Procuraduría le puso la lupa al cambio de precio de vivienda de interés social
El Ministerio Público analizó junto al Gobierno y gremios el impacto del nuevo tope para viviendas VIS y VIP en Colombia.
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La Procuraduría General de la Nación instaló la primera mesa interinstitucional para analizar de manera preventiva los posibles impactos jurídicos, económicos y sociales del proyecto de decreto que busca establecer un tope general al valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), además de fijar su precio en pesos colombianos.
El encuentro fue liderado por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y contó con la participación de entidades del Gobierno como los ministerios de Vivienda, Hacienda y Comercio, así como la Superintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Nacional de Planeación.
También participaron representantes del sector como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Asocajas y Asobancaria.
Durante la reunión, el Ministerio Público insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda que actualmente están en marcha, así como la estabilidad contractual del sector y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda en el país.
La Procuraduría General de la Nación advirtió además sobre la importancia de que cualquier modificación normativa sea coherente con la legislación vigente y proteja a los hogares beneficiarios de los programas de vivienda de interés social.
Como resultado del encuentro, las entidades acordaron avanzar en mesas técnicas especializadas para profundizar en el análisis del proyecto y evaluar posibles alternativas regulatorias que eviten riesgos jurídicos, económicos o sociales.