Deportan al exgobernador Alejandro Lyons y deberá responder por concierto para delinquir

En la noche de este miércoles, 30 de julio, Migración Colombia confirmó la llegada al país del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien deberá responder ante las autoridades por el delito de concierto para delinquir.Lyons llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá en un vuelo de deportados desde Estados Unidos y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.La entidad migratoria publicó una fotografía del momento en el que el exgobernador fue recibido por una funcionaria de Migración Colombia y un oficial de la Policía Nacional.La deportación se da tras un proceso que estuvo congelado durante semanas, debido a una evaluación judicial en la Corte de la Florida, que deliberaba si era necesaria la extradición de Lyons, quien había recuperado su libertad bajo fianza hace mes y medio, después de cumplir una condena en EE.UU.A pesar de su libertad condicional, Colombia mantenía una solicitud activa para su extradición, argumentando que el exgobernador aún debía responder en el país por su papel en varios escándalos de corrupción, entre ellos, el desfalco de más de 8.950 millones de pesos del fondo de regalías en Córdoba, cuando fue gobernador entre 2012 y 2015.De testigo protegido a deportadoAlejandro Lyons había salido de Colombia en 2017, buscando protección en Estados Unidos por las presuntas amenazas que había recibido. Allí, se convirtió en testigo clave del FBI en el llamado cartel de la toga, una red de corrupción que involucró a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Su colaboración con las autoridades norteamericanas le permitió acceder al programa de protección de testigos, y por varios años estuvo bajo ese amparo.Lyons estaba estrechamente vinculado con figuras políticas altamente cuestionadas, como Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías, y según las investigaciones de la Fiscalía, fue uno de los protagonistas de una red de corrupción que operó a través de contratos con recursos de regalías. Las autoridades sostienen que, como gobernador, instruyó la adjudicación irregular de proyectos a cambio de comisiones del 30 %, que se repartían entre él y otros funcionarios involucrados.