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La Corte Suprema de Justicia respaldó a las autoridades municipales para restringir protestas violentas, como las ocurridas el año pasado que desencadenaron la muerte del taxista Javier Ordoñez.
Al revocar las acciones de tutela que interpuso un grupo de manifestantes, la Corte indicó que las protestas pacíficas son "una herramienta fundamental de la democracia". Sin embargo, estas no pueden ser usadas para la concreción de ilícitos o actividades violentas en contra de personas o bienes.
Acorde con la situación de salud pública que se vive en el mundo por el COVID-19 y a la declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio nacional. Si bien en modo alguno pueden restringir el derecho fundamental a manifestarse pública y pacíficamente, deben ser consideradas (las medidas) para evitar la propagación de la pandemia en el desarrollo de cualquier actividad que implique aglomeración de personas
La Corte hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que la prevención del COVID-19 sea una prioridad y, por tanto, sin pena de que se impongan todas las sanciones del caso, se respeten, se cumplan los protocolos y medidas de bioseguridad en estas jornadas, siendo imperioso que este aspecto sea considerado en la planeación de las marchas.
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