El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aclaró en diálogo con Mañanas Blu la polémica generada tras la difusión de sus recientes declaraciones sobre la producción arrocera en Colombia. Frente a las acusaciones en redes sociales que sugerían una directriz oficial para frenar la siembra de arroz a nivel nacional, el jefe de la cartera afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y que la propuesta de sustitución por cultivos como el marañón estaba dirigida únicamente a los campesinos del sur de La Guajira. Descontextualización y alternativas agrícolas en la regiónSegún detalló Dangond, la sugerencia surgió durante un encuentro con los nueve alcaldes del sur de La Guajira para articular el plan de contingencia frente al fenómeno del Niño. En medio de la reunión, un productor del municipio de Fonseca le manifestó las continuas pérdidas económicas sufridas con la siembra de arroz, ante lo cual el ministro le sugirió explorar alternativas agrícolas más rentables para la zona. “Me sacaron de contexto. Me refería, yo estaba en La Guajira con los nueve alcaldes del sur de La Guajira el pasado viernes, precisamente activando el plan contra el fenómeno del niño”, explicó el ministro. Asimismo, señaló que sectores de la oposición editaron la intervención compartida en plataformas digitales: “editaron el video, me sacaron de contexto y lo pusieron como si estuviera diciéndole al país que no sembrara arroz”. Costos de producción e ingresos para pequeños productoresEl funcionario expuso las razones financieras y técnicas por las cuales el arroz resulta inviable en esa zona del Caribe colombiano. “Sembrar una hectárea de arroz vale más de 9 millones de pesos. Ellos no están teniendo rendimiento, sino por debajo de 7 toneladas con un precio a 1,300 les da pérdida”, aseveró. Para contrarrestar esta situación de vulnerabilidad económica, el Ministerio promueve la transición hacia cultivos permanentes de mayor rendimiento financiero por hectárea. “Nosotros estamos promoviendo cultivos que se siembren una vez y duren 25 o 30 años facturándole a los pequeños productores en pequeñas áreas. Son cultivos como el coco, como el Marañón, como Las Palmas que te pueden dar ingresos superiores... a los 48 millones de pesos”, sostuvo Dangond. Adicionalmente, remarcó la visión del Gobierno sobre la agricultura familiar: “no debemos de seguir incentivando cultivos a pequeñas escalas en agricultura familiar si no tienen ingresos superiores a los 2 millones”. La respuesta de Fedearroz y la falta de diálogo institucionalLa respuesta por parte del gremio arrocero fue inmediata. Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz desde hace 36 años, rechazó categóricamente las afirmaciones del ministro y advirtió sobre la desinformación causada entre los agricultores. “Que un ministro de agricultura se atreva a decir semejante disparate, pues nos deja todos sorprendidos”.Hernández señaló que el gremio le ha enviado tres cartas al ministro Dangond para invitarlo a la junta directiva y solicitar la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz, sin haber recibido respuesta alguna.En relación con los cuestionamientos de eficiencia, Hernández explicó que los rendimientos promedio del país pasaron de 2,5 a 5,5 toneladas por hectárea desde la creación de la cuota de fomento. Asimismo, aclaró que cerca del 70% del área arrocera nacional se siembra en los Llanos Orientales (Casanare y Meta) bajo el sistema de secano (dependiente de las lluvias), lo que condiciona técnicamente los volúmenes de producción.Finalmente, la dirigencia de Fedearroz recordó que el manejo de los fondos parafiscales cuenta con la supervisión de la Contraloría y la Procuraduría, organismos que han calificado la ejecución institucional con más del 93% de eficiencia. Escuche aquí la entrevista:
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno Nacional realizar una evaluación inmediata de las pérdidas ocasionadas por la emergencia invernal en Casanare y Arauca, así como activar ayudas financieras para los productores afectados por las inundaciones que han destruido miles de hectáreas de arroz próximas a cosecha.El gremio también pidió la puesta en marcha de líneas de crédito de emergencia, la refinanciación de deudas sin penalidades y subsidios directos para pequeños, medianos y grandes productores damnificados. Además, solicitó el envío de maquinaria amarilla para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que conectan las zonas de producción.Fedearroz expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesan los dos departamentos, donde el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare ha provocado avalanchas e inundaciones que afectan tanto áreas urbanas como rurales.Según el reporte del gremio, las crecientes han inundado miles de hectáreas de arroz que se encontraban en la etapa final antes de la cosecha. Las afectaciones se concentran en la mayoría de los municipios de Casanare y en varias zonas de Arauca, donde también se registran daños en la infraestructura agrícola, carreteras, vías secundarias y terciarias.