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La Procuraduría General de la Nación ordenó la investigación contra seis integrantes de la DIJIN de Policía por presuntas irregularidades en la interceptación telefónica (chuzadas) a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.
El ente de control había ordenado una indagación previa partiendo de informes periodísticos que daban cuenta de que estas dos personas habían sido presentadas como posibles integrantes del Clan del Golfo para interceptar sus teléfonos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La indagación condujo hacia uno de los grupos del Área Investigativa Contra la Delincuencia Organizada (Aicor) que investiga a estructuras organizadas como el Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia, Chocó, Urabá, el bajo Cauca y Córdoba.
La Procuraduría encontró que el teniente Jhon Fredi Morales Cárdenas aparentemente solicitó a la Fiscalía 191 de Quibdó un requerimiento de interceptación de cuatro líneas telefónicas, dos de ellas corresponden a alias 'La cocinera' y alias 'La madrina', dos supuestas integrantes del Clan del Golfo.
Se investiga, la aparente expedición de documentos falsos y el incumplimiento a los protocolos para la recepción y análisis de interceptaciones telefónicas por orden judicial establecidos por la Policía Nacional.
Esta cadena de irregularidades al parecer involucró a todo el grupo que hace parte de la comisión que investiga al Clan del Golfo, empezando por el mayor Luis Jefferson Camacho Prada y al mayor John Jairo López Tolosa, jefe del Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Organizadas (Gredo).
Indica la Procuraduría que esa fue la razón para que la Fiscalía 101 realizara una inspección al despacho de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Quibdó y se iniciaran las actuaciones penales por posible falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
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Por estos hechos, se ordenó la captura del teniente Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua, y los patrulleros Dana Alejandra Canizales Bonilla y Jhon Fredi Morales Cárdenas.
Asimismo, la Procuraduría ordenó investigación disciplinaria contra:
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