La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria contra personal por determinar de la Armada Nacional tras el episodio ocurrido el 8 de septiembre, cuando una patrulla fluvial disparó contra una lancha en la que se transportaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda Pineda, junto a miembros de su equipo.
De acuerdo con el documento expedido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la fuerza pública, la decisión se tomó luego de las denuncias difundidas por medios de comunicación y de las declaraciones del presidente de la República en su cuenta oficial de la red social X.
El Ministerio Público ordenó a la Armada Nacional entregar información detallada sobre la unidad militar a la que pertenecen los uniformados involucrados, así como sus nombres, grados y el reporte de patrullaje del día de los hechos. También solicitó copia del protocolo vigente para interceptaciones y registros fluviales, además de los permisos y rutas presentados por la embarcación en la que viajaba la mandataria local.
“Conforme los hechos expuestos por medios de comunicación, y por el presidente de la República a través de la cuenta personal en la red social X, esta Procuraduría delegada procederá a ordenar indagación disciplinaria conforme lo establecido en el artículo 233 de la Ley 1862 de 2017, en contra de funcionario por determinar de la Armada Nacional por presunta vulneración a los protocolos del uso de la fuerza con el fin de determinar circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como individualizar al presunto responsable de los elementos fácticos descritos”, se lee en el auto del Ministerio Público.
La investigación contempla igualmente escuchar en declaración a la alcaldesa Pineda, al comandante de la unidad militar implicada y obtener copia del reporte administrativo sobre las lesiones sufridas por un policía que acompañaba a la funcionaria.
Con esta indagación preliminar, la Procuraduría busca esclarecer si hubo irregularidades en la actuación de la Armada durante el operativo y garantizar que se cumplan los protocolos establecidos para la seguridad de la población civil en las operaciones fluviales.
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