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Álvaro Uribe y gobernador Carlos Caicedo, salpicados por presuntos nexos con paramilitares ante JEP

La JEP le pidió a Trino Luna Correa, exgobernador de Magdalena entre 2004 y 2007, explicar “por qué afirmó que las AUC le ayudaron a Álvaro Uribe a ser presidente y si tiene algún conocimiento directo de tal situación”.

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Carlos Caicedo y Álvaro Uribe
Fotos: suministrada y AFP

La JEP aceptó el sometimiento de Trino Luna Correa, exgobernador de Magdalena entre 2004 y 2007, quien en la justicia ordinaria fue condenado durante ese último año por concierto para delinquir agravado, por alianzas con el paramilitarismo. El exgobernador fue aceptado debido al plan de verdad anticipado que entregó, en el cual vincula a diferentes políticos como Álvaro Uribe o el gobernador Carlos Caicedo, de presuntamente tener vínculos con paramilitares.

Para empezar, esta jurisdicción tuvo en cuenta que el exgobernador reconoció haber recibido el apoyo de las AUC y, particularmente, de los comandantes Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna, en la campaña en la cual resultó elegido, detallando las reuniones que sostuvo, pues explicó que, en 2002, junto a su hermano Juan Carlos Luna, se reunieron con diferentes jefes paramilitares para pedir permiso de realizar campaña en sus zonas de influencia.

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Quince días después concertó un encuentro con Carlos Mangones Lugo alias ‘Carlos Tijeras’, comandante del frente William Rivas de las AUC, en el corregimiento de Orihueca del municipio de Zona Bananera, quien les reiteró que ‘Jorge 40’ era la única persona que podía permitir[les] inclusive un desplazamiento", se lee en el documento.

Esto lo llevó a reunirse con ‘Jorge 40’ y Vicente Castaño en una finca en la Sierra Nevada, en dicho encuentro los exjefes paramilitares le habían manifestado que estaban entablando reuniones con el Gobierno para un proceso de desmovilización, también discutieron sobre proyectos de ley que podrían presentarse en el Senado con candidatos apoyados por el paramilitarismo, mientras manifestaron la necesidad de apoyar candidatos que aspiraban a las alcaldías, incluso mencionó que las AUC tenían influencia en el sistema electoral.

"Para el año 2003, el tema de la Registraduría estaba manejado por Enrique Osorio con José Gelver (sic) Albarracín (alias ‘El Canoso’), los cuales habían sido funcionarios de esta. Enrique es una persona que trabajo (sic) 18 años en la registraduría (sic) y él (sic) conocía muchísimo sobre el tema. Lo que se hizo fue un programa de computador que cargaba el censo electoral. Ese programa cargaba los censos y mostraba mesa a mesa cada puesto de votación de los municipios que se quisieran manipular", dice el documento.

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Aceptó que las irregularidades en la contratación de la Gobernación del Magdalena se dieron con el fin de cumplir las obligaciones que adquirió con las AUC para llegar al cargo.

"Las AUC designaron a su hermano Juan Carlos Luna Correa alias ‘El Cóndor’, y a Manuel Gregorio Gutiérrez alias ‘Mane’, como las personas encargadas de coordinar con la Gobernación del Magdalena los procesos contractuales que resultaban de su interés, así como designar a los contratistas correspondientes y recoger los dineros de la contratación pública que eran desviados en favor de las AUC", puntualizó.

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De esta manera se apoyó y financió abiertamente a las AUC desde la Gobernación y fueron para proyectos relacionados con la salud, educación y obras del departamento, las cuales fueron adjudicados directamente al paramilitarismo. Además, citó a 19 directores de hospitales que habría nombrado por recomendación directa de los paramilitares.

"Mencionó a las personas que habrían sido designadas por él dentro de su gabinete con el fin de facilitar la celebración de contratos en los términos señalados por las AUC. Estos incluirían, particularmente, a la abogada Diana Arregocés, funcionaria de la Secretaría Jurídica del departamento; al secretario de Salud, Roberto Campo Severini y al secretario de Educación, Martín Castilla", dice el documento de la JEP.