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para coordinar una respuesta inmediata que permita atender a las comunidades afectadas y restablecer las condiciones para la producción agropecuaria.El dirigente gremial insistió en que es prioritario conformar comisiones técnicas con participación de las autoridades nacionales y departamentales para elaborar un censo real de las hectáreas afectadas y dimensionar las pérdidas, especialmente porque Arauca permanece incomunicado por vía terrestre debido a la emergencia.Fedearroz reiteró su disposición de apoyar las evaluaciones técnicas que sean necesarias y aseguró que continuará acompañando a los productores durante la emergencia, mientras espera que el Gobierno adopte medidas para mitigar el impacto económico y social que deja la temporada de lluvias en la región.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
El aumento del salario mínimo genera reacciones divididas en el sector agrícola del país. Mientras algunos gremios advierten un fuerte impacto en sus costos de producción, otros aseguran que el alza es manejable y beneficiosa para la economía rural.Desde el sector arrocero, uno de ellos, Eudoro Álvarez, explicó que el impacto no se da tanto por la contratación directa, ya que el arroz es un cultivo semestral y la mayoría de labores se pagan a destajo o por hectárea trabajada, usualmente por encima del salario mínimo.Sin embargo, advirtió que la afectación llega por el aumento de los costos paralelos. Según Álvarez, con el alza del salario mínimo también suben el transporte, los combustibles, los peajes y las tasas de interés, lo que termina encareciendo toda la cadena productiva. A esto se suma, dijo, la falta de liquidez del sector y la presión por las importaciones de arroz subsidiado, que —según afirmó— ponen en riesgo la competitividad y la seguridad alimentaria del país.“La afectación es por el lado de la elevación de los costos que, paralelamente, se tienen que asumir. Entonces, muy seguramente, sube el transporte. Muy seguramente, el caso de la ACPM ha seguido subiendo, la gasolina está imparable y algunos que usamos gas en los vehículos, pues ya estamos en 3.650 pesos el metro cúbico. Ahora, si lo de los peajes ya nos anunciaron que a partir del 1 de enero nos dan el alineado con un año de alza”, aseguró Álvarez.Asimismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla la promesa que les hizo de renegociar Tratados de Libre Comercio y medidas estratégicas para evitar que entre arroz de varios países sin control, para proteger la industria arrocera colombiana.“Entonces nos dicen, oiga, este país es como un potrero sin cerca. Todo el mundo entra y vende lo que quiere y no hay ningún control y no hay ninguna protección a quienes estamos sufriendo en una actividad que es fundamental. Lo primero en el caso nuestro de los productores de alimentos es que cumpla, le quedan siete meses, ocho meses, que cumpla con la promesa que nos hizo. Yo no sé si es que no miran un factor clave que es el de la seguridad alimentaria, ligado a la seguridad alimentaria. Ningún gobierno desesperaba que esto hiciera algo y la verdad ha sido un desastre de ineptitud, de improvisación y de falta de medidas”, pidió.Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció respecto al aumento del salario mínimo asegurando que desde el sector cafetero respaldan la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y corregir inequidades, pero advirtió que el salario mínimo no es solo una herramienta social, sino un factor macroeconómico con impactos directos sobre inflación, empleo, competitividad y crecimiento.“La formalidad es un propósito irrenunciable. Pero la formalidad no se decreta: se construye, y para que exista debe ser económicamente viable. Cuando las cargas superan la capacidad real de pago, el resultado no es más equidad, sino más informalidad”, indicó a través de su cuenta de X.A pesar de esto, el empresario santandereano Benjamín Garzón, miembro de la asamblea cafetera, aseguró que el incremento salarial no afecta a los caficultores y, por el contrario, fortalece la economía rural.