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Cancillería denunció actuaciones del exsecretario general que adjudicó contrato de pasaportes

El canciller (e), Luis Gilberto Murillo, aseguró que las actuaciones de José Antonio Salazar al adjudicar contrato de pasaportes infringen la ley penal.

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Pasaporte
Foto: Cancillería

En medio del debate de control político que se realizó en la Comisión Segunda del Senado, el canciller encargado,Luis Gilberto Murillo, rindió cuentas sobre la polémica licitación de pasaportes en Colombia y aseguró que, ante las resoluciones del exsecretario general José Antonio Salazar, presentaron denuncias enFiscalía, Procuraduría yContraloría.

"Pedimos un concepto jurídico y estamos esperando esos conceptos porque no queremos apresurarnos a tomar decisiones que no estuvieran dentro de la estrategia de gobierno. Recibimos un derecho de petición de Thomas Greg pidiendo aclaraciones, ahí vamos. Pero esos actos que se expidieron presuponen también conductas que infringen la ley penal y procedimos a darle traslado a las denuncias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”, dijo Murillo.

Sobre el proceso de licitación, el funcionario aseguró que están en consultas con la Agencia Jurídica del Estado, la Secretaría Jurídica y Colombia Compra Eficiente. La Cancillería está a la espera del concepto de estas entidades para tomar una licitación sobre el futuro de este contrato, que fue adjudicado a Thomas Greg & Sons, la empresa que lleva más de 17 años a cargo del suministro de este importante documento.

“No vamos a renunciar a los principios planteados por el Gobierno y es que en este proceso no haya señal de que se favorece a una firma o que hay procesos con presunción de corrupción. No le tememos a ir a los estrados jurídicos en lo contencioso administrativo y en lo penal a defender los derechos del Estado”, dijo el canciller Murillo en el debate de control político comisión segunda del Senado y agregó que para ellos la licitación se ha convertido en un viacrucis”, agregó Murillo.

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Por ahora, los pasaportes se expiden con normalidad y hasta octubre se tiene la seguridad de que seguirán siendo producidos. De ahí en adelante, el Gobierno debe resolver este lío jurídico que le puede representar una millonaria demanda por parte de Thomas Greg & Sons.

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