El nombramiento de los 19 directores de hospitales se habría acordado con Salvatore Mancuso y un grupo de congresistas que respondían, según el testimonio, a los intereses de los paramilitares.

"El senador miembro del PIN que consigue los recursos es Luis Vives Lacouture, y este designa al contratista Germán Villanueva. Previo visto bueno de las AUC, el departamento inicia el proceso de licitación pública y la adjudica. Esta obra se estructura para que las AUC puedan tener un corredor vial en la zona bananera y a la vez el contratista les dé el 10 %”, afirma el documento.

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Avanzando su relato, el exgobernador señaló a William Rizcala Muvdi y Germán Villanueva Calderón (quienes no tienen antecedentes penales) como los contratistas del parque Tayku y el puente sobre el río Tucurinca, tras haber sido designados para ello por las AUC. También mencionó al exsenador Luis Vives Lacouture y a Álvaro Araujo Noguera.

Las relaciones de las AUC, según narró, serían con la Drummond. Pero el exfiscal Mario Iguarán y Jorge Pretelt, también fueron mencionados.

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"Respecto a la elección del señor Mario Iguarán como fiscal general de la Nación, el solicitante afirmó que esta campaña habría sido financiada por las AUC y, particularmente, por alias ‘Macaco’ y alias ‘Jorge 40’. Adicionalmente, señaló que ‘Macaco’ le ganó la partida a Salvatore Mancuso, quien quería a Jorge Pretelt", dice el documento de la JEP.

Por otro lado, entregó los nombres de personas que decidieron apoyar para la campaña a la Asamblea del Magdalena, quienes serían los candidatos de las AUC, en este sentido, entregó los nombres de Uldis Pérez Maestre, Virgilio Torres Cuello, Eparquio Antonio Carey, Margarita Vives Lacouture, Luz Estella Durán, Guillermo Delgado, Joaquín Guerra Bernal y Adolfo Larios.

Mencionó que algunos miembros del partido Liberal sabían que él aspiraba a la gobernación con el apoyo del paramilitarismo y en este sentido la JEP le pidió que entregue los nombres y amplíe la presunta participación de la senadora Piedad Córdoba, quien era en dicho momento presidenta del partido. Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe fue señalado, así como algunas empresas.

"Explicar claramente las razones por las que afirmó que las AUC le ayudaron al expresidente Álvaro Uribe a ser presidente y si tiene algún conocimiento directo de tal situación. Indicar qué empresarios de los sectores palmero, ganadero y cafetero, tuvieron vínculos con las AUC en el departamento del Magdalena", puntualiza la JEP.

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Por otro lado, mencionó una supuesta cumbre de Santa Marta, esto habría sido una reunión en la cual se escogió, según dijo, a José Rafael Zúñiga como candidato de las AUC a la Alcaldía de Santa Marta, el encuentro habría contado con la asistencia de 200 personas entre senadores, como Luis Vives, supuestamente, y miembros de las AUC.

"Acerca de los presuntos vínculos entre las AUC y el señor Jean Claude Bessudo, el solicitante informó que las personas directamente involucradas en este asunto habrían sido tres sobrinos del señor Hernán Giraldo. Adicionalmente, manifestó creer que el nombre de uno de ellos era “Rubén Giraldo”, y explicó que “en el momento en que pueda esclarecer quiénes eran las dos personas, solicitaré ampliación en la JEP y se los haré llegar””, dice la JEP.

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Por último, manifestó que hubo homicidios de sindicalistas al interior de la universidad de Magdalena que cometieron las AUC, y señaló al actual gobernador de Magdalena de vínculos con las AUC.

"El solicitante aludió a una serie de acuerdos que se habrían fraguado entre el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador del departamento del Magdalena, y las AUC, con el fin de permitir la elección de aquel como rector de la Universidad del Magdalena, así como para la comisión de crímenes en contra de estudiantes de esa universidad", finaliza el documento de la JEP.

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