El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
El aumento del salario mínimo genera reacciones divididas en el sector agrícola del país. Mientras algunos gremios advierten un fuerte impacto en sus costos de producción, otros aseguran que el alza es manejable y beneficiosa para la economía rural.Desde el sector arrocero, uno de ellos, Eudoro Álvarez, explicó que el impacto no se da tanto por la contratación directa, ya que el arroz es un cultivo semestral y la mayoría de labores se pagan a destajo o por hectárea trabajada, usualmente por encima del salario mínimo.Sin embargo, advirtió que la afectación llega por el aumento de los costos paralelos. Según Álvarez, con el alza del salario mínimo también suben el transporte, los combustibles, los peajes y las tasas de interés, lo que termina encareciendo toda la cadena productiva. A esto se suma, dijo, la falta de liquidez del sector y la presión por las importaciones de arroz subsidiado, que —según afirmó— ponen en riesgo la competitividad y la seguridad alimentaria del país.“La afectación es por el lado de la elevación de los costos que, paralelamente, se tienen que asumir. Entonces, muy seguramente, sube el transporte. Muy seguramente, el caso de la ACPM ha seguido subiendo, la gasolina está imparable y algunos que usamos gas en los vehículos, pues ya estamos en 3.650 pesos el metro cúbico. Ahora, si lo de los peajes ya nos anunciaron que a partir del 1 de enero nos dan el alineado con un año de alza”, aseguró Álvarez.Asimismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla la promesa que les hizo de renegociar Tratados de Libre Comercio y medidas estratégicas para evitar que entre arroz de varios países sin control, para proteger la industria arrocera colombiana.“Entonces nos dicen, oiga, este país es como un potrero sin cerca. Todo el mundo entra y vende lo que quiere y no hay ningún control y no hay ninguna protección a quienes estamos sufriendo en una actividad que es fundamental. Lo primero en el caso nuestro de los productores de alimentos es que cumpla, le quedan siete meses, ocho meses, que cumpla con la promesa que nos hizo. Yo no sé si es que no miran un factor clave que es el de la seguridad alimentaria, ligado a la seguridad alimentaria. Ningún gobierno desesperaba que esto hiciera algo y la verdad ha sido un desastre de ineptitud, de improvisación y de falta de medidas”, pidió.Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció respecto al aumento del salario mínimo asegurando que desde el sector cafetero respaldan la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y corregir inequidades, pero advirtió que el salario mínimo no es solo una herramienta social, sino un factor macroeconómico con impactos directos sobre inflación, empleo, competitividad y crecimiento.“La formalidad es un propósito irrenunciable. Pero la formalidad no se decreta: se construye, y para que exista debe ser económicamente viable. Cuando las cargas superan la capacidad real de pago, el resultado no es más equidad, sino más informalidad”, indicó a través de su cuenta de X.A pesar de esto, el empresario santandereano Benjamín Garzón, miembro de la asamblea cafetera, aseguró que el incremento salarial no afecta a los caficultores y, por el contrario, fortalece la economía rural.“En el caso nuestro, o sea, no nos afecta, vamos a compartir y estamos satisfechos que este Gobierno le dé la posibilidad para que el trabajador gane mejor y, si gana mejor, él compra más cosas, le va bien al trabajador, le va bien a nosotros los que somos los empresarios rurales y le va bien al país”, indicó en conversación con Blu Radio.Garzón explicó que en el café la mano de obra representa cerca del 18 % del costo total de producción y que, con precios de venta favorables, es posible asumir el aumento y pagar mejores jornales. Afirmó que compartir las ganancias con los trabajadores mejora el consumo, dinamiza el campo y beneficia al país en general.“Nosotros nos gastamos en mano de obra seis trabajadores a 90.000 pesos, nosotros ya pagamos más de lo que realmente se está pagando hasta hoy, 90.000 pesos. Seis trabajadores para la carga son 540.000 pesos; en insumo nos gastamos más o menos 300.000 pesos, que son los fertilizantes; nos gastamos en herramientas menores, que es lo que usamos, y la guadaña, más o menos 100.000 pesos. En el tema de la poscosecha, después de que se recogen, digamos, las cepas para limpiarlo, lavarlo y secarlo, nos gastamos más o menos 200.000 pesos en carga. O sea que nuestro costo de producción hoy sería 1.140.000 pesos por una carga y lo vendimos en 3 millones de pesos”, aseguró Garzón.También se pronunció, desde el gremio aduanero, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. En diálogo con Blu Radio, Miguel Espinoza, director de FITAC, aseguró que el aumento en el salario mínimo es problemático para el sector, pues este requiere de mucha mano de obra que tendría que reemplazarse por tecnología, ocasionando dificultades en las gestiones logísticas y aduaneras.