Petro sube el tono: advierte “colapso nacional” si la Corte Consitucional tumba emergencia económica

El presidente Gustavo Petro advirtió anoche durante una sesión del Consejo de Ministros que el país podría enfrentar un “colapso económico y social” en caso de que la Corte Constitucional decida suspender o declarar inconstitucional la emergencia económica decretada por su gobierno a finales de 2025. La declaración, que se conoció a través de diversas fuentes cercanas al Ejecutivo y fue debatida este martes en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales, desató una fuerte controversia política y jurídica sobre los límites de la presión institucional y la independencia de la Corte.Petro señaló que, sin la emergencia, el gobierno se vería obligado a tomar medidas drásticas como recortar recursos destinados a sectores sensibles —salud, educación y defensa—, suspender giros a las entidades territoriales e incluso caer en un eventual incumplimiento de la deuda externa. “Si tumban la emergencia, todo se va a acabar y todos vamos a terminar afectados”, habría advertido el mandatario en lo que algunos analistas interpretaron como un mensaje dirigido directamente a los magistrados del alto tribunal.El Consejo de Ministros, que se extendió por más de dos horas en la Casa de Nariño, sirvió también para que el equipo económico explicara la magnitud del déficit fiscal que enfrenta el Estado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso que los gastos inflexibles para 2026 —entre educación, salud, pensiones y deuda— ascienden a 51,2 billones de pesos de un presupuesto total de 54,6 billones, dejando solo un 6% disponible para inversión. En ese contexto, el Ejecutivo ha defendido la figura de la emergencia económica como la única alternativa para obtener entre 11 y 16 billones de pesos adicionales, luego de que el Congreso hundiera dos iniciativas de financiamiento.Los panelistas de Mañanas Blu coincidieron en que el tono del presidente refleja una estrategia de presión hacia la Corte, que en los próximos días estudiará una posible suspensión provisional del decreto de emergencia. El periodista Felipe Zuleta calificó las advertencias de Petro como una forma de “chantaje político”, mientras que Héctor Riveros calificó la situación como “una presión indebida” sobre el alto tribunal. “El presidente está asustando a la Corte y al país. Está diciendo que si no le aprueban su estrategia, todo se derrumba”, opinó Morales durante la discusión.De acuerdo con información conocida por Blu Radio, la Sala Plena de la Corte Constitucional fue convocada de manera extraordinaria para este viernes, con el fin de analizar si existen fundamentos jurídicos para suspender de forma cautelar la medida del Gobierno. Expertos consultados por el medio advierten que el decreto enfrenta serias dificultades para superar el examen de constitucionalidad, debido a que no se presentan las condiciones “sobrevinientes e imprevisibles” que la Carta exige para declarar una emergencia económica.En el mismo programa, los analistas recordaron que esta figura excepcional ya había sido utilizada en 2024 para atender presuntos riesgos fiscales y que, en esa oportunidad, la Corte advirtió al Ejecutivo sobre la repetición de medidas de contenido tributario sin la debida intervención del Congreso.Mientras tanto, diversos sectores políticos reaccionaron a las declaraciones del presidente. Voceros de la oposición las calificaron como un intento de intimidar al máximo tribunal y anunciaron que denunciarán una “interferencia indebida” en las funciones judiciales. Desde el Gobierno, sin embargo, se insistió en que se trata de una “advertencia realista” ante el riesgo de una crisis fiscal estructural que pondría en peligro el cumplimiento de los derechos fundamentales y la estabilidad macroeconómica.Por ahora, la expectativa se centra en la decisión que adopte la Corte Constitucional en los próximos días. Una eventual suspensión del decreto, según la advertencia presidencial, podría abrir una cadena de consecuencias en cascada: paralización de programas sociales, aplazamiento de pagos en el sector público y mayores tensiones entre el Gobierno y los órganos de control.