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El abogado de las víctimas en el caso de la UNGRD, Pablo Bustos, fue citado para ratificar la denuncia que hizo contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación por su actuación en este caso.
La indagación preliminar contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación tiene que ver con los señalamientos del abogado Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD, y evidencias que asegura existen sobre que “los hechos para imputar a la exconsejera de Regiones Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar al exdirector del Dapre Carlos Ramón González y, además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento”.
En la diligencia, el abogado solicitó que se escuche a la exconsejera y a su defensa técnica. Asimismo, pidió que se cite a funcionarios consulares y diplomáticos relacionados con la salida y protección fuera del país del exdirector del Dapre, así como a cancilleres, incluida Laura Sarabia y la actual ministra de Justicia.
De otro lado, solicitó oficiar dicho Ministerio, la Interpol y a la Cancillería para que aporten los documentos relacionados con esta salida y la tardía expedición de la circular roja al exfuncionario del Gobierno. Bustos aportó un documento en el que la Dijín le informó que, incluso, se expidió con mayor agilidad una circular roja a César Manrique, otro de los implicados en el caso, cuya circular se solicitó días después de la del exdirector del Dapre.
Bustos no declaró frente a un funcionario del CTI de la Fiscalía, asignado a esta célula legislativa, pues ha señalado que la diligencia no hubiese tenido independencia, por ser el CTI subordinado de la fiscal Camargo. La representante investigadora María Eugenia Lopera comisionó al Tribunal Administrativo de Bogotá para dicha diligencia, un hecho sin precedentes que podría considerarse novedoso.
Bustos insiste en que “la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ni a César Manrique”.
El defensor denunció una “presunta connivencia entre la fiscal general de la Nación y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.
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Los delitos de los que Bustos señala a la fiscal Camargo son de “haber incurrido en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.
Además, también se revisan unos documentos de la Fiscalía conocidos hace unos meses por Mañanas Blu 10:30 AM, que dan cuenta de que, contrario a lo que Luz Adriana Camargo ha afirmado ante la opinión pública, la fiscal general estaría tomando decisiones y tiene ascendencia sobre las fiscales que formalmente llevan el caso, aunque la jefe del ente acusador lo negó en una rueda de prensa y culpó por el error a una de sus funcionarias.
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