“El 75-80 % de los costos de una agencia de aduanas están representados en su mano de obra, en sus funcionarios, en sus auxiliares de aduana, en sus agentes aduaneros. Y, obviamente, muchos de ellos devengan en la base de la pirámide, salarios mínimos. Y, obviamente, toda la carga laboral está representada en gran porcentaje en actividades básicas, de inspecciones, de aforo en aeropuertos, en puertos”, indicó.Finalmente, advirtió que el anuncio de un incremento superior al 23 % del salario mínimo para 2026 genera una profunda preocupación, pues el alza impactará de forma directa los costos operativos y financieros de las empresas. Según señalaron, este sobrecosto terminará trasladándose a importadores y, finalmente, al consumidor final, con efectos negativos para la economía. Además, alertaron que ya hay compañías que evalúan relocalizar inversiones y centros logísticos en países vecinos como Perú, Ecuador o Panamá, mientras que para 2026 se anticipa un reacomodo laboral en el sector, mayor automatización, congelación de contrataciones y posibles despidos ante la imposibilidad de sostener las actuales plantas de personal.
La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la celebración del acuerdo entre industriales y productores con el Ministerio de Agricultura sobre la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde.“De esta forma, después de haber analizado la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia, en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia”, se lee en la resolución de la SIC.El acuerdo estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025 y comprende la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy por departamentos, la adopción de un mecanismo de compra del arroz bajo los mismos criterios de calidad y acciones conjuntas para desarrollar el plan de ordenamiento productivo del arroz.Desde la SIC agregaron: “El análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podría implicar una limitante a las condiciones de venta, como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el acuerdo autorizado en el sector arrocero no generará efectos negativos para los consumidores y, por el contrario, contribuirá a dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, con beneficios directos para los hogares. Para garantizar el respeto a la libre competencia, la entidad adelantará un seguimiento detallado a través de la Dirección de Cumplimiento, que deberá recibir información sobre precios, volúmenes de compra, formas de pago y parámetros de calidad del arroz adquirido.Se trata de la primera vez que se aprueba un acuerdo de este tipo en el sector agropecuario, en aplicación del artículo 5 de la Ley 1340 de 2009, con concepto previo del Ministerio de Agricultura. La Superintendencia destacó que este precedente refleja cómo la protección de la libre competencia puede armonizarse con la seguridad alimentaria y el bienestar de los consumidores, en un equilibrio que prioriza tanto la producción justa y responsable como el derecho a una alimentación digna.
Organizaciones de paperos están pidiéndole al Gobierno nacional que firme una resolución de precio piso para la papa en medio de la caída de los precios para los productores.La petición se da apenas unos días después de que el Ministerio de Agricultura firmara una resolución que establece un precio mínimo para el arroz paddy verde, como parte de los compromisos del paro arrocero.Los paperos también han estado protagonizando protestas en las vías en las últimas horas, principalmente en el departamento de Boyacá.“Le pedimos al Gobierno nacional que los funcionarios encargados de atender las solicitudes del sector deben contar con capacidad de decisión. Escuchar no es suficiente. Solo dialogar, tampoco. Se requieren acciones rápidas, concretas y eficaces para resolver las pérdidas actuales por los bajos precios, mientras se avanza en soluciones estructurales como la renegociación de los tratados de libre comercio, el control efectivo del contrabando y el combate de delitos asociados. Ya que, en las reuniones realizadas en Villapinzón, Soraca y Bogotá, solo le ha dado cabida al diálogo sin resolver ninguno de los problemas que atañen al sector”, señalaron algunas organizaciones en un comunicado.Los paperos piden también un esquema de apoyo a la comercialización en el que el Gobierno asuma la diferencia entre el costo de producción y el costo de venta.Según las organizaciones que firman la comunicación, el costo de producción de la papa está entre 80.000 y 100.000 pesos, pero el precio de venta ha caído por debajo de los 30.000.