“En el caso nuestro, o sea, no nos afecta, vamos a compartir y estamos satisfechos que este Gobierno le dé la posibilidad para que el trabajador gane mejor y, si gana mejor, él compra más cosas, le va bien al trabajador, le va bien a nosotros los que somos los empresarios rurales y le va bien al país”, indicó en conversación con Blu Radio.Garzón explicó que en el café la mano de obra representa cerca del 18 % del costo total de producción y que, con precios de venta favorables, es posible asumir el aumento y pagar mejores jornales. Afirmó que compartir las ganancias con los trabajadores mejora el consumo, dinamiza el campo y beneficia al país en general.“Nosotros nos gastamos en mano de obra seis trabajadores a 90.000 pesos, nosotros ya pagamos más de lo que realmente se está pagando hasta hoy, 90.000 pesos. Seis trabajadores para la carga son 540.000 pesos; en insumo nos gastamos más o menos 300.000 pesos, que son los fertilizantes; nos gastamos en herramientas menores, que es lo que usamos, y la guadaña, más o menos 100.000 pesos. En el tema de la poscosecha, después de que se recogen, digamos, las cepas para limpiarlo, lavarlo y secarlo, nos gastamos más o menos 200.000 pesos en carga. O sea que nuestro costo de producción hoy sería 1.140.000 pesos por una carga y lo vendimos en 3 millones de pesos”, aseguró Garzón.También se pronunció, desde el gremio aduanero, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. En diálogo con Blu Radio, Miguel Espinoza, director de FITAC, aseguró que el aumento en el salario mínimo es problemático para el sector, pues este requiere de mucha mano de obra que tendría que reemplazarse por tecnología, ocasionando dificultades en las gestiones logísticas y aduaneras.“El 75-80 % de los costos de una agencia de aduanas están representados en su mano de obra, en sus funcionarios, en sus auxiliares de aduana, en sus agentes aduaneros. Y, obviamente, muchos de ellos devengan en la base de la pirámide, salarios mínimos. Y, obviamente, toda la carga laboral está representada en gran porcentaje en actividades básicas, de inspecciones, de aforo en aeropuertos, en puertos”, indicó.Finalmente, advirtió que el anuncio de un incremento superior al 23 % del salario mínimo para 2026 genera una profunda preocupación, pues el alza impactará de forma directa los costos operativos y financieros de las empresas. Según señalaron, este sobrecosto terminará trasladándose a importadores y, finalmente, al consumidor final, con efectos negativos para la economía. Además, alertaron que ya hay compañías que evalúan relocalizar inversiones y centros logísticos en países vecinos como Perú, Ecuador o Panamá, mientras que para 2026 se anticipa un reacomodo laboral en el sector, mayor automatización, congelación de contrataciones y posibles despidos ante la imposibilidad de sostener las actuales plantas de personal.
La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la celebración del acuerdo entre industriales y productores con el Ministerio de Agricultura sobre la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde.“De esta forma, después de haber analizado la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia, en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia”, se lee en la resolución de la SIC.El acuerdo estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025 y comprende la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy por departamentos, la adopción de un mecanismo de compra del arroz bajo los mismos criterios de calidad y acciones conjuntas para desarrollar el plan de ordenamiento productivo del arroz.Desde la SIC agregaron: “El análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podría implicar una limitante a las condiciones de venta, como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el acuerdo autorizado en el sector arrocero no generará efectos negativos para los consumidores y, por el contrario, contribuirá a dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, con beneficios directos para los hogares. Para garantizar el respeto a la libre competencia, la entidad adelantará un seguimiento detallado a través de la Dirección de Cumplimiento, que deberá recibir información sobre precios, volúmenes de compra, formas de pago y parámetros de calidad del arroz adquirido.Se trata de la primera vez que se aprueba un acuerdo de este tipo en el sector agropecuario, en aplicación del artículo 5 de la Ley 1340 de 2009, con concepto previo del Ministerio de Agricultura. La Superintendencia destacó que este precedente refleja cómo la protección de la libre competencia puede armonizarse con la seguridad alimentaria y el bienestar de los consumidores, en un equilibrio que prioriza tanto la producción justa y responsable como el derecho a una alimentación digna.
