Corte Constitucional tumbó fuero penal militar

el Congreso, informó el tribunal. "Teniendo en cuenta la entidad de los vicios identificados, la Corte Constitucional consideró que (la reforma al fuero militar) no podía ser devuelta al Congreso para que fuera saneada", dijo el presidente del tribunal Jorge Iván Palacio al anunciar el fallo votado por cinco magistrados con cuatro en contra. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó esa decisión como "un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas", y dijo que el presidente Juan Manuel Santos seguirá insistiendo en extender el alcance de la justicia militar, en un comunicado divulgado tras conocerse al decisión de la Corte. "Este debate es necesario darlo en cualquier escenario por el bien de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, y por el bien de Colombia", dijo el ministro. La ampliación del fuero militar, que implicaba una reforma Constitucional por lo que el tribunal que vigila la Carta Magna debía aprobarla o rechazarla, recibió severos cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos. En junio pasado, cuando el Congreso debatía esa norma, la Organización de Naciones Unidas (ONU) la consideró como "totalmente innecesaria". Con la nueva ley se extendían las competencias de los tribunales castrenses para juzgar a los militares, que sólo podrían ser sometidos a la justicia ordinaria en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Todas las demás infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado habrían pasado a la jurisdicción militar. En un intento por reducir los efectos de la decisión de la Corte Constitucional, el ministro Pinzón anunció que presentará al Congreso con mensaje de urgencia un proyecto de ley para crear un fondo de defensa de los de los uniformados involucrados en investigaciones por abusos cometidos en actos del servicio. En cambio, el fallo de la Corte Constitucional fue celebrado por un grupo de legisladores de izquierda y de juristas. "Además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad que es de 98% en los ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia", señalaron en un comunicado. "Dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia", añadieron. La justicia colombiana investiga casi 1.300 ejecuciones sumarias de civiles cometidas por militares, casos conocidos en Colombia como "falsos positivos", que en la reforma al fuero penal habrían sin embargo quedado definidas como un delito de competencia de los tribunales ordinarios. Esos casos, en los que civiles eran asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate, incluso vistiéndoles con ropa militar y colocándoles armas, fueron descubiertos a fines de los años 2000 y constituyen actualmente cerca del 60% de las investigaciones judiciales a militares. El conflicto armado colombiano, en el que a lo largo de 50 años han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y agentes de la fuerza pública ha dejado unos 600.000 muertos y 4,5 millones de desplazados por la violencia. La fuerza pública de Colombia está compuesta por unos 45.000 militares y policías. Con AFP.