El Gobierno y los arroceros lograron este jueves un acuerdo que pone fin al del paro nacional de los productores del cereal, que duró 11 días y ocasionó bloqueos en carreteras de 11 de los 32 departamentos que conforman el país, informaron fuentes oficiales.El acuerdo consta de siete puntos que incluyen la regulación del precio del arroz paddy verde, el levantamiento de los bloqueos en las carreteras y medidas de defensa comercial.El Gobierno nacional "da a conocer a toda la ciudadanía que, en el marco del proceso de diálogo abierto, respetuoso, constructivo y participativo con los productores movilizados en el paro arrocero, se ha logrado un acuerdo con el Comité Nacional del Paro Arrocero", dice un comunicado conjunto de los Ministerios de Agricultura, Comercio y del Interior.El acuerdo tiene como eje una resolución que establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, lo que "permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entregó detalles sobre el acuerdo al cual llegaron con los arroceros, aseguró que "El precio que se le paga al productor viene bajando mucho, está por debajo de los costos de producción. La situación de la industria es producir un arroz con un insumo a un precio que no se lo va a pagar el comercio". De acuerdo con la ministra, la intervención del Gobierno en el precio y regulación del arroz "Es temporal, es excepcional. Lo que me permite a mí la ley es que ante una situación, una distorsión en el mercado que claramente afecta a la sostenibilidad y la sustentabilidad de la cadena, yo pueda entrar, intervenir y cuando recupere la normalidad de la cadena, como me lo define la ley, me salgo de esa regulación", explicó.¿Cuándo queda en firme la resolución?De acuerdo con la ministra se espera que sea la otra semana, ya al final de la otra semana, "la Superintendencia haya podido adelantar las gestiones necesarias y firmamos la resolución y quedan firmes".Los acuerdosEn cuanto a las medidas de defensa comercial, se acordó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evaluará la viabilidad de promover la "implementación de medidas de defensa comercial y de medidas con fundamento en la política de aranceles inteligentes frente a las importaciones de arroz paddy y/o de arroz blanco".Esto permitirá enfrentar de mejor manera la competencia del exterior, uno de los puntos centrales que motivaron el paro.Las partes también acordaron crear una comisión con participación de ambas partes, cuyo objetivo será identificar e implementar los mecanismos contemplados en la ley que permitan apoyar a las productoras y productores afectados por la caída de precios del arroz.Del sector arrocero nacional dependen alrededor de 500.000 familias, unos 2,5 millones de personas, según cifras del sector.Las dos principales zonas productoras son la de los Llanos Orientales (Meta y Casanare) y la zona centro (Tolima y Huila), que concentran la mayor producción nacional del cereal que se cultiva en diez departamentos.Escuche aquí la entrevista:
Después de 10 días se logró un acuerdo de siete puntos, entre ellos la regulación de precios, entre el gremio de productores y el Gobierno nacional para levantar el paro arrocero este jueves, 24 de julio.Uno de los principales acuerdos fue fijar los precios del arroz para que se pudiera levantar los bloqueos en las diferentes vías del país."A partir de la firma del acta queda levantado el paro nacional arrocero", dijo el delegado del Ministerio de Agricultura luego de la reunión que se sostuvo en las últimas horas.De esta manera, los arroceros ya no tendrían pérdidas económicas en sus procesos de cultivos, pues dentro de los puntos de acuerdo está la regulación del precio del arroz paddy verde, la defensa comercial del producto nacional con la creación de aranceles "inteligentes" frente a la importación, tarifa especial para el uso del agua, entre otros.Las exigencias de los arrocerosDesde que inició el paro, el gremio arrocero manifestó que la producción del cereal ha dejado de ser rentable, ya que, por los bajos precios del mercado, los productores están registrando pérdidas de hasta 2,8 millones de pesos por cada hectárea cultivada. Esta situación está llevando al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores del país.Vale recordar que este fue el segundo paro nacional de arroceros que se realizó en lo que va del año. El primero ocurrió en marzo y fue suspendido tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los productores afirmaron que los compromisos pactados en ese entonces no han sido cumplidos.Actualmente, cerca de 500.000 familias dependen directamente del sector arrocero colombiano. Las regiones que más aportan a la producción del cereal son los Llanos Orientales (especialmente Meta y Casanare) y los departamentos del Tolima y Huila, que en conjunto concentran la mayor parte del cultivo nacional, distribuido en al menos diez departamentos.
