El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló en Meridiano Blu que laFiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a seis generales en retiro del Ejército involucrados, presuntamente, en 141 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, en La Guajira, Cesar y Magdalena.
Según informó el ente acusador, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justiciaabrieron investigación en contra de los seis generales en retiro porque habrían promovido un ‘plan de estímulos’ para que aumentaran las denominadas ‘bajas en combate’, “situación que generó múltiples ejecuciones extrajudiciales”.
Cinco de los seis generales deben responder por hechos ocurridos entre 2004 y 2008, y tienen relación con grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y a la Segunda Brigada de Ejército Nacional, en Cesar y La Guajira.
Se trata de los generales Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre julio de 2006 y enero de 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales; Hernán Giraldo Restrepo, por eventos sucedidos entre diciembre de 2004 y julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 ejecuciones extrajudiciales en 2006; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que fueron asesinador siete hombres; y Luis Felipe Paredes Cadena, por una ejecución extrajudicial en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006.
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“Las víctimas, en la mayoría de los casos, fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y asesinadas con disparos de fusil a corta distancia y en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado”, informó la Fiscalía.
El otro general retirado investigado es Luis Fernando Rojas Espinosa, cuando comandaba el Batallón de Infantería N°4, por la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en marzo de 2004. Al parecer, estas personas fueron llevadas a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.
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Posteriormente, los uniformados del Ejército reportaron lo sucedido como resultado de un enfrentamiento armado con un grupo irregular, pero que en realidad nunca ocurrió.