa comercial del producto nacional con la creación de aranceles "inteligentes" frente a la importación, tarifa especial para el uso del agua, entre otros.Las exigencias de los arrocerosDesde que inició el paro, el gremio arrocero manifestó que la producción del cereal ha dejado de ser rentable, ya que, por los bajos precios del mercado, los productores están registrando pérdidas de hasta 2,8 millones de pesos por cada hectárea cultivada. Esta situación está llevando al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores del país.Vale recordar que este fue el segundo paro nacional de arroceros que se realizó en lo que va del año. El primero ocurrió en marzo y fue suspendido tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los productores afirmaron que los compromisos pactados en ese entonces no han sido cumplidos.Actualmente, cerca de 500.000 familias dependen directamente del sector arrocero colombiano. Las regiones que más aportan a la producción del cereal son los Llanos Orientales (especialmente Meta y Casanare) y los departamentos del Tolima y Huila, que en conjunto concentran la mayor parte del cultivo nacional, distribuido en al menos diez departamentos.
En medio del paro arrocero que se desarrolla en nueve departamentos del país, el gremio de terminales de transporte (Conalter) manifestó que los despachos diarios se han reducido notoriamente. De acuerdo con su directora ejecutiva, Sandra Tatiana Serrato, los bloqueos han afectado principalmente a las terminales del Tolima, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y el Huila, con pérdidas diarias en cada una de ellas de hasta 100 millones de pesos.Desde el gremio aseguran que las pérdidas pueden ser mayores si se tiene en cuenta a los comerciantes de las terminales, quienes han visto reducciones significativas en sus ventas por la falta de pasajeros. Serrato pidió a los usuarios que, en caso de usar un transporte intermunicipal, consulten previamente con las empresas correspondientes para verificar si no hay modificaciones en los horarios del trayecto.Cabe recordar que este paro arrocero ya completa alrededor de 10 días y desde distintos sectores están a la espera de que el Gobierno Nacional alcance un acuerdo con los manifestantes. Tras una nueva jornada de negociaciones, el gremio había anunciado un pacto preliminar para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde. Sin embargo, la medida no se hará oficial hasta que no se presente una resolución ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con los puntos concluidos.“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras", afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros.Para la fecha de publicación de esta noticia, los arroceros se encuentran socializando la resolución que deberá ser entregada ante la SIC. Desde el gremio esperan que, en caso de haber visto bueno, sería posible levantar los bloqueos en los nueve departamentos del país, tales como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y los Santanderes.
Miles de viajeros y turistas que tenían planeado visitar el llano en estos días, podrían tener una alternativa para no tomar las carreteras como la vía al Llano, que permanece bloqueada en algunos tramos. La Aeronáutica Civil de Colombia lanzó llamado un urgente a todas las aerolíneas que operan en el país para que implementen "tarifas solidarias" en los trayectos entre Bogotá y Villavicencio. Esta medida busca aliviar la movilidad de los ciudadanos ante la coyuntura actual derivada del paro arrocero.La iniciativa de la Aerocivil tiene como objetivo minimizar los impactos en la conectividad regional en favor de los derechos de los usuarios del transporte aéreo.En respuesta a este llamado, LATAM Airlines ha actuado de manera voluntaria, implementando un techo tarifario en la ruta alterna Bogotá–Yopal. La aerolínea definió un precio máximo de $285.200 más impuestos por trayecto, el cual se mantendrá vigente hasta el 28 de julio.Tras ellos, Avianca anunció que duplicará la capacidad de movilizar pasajeros hacia Villavicencio, con la implementación del Airbus A320 (tienen capacidad para 180 pasajeros). El trayecto se suma a la operación regular que tiene la compañía con Clic Air, aerolínea aliada que opera con tres vuelos diarios entre Bogotá y Villavicencio."Así, los clientes contarán con un total de 28 vuelos y 3.660 asientos al cierre de esta semana, lo que representa 24,5% más de asientos, en adición al techo tarifario que incluye tasas e impuestos, con el objetivo de responder rápidamente a la situación actual”, dice Avianca en su comunicado.Esta decisión busca brindar una opción viable y accesible para quienes necesitan desplazarse hacia Villavicencio. Desde la Aeronáutica Civil, ratificaron el compromiso de trabajar de cerca con el sector aéreo y las autoridades para garantizar soluciones efectivas durante esta situación temporal.Este panorama se enmarca en un paro arrocero que ha generado bloqueos en diversas vías del país. Si bien se logró un acuerdo preliminar con el Gobierno nacional para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde, este consenso no significa el levantamiento inmediato de los bloqueos. Representantes de los arroceros, como Carlos Rojas, han enfatizado que "no hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos".El Gobierno tiene listo un borrador de acuerdo para levantar los bloqueos, que se espera sea presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Los arroceros están a la espera de que el Gobierno nacional presente este documento a sus voceros para verificar los acuerdos. En caso de un visto bueno, **los bloqueos podrían empezar a levantarse gradualmente**.Para este 24 de julio, se prevé una nueva mesa técnica entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro Arrocero, donde se buscará clarificar el mecanismo para compensar a los agricultores que no lograron entrar en la resolución y los compromisos pendientes de un acuerdo de marzo. El gremio espera que, antes del mediodía de ese día, el acta de compromiso y la resolución en la SIC estén listas para tomar la decisión de levantar los bloqueos en los nueve departamentos afectados, que incluyen Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, y los Santanderes.