En medio del paro arrocero que se desarrolla en nueve departamentos del país, el gremio de terminales de transporte (Conalter) manifestó que los despachos diarios se han reducido notoriamente. De acuerdo con su directora ejecutiva, Sandra Tatiana Serrato, los bloqueos han afectado principalmente a las terminales del Tolima, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y el Huila, con pérdidas diarias en cada una de ellas de hasta 100 millones de pesos.Desde el gremio aseguran que las pérdidas pueden ser mayores si se tiene en cuenta a los comerciantes de las terminales, quienes han visto reducciones significativas en sus ventas por la falta de pasajeros. Serrato pidió a los usuarios que, en caso de usar un transporte intermunicipal, consulten previamente con las empresas correspondientes para verificar si no hay modificaciones en los horarios del trayecto.Cabe recordar que este paro arrocero ya completa alrededor de 10 días y desde distintos sectores están a la espera de que el Gobierno Nacional alcance un acuerdo con los manifestantes. Tras una nueva jornada de negociaciones, el gremio había anunciado un pacto preliminar para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde. Sin embargo, la medida no se hará oficial hasta que no se presente una resolución ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con los puntos concluidos.“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras", afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros.Para la fecha de publicación de esta noticia, los arroceros se encuentran socializando la resolución que deberá ser entregada ante la SIC. Desde el gremio esperan que, en caso de haber visto bueno, sería posible levantar los bloqueos en los nueve departamentos del país, tales como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y los Santanderes.
Miles de viajeros y turistas que tenían planeado visitar el llano en estos días, podrían tener una alternativa para no tomar las carreteras como la vía al Llano, que permanece bloqueada en algunos tramos. La Aeronáutica Civil de Colombia lanzó llamado un urgente a todas las aerolíneas que operan en el país para que implementen "tarifas solidarias" en los trayectos entre Bogotá y Villavicencio. Esta medida busca aliviar la movilidad de los ciudadanos ante la coyuntura actual derivada del paro arrocero.La iniciativa de la Aerocivil tiene como objetivo minimizar los impactos en la conectividad regional en favor de los derechos de los usuarios del transporte aéreo.En respuesta a este llamado, LATAM Airlines ha actuado de manera voluntaria, implementando un techo tarifario en la ruta alterna Bogotá–Yopal. La aerolínea definió un precio máximo de $285.200 más impuestos por trayecto, el cual se mantendrá vigente hasta el 28 de julio.Tras ellos, Avianca anunció que duplicará la capacidad de movilizar pasajeros hacia Villavicencio, con la implementación del Airbus A320 (tienen capacidad para 180 pasajeros). El trayecto se suma a la operación regular que tiene la compañía con Clic Air, aerolínea aliada que opera con tres vuelos diarios entre Bogotá y Villavicencio."Así, los clientes contarán con un total de 28 vuelos y 3.660 asientos al cierre de esta semana, lo que representa 24,5% más de asientos, en adición al techo tarifario que incluye tasas e impuestos, con el objetivo de responder rápidamente a la situación actual”, dice Avianca en su comunicado.Esta decisión busca brindar una opción viable y accesible para quienes necesitan desplazarse hacia Villavicencio. Desde la Aeronáutica Civil, ratificaron el compromiso de trabajar de cerca con el sector aéreo y las autoridades para garantizar soluciones efectivas durante esta situación temporal.Este panorama se enmarca en un paro arrocero que ha generado bloqueos en diversas vías del país. Si bien se logró un acuerdo preliminar con el Gobierno nacional para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde, este consenso no significa el levantamiento inmediato de los bloqueos. Representantes de los arroceros, como Carlos Rojas, han enfatizado que "no hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos".El Gobierno tiene listo un borrador de acuerdo para levantar los bloqueos, que se espera sea presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Los arroceros están a la espera de que el Gobierno nacional presente este documento a sus voceros para verificar los acuerdos. En caso de un visto bueno, **los bloqueos podrían empezar a levantarse gradualmente**.Para este 24 de julio, se prevé una nueva mesa técnica entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro Arrocero, donde se buscará clarificar el mecanismo para compensar a los agricultores que no lograron entrar en la resolución y los compromisos pendientes de un acuerdo de marzo. El gremio espera que, antes del mediodía de ese día, el acta de compromiso y la resolución en la SIC estén listas para tomar la decisión de levantar los bloqueos en los nueve departamentos afectados, que incluyen Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, y los Santanderes.
