En el contexto de la creciente relevancia global de las criptomonedas, Colombia se encuentra actualmente navegando un panorama regulatorio, pues es evidente la importancia de contar con una a corto plazo.
En medio de la creciente importancia global de las criptomonedas, Colombia se encuentra en un proceso de definición regulatoria en respuesta a este fenómeno de rápido crecimiento. Aunque aún no se ha establecido una regulación integral, las autoridades han comenzado a abordar el tema desde distintos ángulos, buscando un enfoque equilibrado que proteja a los ciudadanos y al sistema financiero.
"Colombia se enfrenta a un entorno diverso de acercamientos regulatorios a los criptoactivos. Mientras que algunos países han optado por su adopción, como El Salvador y Venezuela, otros, como Bolivia, a partir de pronunciamientos de su banco central han prohibido su uso por completo", señaló Sergio Rodríguez, Socio Fundador de CMS Rodríguez-Azuero.
En Colombia, aunque varias entidades han expresado su postura sobre los criptoactivos, aún no existe una normativa clara y contundente al respecto. El Banco de la República ha establecido que no son moneda de curso legal ni divisas, mientras que la Superintendencia Financiera ha emitido advertencias sobre los riesgos asociados y ha prohibido a las entidades financieras realizar operaciones con ellos.
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Foto: AFP - referencia
Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades ha incluido a ciertas empresas proveedoras de activos virtuales como sujetos obligados a implementar medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
"Es de toda relevancia contar con una regulación sobre criptoactivos y con medidas específicas para proteger a los inversionistas y consumidores que participan en el mercado de criptoactivos en Colombia", destacó Rodríguez.
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La importancia de una regulación integral de los criptoactivos es fundamental para garantizar la transparencia, la seguridad y la estabilidad financiera en un mercado en constante evolución. Se espera que las autoridades colombianas continúen trabajando en el desarrollo de políticas que promuevan la innovación y protejan los intereses de todos los actores involucrados.