Pelea tras decreto que daría más poder al sindicalismo y reescribiría reglas de negociación
Las preocupaciones de empresarios y trabajadores son tan grandes que el Ministerio de Trabajo aceptó crear una mesa de trabajo. Mientras tanto, la ratificación de convenios de la OIT quedó en el aire.
La reactivación de la mesa de negociación entre empresarios, Gobierno y trabajadores esta semana no salió exactamente como esperaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Lo que quería el Gobierno era apoyo para ratificar tres convenios de la OIT en Colombia. Lo que ocurrió es que la discusión ni siquiera comenzó porque hoy hay otra preocupación más grande sobre la mesa: el decreto que reescribiría la forma en que los sindicatos y las empresas negocian en el país.
Hoy cada empresa negocia de puertas para adentro con sus sindicatos; en el nuevo modelo, los sindicatos de las empresas del mismo sector unificarían sus peticiones para todas las compañías. Ese es un modelo que se utiliza en Europa, Uruguay y Argentina, donde ha permitido aumentar el número de trabajadores que se benefician de las convenciones colectivas o acuerdos.
En la reforma laboral se hundió completo un capítulo de derechos colectivos que buscaba, entre otras cosas, establecer esas negociaciones por sector. Sin embargo, el Gobierno quiere revivir ese modelo vía decreto y publicó un borrador para comentarios del público. Tras la reunión de las últimas horas, quedó claro que no será una discusión por correo electrónico y ahora habrá o subcomisión para abordar el tema.
¿A quién le preocupa la negociación multinivel y por qué?
El argumento principal de los empresarios es que no todas las empresas tienen la misma capacidad económica para atender las expectativas de los trabajadores y sus sindicatos. Piensen, por ejemplo, en que no es lo mismo negociar salarios y beneficios con Ecopetrol que hacerlo con una empresa contratista del sector petrolero.
El impacto de este modelo en las pymes fue uno de los argumentos en el Congreso para tumbar estos artículos.
Pero no solo los empresarios tienen sus dudas, en especial porque este modelo tiende a favorecer a los sindicatos de mayor tamaño.
“Sin desconocer que el decreto en parte beneficia al crecimiento sindical. Lo que no compartimos, es que se vaya a beneficiar solamente una central sindical. Eso sí sería una catástrofe, porque pues ahí sí, ¿de qué democracia estaríamos hablando? Por Dios, si se sacan temas con preferencias sindicales”, dijo el presidente de la CTC, Jhon Jairo Caicedo, quien está consultando a sus bases antes de tener una posición oficial.
Presidente de la CTC, Jhon Jairo Caicedo
Foto: redes sociales
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Para el abogado y activista Sebastián Galeano, el nuevo modelo puede llevar a que la negociación se nivele por lo bajo y a que desaparezca del panorama la posibilidad de huelga o tribunal de arbitramiento.
“Mi preocupación es que en el segundo nivel, como sucede en Argentina, se fijan unas condiciones bastante mínimas de condiciones laborales, salarios y demás, que podrá impedir a los sindicatos de base o de empresa superar esos límites o techos que en el segundo nivel se acuerden con los respectivos empleadores. Casi que lo que yo pudiera negociar con los sindicatos de mi empresa, pues va a ser mínimo o va a quedar bastante reducido en la medida que los empleados les van a negar de que ya surtieron una negociación en segundo nivel”, aseguró Galeano.
Gobierno quiere comprometer al país a universalizar la protección social
El ministro de Trabajo buscó la reunión de gremios y sindicatos porque quiere acelerar la ratificación en Colombia de tres convenios de la OIT, uno de ellos es el convenio 102 o norma mínima de seguridad social del año 1952.
Los países que ratifican ese convenio se comprometen, entre otras cosas a masificar prestaciones sociales como la cobertura en salud, pensiones, seguros de desempleo, incapacidades médicas, licencias de maternidad y cobertura por enfermedad laboral a por lo menos la mitad de los trabajadores del país.
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Hoy la informalidad en Colombia supera el 55 %, lo que implica que menos de la mitad de los empleados cuenta con aportes a seguridad social o coberturas en casos como la vejez, o la invalidez.
Asimismo, el Gobierno busca impulsar el convenio sobre condiciones mínimas para trabajadores y el convenio 187 que busca establecer un sistema de salud y seguridad en el trabajo.