Tras una nueva jornada de negociaciones en medio del paro arrocero, el sector logró un acuerdo preliminar con el Gobierno nacional para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde, lo cual representa un avance significativo dentro de las peticiones del gremio.Sin embargo, este consenso no significa directamente que los bloqueos se vayan a levantar, pues los arroceros aseguran que hace falta la aprobación por parte de las industrias y un acta que ratifique los compromisos alcanzados."No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras", afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros.El sector asegura que está a esperas de que el Gobierno nacional presente el borrador ante los voceros del paro, quienes deberán verificar que los acuerdos estén presentes en el documento que se entregará a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En caso de que haya un visto bueno, los bloqueos podrían empezar a levantarse gradualmente.Para la jornada de este jueves, 24 de julio, se tiene prevista una nueva mesa técnica entre el Gobierno y los miembros del Comité Nacional de Paro Arrocero, en la que se solicitará dejar claro cuál será el mecanismo para compensar a los agricultores que no lograron entrar a la resolución, así como los compromisos que quedaron pendientes tras el acuerdo del pasado marzo.Desde el gremio esperan que para antes del mediodía esté listo el acta de compromiso y la resolución en la SIC para tomar la decisión de levantar los bloqueos en los nueve departamentos del país, tales como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y los Santanderes.
El Gobierno nacional le está pidiendo a la Contraloría General de la República que investigue el impacto de las altas tasas de interés del Banco de la República sobre el costo de la deuda pública.La declaración del Gobierno se da en respuesta a la oleada de críticas por la megasubasta de deuda pública del pasado 13 de mayo, que cerró con tasas del 14 % y cercanas al 15 % en algunas referencias. Es decir, el Gobierno está pagando actualmente tasas de interés históricamente altas para que los inversionistas locales le presten recursos con el fin de financiar el presupuesto.Sin embargo, para el Gobierno esto no es consecuencia de sus propias decisiones, sino del incremento de las tasas de interés del Banco de la República, que, según el Ejecutivo, le costará a la Nación 1,8 billones de pesos en intereses adicionales.“De eso no hablamos, a eso no se ha referido la Contraloría. Creo que la Contraloría debería referirse igualmente a estos temas, porque tienen impactos sobre la deuda pública y la estructura fiscal del país. Ahí consideramos que hay un vacío, en donde el Gobierno se quedó solo en la discusión institucional con el Banco de la República sobre esta decisión”, dijo Ávila en un evento auspiciado por la Contraloría General de la República.Según el Gobierno nacional, el aumento de las tasas de interés del Banco de la República en 2026 le costará al país 1,8 billones de pesos adicionales en intereses. Sin embargo, las tasas de la deuda pública siguieron aumentando en las últimas semanas, a pesar de que el Banco de la República mantuvo estables sus tasas de interés para mayo y junio. Vale recordar que el incremento de las tasas este año provocó semanas de discusiones públicas entre la junta directiva del Banco de la República y el Gobierno nacional.Las declaraciones de Ávila coinciden, además, con el anuncio de la Contraloría sobre investigaciones contra su oficina por el incremento del endeudamiento de la Nación y por lo que considera ineficiencias en el manejo de las finanzas públicas. Esta semana, la entidad envió un mensaje con “presunta incidencia disciplinaria” por el resultado de la megasubasta de TES del 13 de mayo, en la que advirtió sobre el incremento del costo de la deuda del Gobierno.En los últimos meses, Colombia ha sufrido rebajas en su calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo y hoy no solo se encuentra en un nivel de deuda especulativa, sino que además se acerca a una categoría de “altamente especulativa”, lo que dificulta la llegada de más inversionistas a los mercados de deuda.No se trata solo de un problema de falta de recursos, sino también de eficiencia administrativa: ContraloríaLa Contraloría General de la República ha venido haciendo seguimiento a la crisis fiscal y asegura que el Gobierno ha tenido serios problemas para ejecutar su propio presupuesto, lo que ha llevado a una “bajísima ejecución” en algunas entidades del orden nacional.