Organizaciones de paperos están pidiéndole al Gobierno nacional que firme una resolución de precio piso para la papa en medio de la caída de los precios para los productores.La petición se da apenas unos días después de que el Ministerio de Agricultura firmara una resolución que establece un precio mínimo para el arroz paddy verde, como parte de los compromisos del paro arrocero.Los paperos también han estado protagonizando protestas en las vías en las últimas horas, principalmente en el departamento de Boyacá.“Le pedimos al Gobierno nacional que los funcionarios encargados de atender las solicitudes del sector deben contar con capacidad de decisión. Escuchar no es suficiente. Solo dialogar, tampoco. Se requieren acciones rápidas, concretas y eficaces para resolver las pérdidas actuales por los bajos precios, mientras se avanza en soluciones estructurales como la renegociación de los tratados de libre comercio, el control efectivo del contrabando y el combate de delitos asociados. Ya que, en las reuniones realizadas en Villapinzón, Soraca y Bogotá, solo le ha dado cabida al diálogo sin resolver ninguno de los problemas que atañen al sector”, señalaron algunas organizaciones en un comunicado.Los paperos piden también un esquema de apoyo a la comercialización en el que el Gobierno asuma la diferencia entre el costo de producción y el costo de venta.Según las organizaciones que firman la comunicación, el costo de producción de la papa está entre 80.000 y 100.000 pesos, pero el precio de venta ha caído por debajo de los 30.000.
El Gobierno y los arroceros lograron este jueves un acuerdo que pone fin al del paro nacional de los productores del cereal, que duró 11 días y ocasionó bloqueos en carreteras de 11 de los 32 departamentos que conforman el país, informaron fuentes oficiales.El acuerdo consta de siete puntos que incluyen la regulación del precio del arroz paddy verde, el levantamiento de los bloqueos en las carreteras y medidas de defensa comercial.El Gobierno nacional "da a conocer a toda la ciudadanía que, en el marco del proceso de diálogo abierto, respetuoso, constructivo y participativo con los productores movilizados en el paro arrocero, se ha logrado un acuerdo con el Comité Nacional del Paro Arrocero", dice un comunicado conjunto de los Ministerios de Agricultura, Comercio y del Interior.El acuerdo tiene como eje una resolución que establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, lo que "permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entregó detalles sobre el acuerdo al cual llegaron con los arroceros, aseguró que "El precio que se le paga al productor viene bajando mucho, está por debajo de los costos de producción. La situación de la industria es producir un arroz con un insumo a un precio que no se lo va a pagar el comercio". De acuerdo con la ministra, la intervención del Gobierno en el precio y regulación del arroz "Es temporal, es excepcional. Lo que me permite a mí la ley es que ante una situación, una distorsión en el mercado que claramente afecta a la sostenibilidad y la sustentabilidad de la cadena, yo pueda entrar, intervenir y cuando recupere la normalidad de la cadena, como me lo define la ley, me salgo de esa regulación", explicó.¿Cuándo queda en firme la resolución?De acuerdo con la ministra se espera que sea la otra semana, ya al final de la otra semana, "la Superintendencia haya podido adelantar las gestiones necesarias y firmamos la resolución y quedan firmes".Los acuerdosEn cuanto a las medidas de defensa comercial, se acordó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evaluará la viabilidad de promover la "implementación de medidas de defensa comercial y de medidas con fundamento en la política de aranceles inteligentes frente a las importaciones de arroz paddy y/o de arroz blanco".Esto permitirá enfrentar de mejor manera la competencia del exterior, uno de los puntos centrales que motivaron el paro.Las partes también acordaron crear una comisión con participación de ambas partes, cuyo objetivo será identificar e implementar los mecanismos contemplados en la ley que permitan apoyar a las productoras y productores afectados por la caída de precios del arroz.Del sector arrocero nacional dependen alrededor de 500.000 familias, unos 2,5 millones de personas, según cifras del sector.Las dos principales zonas productoras son la de los Llanos Orientales (Meta y Casanare) y la zona centro (Tolima y Huila), que concentran la mayor producción nacional del cereal que se cultiva en diez departamentos.Escuche aquí la entrevista:
Después de 10 días se logró un acuerdo de siete puntos, entre ellos la regulación de precios, entre el gremio de productores y el Gobierno nacional para levantar el paro arrocero este jueves, 24 de julio.Uno de los principales acuerdos fue fijar los precios del arroz para que se pudiera levantar los bloqueos en las diferentes vías del país."A partir de la firma del acta queda levantado el paro nacional arrocero", dijo el delegado del Ministerio de Agricultura luego de la reunión que se sostuvo en las últimas horas.De esta manera, los arroceros ya no tendrían pérdidas económicas en sus procesos de cultivos, pues dentro de los puntos de acuerdo está la regulación del precio del arroz paddy verde, la defensa comercial del producto nacional con la creación de aranceles "inteligentes" frente a la importación, tarifa especial para el uso del agua, entre otros.Las exigencias de los arrocerosDesde que inició el paro, el gremio arrocero manifestó que la producción del cereal ha dejado de ser rentable, ya que, por los bajos precios del mercado, los productores están registrando pérdidas de hasta 2,8 millones de pesos por cada hectárea cultivada. Esta situación está llevando al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores del país.Vale recordar que este fue el segundo paro nacional de arroceros que se realizó en lo que va del año. El primero ocurrió en marzo y fue suspendido tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los productores afirmaron que los compromisos pactados en ese entonces no han sido cumplidos.Actualmente, cerca de 500.000 familias dependen directamente del sector arrocero colombiano. Las regiones que más aportan a la producción del cereal son los Llanos Orientales (especialmente Meta y Casanare) y los departamentos del Tolima y Huila, que en conjunto concentran la mayor parte del cultivo nacional, distribuido en al menos diez departamentos.
En medio del paro arrocero que se desarrolla en nueve departamentos del país, el gremio de terminales de transporte (Conalter) manifestó que los despachos diarios se han reducido notoriamente. De acuerdo con su directora ejecutiva, Sandra Tatiana Serrato, los bloqueos han afectado principalmente a las terminales del Tolima, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y el Huila, con pérdidas diarias en cada una de ellas de hasta 100 millones de pesos.Desde el gremio aseguran que las pérdidas pueden ser mayores si se tiene en cuenta a los comerciantes de las terminales, quienes han visto reducciones significativas en sus ventas por la falta de pasajeros. Serrato pidió a los usuarios que, en caso de usar un transporte intermunicipal, consulten previamente con las empresas correspondientes para verificar si no hay modificaciones en los horarios del trayecto.Cabe recordar que este paro arrocero ya completa alrededor de 10 días y desde distintos sectores están a la espera de que el Gobierno Nacional alcance un acuerdo con los manifestantes. Tras una nueva jornada de negociaciones, el gremio había anunciado un pacto preliminar para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde. Sin embargo, la medida no se hará oficial hasta que no se presente una resolución ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con los puntos concluidos.“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras", afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros.Para la fecha de publicación de esta noticia, los arroceros se encuentran socializando la resolución que deberá ser entregada ante la SIC. Desde el gremio esperan que, en caso de haber visto bueno, sería posible levantar los bloqueos en los nueve departamentos del país, tales como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y los Santanderes.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
