Carlos Ramón González renovó residencia en Nicaragua mientras era imputado en Colombia

Este jueves, 14 de agosto, se reveló una nueva controversia en torno al exdirector nacional de Inteligencia y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Se conoció que renovó su estatus de residencia en Nicaragua el mismo día que enfrentaba una audiencia de imputación de cargos en Colombia por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según documentos divulgados por Noticias RCN y confirmados por Blu Radio, el 21 de mayo de 2025 la Embajada de Colombia en Managua envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitando apoyo para regularizar el estado migratorio de González, quien reside en ese país desde el 5 de noviembre de 2024. La solicitud incluía la renovación de su cédula de residencia, que vencía el 14 de junio.Ese mismo día, de manera expedita, el Ministerio del Interior nicaragüense autorizó que González se presentara en la sede central de Migración Extranjería en Managua para realizar el trámite y pagar un arancel de 56 dólares. Lo llamativo es que esta gestión se concretó antes de que concluyera la audiencia de imputación, en la que la Fiscalía lo acusaba de cohecho y peculado.Durante la audiencia virtual, la fiscal del caso, Cristina Patiño, reveló que el análisis de las direcciones IP conectadas mostró que González no estaba en Bogotá, como había afirmado, sino en Managua, Nicaragua. Migración Colombia confirmó que ese era su lugar de destino.La Fiscalía sostiene que existen pruebas y testimonios que indican que González ordenó a Sandra Ortiz, ex alta consejera presidencial, entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. Ortiz, Name y Calle están detenidos, mientras González es considerado prófugo.El trámite de residencia se gestionó cuando la vicecanciller de Asuntos Exteriores era Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, hoy canciller en propiedad, quien podría tener que explicar su actuación. Por su parte, la entonces canciller Laura Sarabia aseguró que no fue informada sobre la solicitud enviada a Nicaragua.