“Las actuales presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal”, señaló el ente de control.Vale recordar que la actual administración activó la cláusula de escape de la regla fiscal, con lo cual se flexibilizaron las metas de déficit para este año y el siguiente.¿Por qué el Gobierno insiste en una reforma tributaria?A pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República, el Gobierno nacional insiste en que el problema no se resolverá reduciendo el gasto del Estado.Ávila sostuvo que, si el problema se resolviera únicamente por el lado del gasto, implicaría dejar de pagar salarios del sector público o pensiones. Por eso, considera que la solución de fondo pasa por una reforma tributaria estructural que aumente de manera permanente los ingresos del Estado durante varios años.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Una comunera muerta, varios heridos y algunos vehículos incinerados dejó un enfrentamiento con palos y machetes entre las comunidades indígenas Misak y Nasa, que reclaman la propiedad de un predio de más de 8.000 hectáreas ubicado en el resguardo de Pitayó, zona rural del municipio de Silvia, Cauca.La comunidad del sector está pidiendo la intervención urgente del Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las organizaciones de derechos humanos para evitar más muertes por esta confrontación.“Es una disputa territorial. Durante años el pueblo Misak usufructuó esta tierra; hace tres meses el predio fue tomado por el pueblo Nasa. Esta madrugada el pueblo Misak quiso retomar el control y en esa lucha nos acaban de asesinar una autoridad Misak”, manifestó uno de los comuneros indígenas desde la zona.La senadora indígena y candidato vicepresidencial Aida Quilcué, oriunda del departamento del Cauca, a través de sus redes sociales, hizo un llamado al diálogo para resolver el conflicto por tierras en esta región.
Ruso expulsado recientemente de Medellín ahora amenaza por Whatsapp al alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario pidió a las autoridades internacionales no solo indagar en estas intimidaciones sino en el origen de los recursos de este extranjero, quien tiene propiedades en Cali.Más de dos años de denuncias de los vecinos por sus megafiestas en El Poblado en Medellín le valieron al ciudadano de nacionalidad rusa y estadounidense, George Wolfe, ser expulsado de Colombia no una sino dos veces, pues tras la primera medida aplicada por Migración Colombia, con una prohibición de entrar al país por 10 años, reingresó de manera irregular por Ecuador y pretendía volar a Medellín desde Palmira, donde fue detectado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.Pero su historia no terminó ahí. Según denunció el alcalde Federico Gutiérrez, tras el conflicto que generó en la unidad residencial, este estaría intimidando al mandatario con mensajes a su línea directa, a través de un whatsapp de Estados Unidos, a donde llegó tras ser devuelto de Colombia. Según manifestó Gutiérrez, la información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y americanas.“Está verificando realmente la identidad de quién tiene esa línea. Es una línea de los Estados Unidos que tiene su nombre y tiene su imagen, se quedó muy dolido, justamente por la expulsión y por nosotros, cuidar a los vecinos. Él me está escribiendo hace varios días, mandándome qué canciones, mandándome, básicamente, mensajes intimidatorios, mandándome qué páginas que había creado en su momento, qué fuck you fico punto com”, dijo.Incluso, según detalló el mandatario, parte del rastreo que adelantaron las autoridades para saber su ubicación se relaciona con estos mensajes intimidatorios. Ante la situación y también los bienes que Wolfe tiene en Medellín y Cali, el mandatario pidió que se indague si el origen de sus recursos es ilícito.“Una propiedad acá, tenemos información de que adquirió otras propiedades en Cali, otra propiedad de alto costo. ¿De dónde obtiene los recursos? ¿De manera lícita o de manera ilícita? Y el tipo de, ¿quiere volver más famoso?...Lo vamos a volver más famoso, si hay que seguir persiguiendo, lo vamos a seguir persiguiendo. A él y a los otros que vengan a hacerle daño a nuestra gente”, agregó.Gutiérrez pidió a las autoridades migratorias que aumenten la sanción del ciudadano ruso, pues a su criterio a los 10 años sin ingresar al país se debería sumar este nuevo delito de entrar de manera irregular al país.Finalmente, aseguró que al año la ciudad recibe dos millones de visitantes, más de la mitad extranjeros, por lo que aseguró que no se debe generalizar con estas personas porque son más las que se comportan bien.
