Reconexión solo costaría $1.000: ley pondría 'tatequieto' a empresas de telecomunicaciones
Empresas no podrán incluir valores adicionales o penalizaciones que no tengan una justificación directa con la reconexión.
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Los usuarios de servicios de telefonía, internet y televisión en Colombia recibirán un importante alivio en sus bolsillos. Luego de que el presidente Gustavo Petro sancionara la Ley 2485 de 2025, se pondrá freno a los altos cobros por la reconexión de servicios suspendidos por falta de pago. Con esta medida, los hogares colombianos tendrán un respiro significativo, especialmente aquellos que han enfrentado dificultades económicas para mantenerse conectados.
La normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a ajustar sus tarifas y limitar los cobros únicamente a los costos técnicos y operativos reales del restablecimiento del servicio. En otras palabras, no podrán incluir valores adicionales o penalizaciones que no tengan una justificación directa con la reconexión.
El objetivo de la ley es garantizar un acceso más equitativo a los servicios de telecomunicaciones, evitando que los usuarios enfrenten obstáculos financieros para reactivar sus líneas o conexiones.
El senador Julio Elías Vidal, ponente de la ley, explicó que el máximo valor permitido para la reconexión sería de $1.000. Sin embargo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podría definir un monto aún menor tras su análisis técnico.
De acuerdo con los cálculos iniciales, esta reducción representaría un ahorro colectivo cercano a los $450 millones para los colombianos, eliminando los cobros excesivos aplicados por algunas empresas del sector.
Expertos señalan que, en la mayoría de los casos, la reconexión se realiza de manera remota, sin requerir desplazamientos ni trabajos adicionales, lo que implica un costo operativo mínimo para las compañías.
Aun así, varios operadores han venido aplicando tarifas elevadas bajo el argumento de “procesos administrativos”. Por esa razón, la CRC establecerá topes diferenciados según el tipo de servicio: telefonía móvil, televisión o internet, buscando equilibrar la sostenibilidad empresarial con la protección de los usuarios.
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Esta ley representa un avance hacia la equidad digital y la defensa del consumidor. En un país donde la conectividad es cada vez más esencial para estudiar, trabajar y comunicarse, la norma busca garantizar que el acceso a los servicios no dependa del dinero disponible en el bolsillo, sino de reglas justas, claras y transparentes.