El Banco de Bogotá comenzó a restablecer de manera gradual la atención en oficinas ubicadas en las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, luego de verificar el estado de sus colaboradores y realizar evaluaciones de infraestructura.La entidad informó que desde el pasado 11 de agosto empezaron a habilar algunas sedes en Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. Mientras avanza la normalización, los clientes también podrán utilizar los canales digitales y las líneas de atención dispuestas para atender solicitudes.¿Qué oficinas del Banco de Bogotá están habilitadas?De acuerdo con la información entregada por la entidad, estas son las oficinas que estarán disponibles durante la jornada:Risaralda, Caldas y Quindío: Santa Rosa de Cabal, Cable Plaza, Chinchiná, Candelaria, Cartago y Avenida Bolívar.Cali: Candelaria, Jardín Plaza, Alameda, San Nicolás, Ciudad Córdoba, Unicentro Cali, Unico y Bulevar Plaza.Chocó: Itsmina.El banco señaló que la apertura de estas sedes se produce después de culminar las evaluaciones de infraestructura y verificar la integridad de los colaboradores en las ciudades donde el movimiento sísmico tuvo mayor intensidad.La atención, sin embargo, hace parte de un proceso de restablecimiento progresivo de la operación, por lo que los clientes de estas zonas cuentan también con otras alternativas.¿Cómo pueden hacer trámites los clientes afectados?Mientras termina de normalizarse la operación en las regiones afectadas, el Banco de Bogotá mantendrá habilitada una línea de atención prioritaria para los clientes de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.Además, la entidad indicó que sus clientes pueden recurrir a:Línea de atención prioritaria: 6017428386.WhatsApp: +57 318 281 4679.Banca móvil.Banca virtual.Oficinas que continúan funcionando en otras zonas del país.El banco también confirmó que las tarjetas de crédito y débito siguen funcionando con normalidad.Banco de Bogotá habilita canales para recibir donacionesEn medio de la emergencia, el Banco de Bogotá informó que, junto con las entidades financieras del Grupo Aval, facilitará sus más de 2.700 cajeros para la recolección de donaciones destinadas a la respuesta humanitaria y atención de los damnificados.Además, quienes quieran realizar aportes podrán hacerlo directamente a través de las cuentas informadas por la entidad:Cruz Roja: cuenta corriente 078381860.Fundación Colombia Luz y Sonrisas: cuenta de ahorros 125128462.La entidad señaló que estas medidas buscan mantener los servicios financieros disponibles mientras continúa la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
Los Angeles Lakers serán vendidos a Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa a uno de los equipos más emblemáticos de la NBA en 12.500 millones de dólares, informó ESPN este miércoles.La venta, a falta de confirmación oficial, supondría un precio récord para la poderosa liga de baloncesto estadounidense. El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas, según ESPN.La transacción se produciría más de un año después de que el multimillonario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria en el equipo angelino por 10.000 millones de dólares.Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Joshua Kushner, a través del fondo Thrive Eternal, estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA.La iniciativa provocó un sismo en el mundo del fútbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad del balompié, Gianni Infantino.La compra de Walter, anunciada en junio del año pasado, en su momento puso fin a los 46 años de dominio de la familia Buss sobre el gigante de la NBA.Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la liga estadounidense, solo superados por los Boston Celtics.En sus nóminas han desfilado algunas de las mayores estrellas del baloncesto mundial, como Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal y el fallecido Kobe Bryant.Su más reciente figura, LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, dejó el equipo hace menos de un mes para unirse a los Philadelphia 76ers tras pasar ocho años y ganar un título con los angelinos.
En Antioquia se mantienen desplegados equipos técnicos y operativos en las nueve subregiones del departamento para verificar el estado de la red vial departamental, luego del fuerte terremoto del pasado lunes.La Secretaría de Infraestructura de Antioquia informó que ya cuenta con un inventario base de los 125 municipios de la región y que, hasta el momento, se han consolidado reportes y verificaciones en 80 localidades. Paralelamente, continúan los recorridos de campo en diferentes corredores viales.De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Administración Departamental, no se han identificado afectaciones de consideración en la red vial. Sin embargo, en el Suroeste antioqueño se registraron dos situaciones que podrían estar relacionadas con el movimiento telúrico.La primera en la vía La Metida – Concordia, donde se produjo caída de material que generó la ocupación parcial de uno de los carriles y la segunda corresponde a un agrietamiento leve de la superficie de rodadura en la vía Concordia – Betulia.Las autoridades mantienen las labores de inspección en coordinación con los gobiernos locales, con el propósito de establecer si el sismo ocasionó daños adicionales en puentes, pérdidas de banca o derrumbes en diferentes corredores del departamento.La Secretaria de Infraestructura de Antioquia señaló que se conserva activa la capacidad institucional y operativa en territorio para verificar que las condiciones de movilidad sean seguras para los ciudadanos y responder oportunamente ante cualquier eventualidad derivada del terremoto.Finalmente, las autoridades recomendaron mantener atención a los reportes oficiales mientras avanzan las inspecciones en la red vial departamental y se determina si existen nuevas afectaciones asociadas al movimiento sísmico.