La etapa 12 del Giro de Italia 2026 dejó una gran sorpresa este jueves 21 de mayo. El belga Alec Segaert atacó a falta de tres kilómetros para la meta y se quedó con la victoria en Novi Ligure, en una jornada que parecía destinada a un esprint masivo.El corredor del Bahrain Victorious sorprendió al pelotón con un movimiento inesperado y logró sostener una pequeña diferencia hasta cruzar primero la línea de meta, luego de 175 kilómetros disputados entre Imperia y Novi Ligure. Segaert completó el recorrido en 3 horas, 53 minutos y 0 segundos, a una velocidad promedio de 45,1 km/h.La victoria representó además un día perfecto para el Bahrain Victorious, ya que el portugués Afonso Eulálio conservó el liderato de la clasificación general y amplió ligeramente su ventaja gracias a las bonificaciones obtenidas durante la jornada.Alec Segaert sorprendió en una etapa que parecía para velocistasLa duodécima fracción del Giro tenía un perfil favorable para los velocistas, con apenas dos puertos de tercera categoría y ambos alejados de la llegada. Sin embargo, la carrera cambió completamente en el cierre.Cuando todos esperaban una definición al esprint, Segaert lanzó un ataque explosivo en los últimos kilómetros y tomó desprevenidos a los favoritos. El belga, de apenas 23 años, confirmó así uno de los mejores momentos de su carrera, luego de haber ganado en marzo el Grand Prix de Denain.Detrás del ganador llegaron el también belga Toon Aerts y el uruguayo Thomas Silva, ambos a tres segundos.Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12El portugués Afonso Eulálio continúa vestido con la ‘maglia rosa’ y ahora tiene 33 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard.El neerlandés Thymen Arensman completa el podio provisional a 2 minutos y 3 segundos.Por su parte, el colombiano Egan Bernal ocupa la casilla 15 de la clasificación general, a 5 minutos y 45 segundos del liderato, manteniéndose como el mejor colombiano en la competencia.Top 20 de la clasificación general del Giro de Italia 2026Afonso Eulálio (POR/TBV) – 48 h 10:38Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 33 segundosThymen Arensman (NED/IGD) a 2:03Felix Gall (AUT/DCT) a 2:30Ben O'Connor (AUS/JAY) a 2:50Jai Hindley (AUS/RBH) a 3:12Michael Storer (AUS/TUD) a 3:34Derek Gee (CAN/LTK) a 3:40Giulio Pellizzari (ITA/RBH) a 3:42Chris Harper (AUS/Q36) a 4:15Markel Beloki (ESP/EFE) a 4:20Mathys Rondel (FRA/TUD) a 4:51Cristian Scaroni (ITA/XAT) a 4:54Davide Piganzoli (ITA/TVL) a 5:33Egan Bernal (COL/IGD) a 5:45Damiano Caruso (ITA/TBV) a 6:17David De la Cruz (ESP/Q36) a 6:43Jan Hirt (CZE/NSN) a 7:53Sepp Kuss (USA/TVL) a 8:59Igor Arrieta (ESP/UAD) a 9:14Clasificación de la etapa 12 del Giro de ItaliaAlec Segaert (BEL/TBV) – 3 h 53:00Toon Aerts (BEL/LOI) a 3 segundosThomas Silva (URU/XAT) a 3 segundosEthan Vernon (GBR/NSN) a 3 segundosJasper Stuyven (BEL/SOQ) a 3 segundosOrluis Aular (VEN/MOV) a 3 segundosMadis Mihkels (EST/EFE) a 3 segundosJhonatan Narváez (ECU/UAD) a 3 segundosEdoardo Zambanini (ITA/TBV) a 3 segundosSakarias Løland (NOR/UXM) a 3 segundos¿Cómo va Egan Bernal en el Giro de Italia 2026?El colombiano Egan Bernal sigue dentro del top 15 de la clasificación general y continúa en la pelea por acercarse a los puestos de privilegio. Aunque perdió tiempo importante en las etapas anteriores, el campeón del Giro 2021 todavía mantiene opciones de escalar posiciones en la alta montaña.Las próximas jornadas serán decisivas para definir si Bernal puede acercarse al top 10 y volver a ser protagonista en la lucha por la clasificación general del Giro de Italia 2026.