En medio de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia, una de las crisis menos visibles, pero igualmente crítica, es la que enfrentan cientos de animales. Refugios colapsados, mascotas heridas y más de 200 animales extraviados hacen parte del panorama que hoy intenta atender la campaña Vaki “Una Garra por Colombia”, impulsada por la senadora Andrea Padilla junto a organizaciones animalistas.La iniciativa surge como una respuesta urgente ante los tres principales impactos que ha dejado la tragedia en el ámbito animal: graves daños en la infraestructura de refugios, múltiples urgencias veterinarias y un alto número de animales perdidos. De acuerdo con el más reciente balance, al menos 32 refugios están colapsados o en riesgo de colapso en distintas regiones del país, albergando cerca de 1.870 animales, principalmente perros y gatos.Frente a este panorama, la campaña “Una Garra por Colombia” habilitó una Vaki para recaudar recursos económicos que permitan reconstruir estos espacios y garantizar la atención básica de los animales. Las donaciones se pueden realizar a través del enlace: https://vaki.co/vaki/una-garra-por-colombia, donde los ciudadanos pueden aportar directamente para la compra de materiales como tejas, cemento, mallas y otros insumos necesarios para la recuperación de los refugios.Además del aporte económico, la campaña también recibe donaciones en especie en distintos puntos del país. En alianza con tiendas Laika, se han habilitado centros de acopio en Bogotá (sedes 116, Chapinero, Modelia y calle 94), Cali (Capri y Pance) y Medellín (El Poblado, Agua Bendita y Llanogrande). Allí, las personas pueden donar alimentos concentrados y húmedos, colchonetas, camas, guacales en buen estado, collares, traíllas, bozales y medicamentos veterinarios, especialmente para manejo del dolor, infecciones y problemas de piel.Por su parte, la Cruz Roja Colombiana también activó su red de ayuda en Bogotá con varios puntos de acopio. El principal está ubicado en la carrera 24 #73-38 y funciona las 24 horas. A este se suman otros espacios habilitados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el estadio El Campín, el centro comercial Unicentro y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En estos lugares también se reciben insumos para animales, reforzando la capacidad de respuesta ante la emergencia.Las ayudas recolectadas serán distribuidas en las zonas más afectadas del país, priorizando los refugios y municipios con mayores afectaciones. El llamado de las autoridades y organizaciones es claro: donar de manera responsable, verificar los canales oficiales y sumarse a esta ola de solidaridad que busca aliviar el impacto del desastre en los más vulnerables.
La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, deja hasta el momento 239 personas fallecidas, 287 desaparecidas y 3.755 heridas, de acuerdo con la más reciente evaluación situacional de daños publicada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El reporte da cuenta de una emergencia de gran magnitud que afecta a 14 departamentos del país. En total, la entidad contabiliza 24.324 personas afectadas y 49.214 personas impactadas por el movimiento telúrico.Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de fallecidosDe acuerdo con el reporte de la UNGRD, Valle del Cauca registra 125 personas fallecidas, seguido por Risaralda, con 94; Chocó, con 14; y Caldas, con 6.La distribución reportada es:Valle del Cauca: 125 fallecidos.Risaralda: 94 fallecidos.Chocó: 14 fallecidos.Caldas: 6 fallecidos.También aparecen afectados otros departamentos como Antioquia, Bolívar, Putumayo, Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Huila, Quindío y Cauca.Más de 9.000 viviendas destruidasEl impacto sobre la infraestructura también es considerable. La evaluación de la UNGRD registra 9.215 viviendas destruidas y otras 45.457 viviendas averiadas.Además, se reportan 1.409 edificaciones colapsadas, junto con afectaciones en distintos servicios e infraestructura esencial.Entre los daños registrados se encuentran:1.667 centros educativos afectados.530 centros comunitarios afectados.188 centros de salud afectados.129 vías afectadas.20 puentes vehiculares afectados.1 puente peatonal afectado.43 acueductos afectados.29 entidades bancarias afectadas.2 aeropuertos afectados.También hay afectaciones a animalesLa emergencia también ha dejado impacto sobre animales. La UNGRD reporta 15 animales afectados, aunque por ahora no registra animales rescatados en el consolidado mostrado. El balance continúa siendo objeto de actualización por parte de las autoridades, mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate, atención de heridos y evaluación de daños en los departamentos afectados.
