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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), por su participación en 345 hechos delictivos cometidos entre 1994 y 2004 en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.
Entre los condenados figuran Hebert Veloza García, alias 'HH'; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias 'Fino'; Dalson López Simanca, Janier Franco, Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias 'Robinson'; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes, entre otros.
Las condenas responden a graves violaciones de derechos humanos, entre ellas las masacres de Piedritas, Chorreras, San Pedro y San Lorenzo, así como múltiples casos de violencia de género, reclutamiento, desaparición forzada y desplazamiento forzado.
Uno de los hechos más atroces fue la masacre de Piedritas, ocurrida en zona rural de Tuluá en septiembre de 1999. Hombres armados del Bloque incursionaron en varias veredas del corregimiento San Rafael, donde asesinaron a 13 campesinos, provocaron desplazamiento masivo y cometieron violencia y tortura contra dos mujeres, antes de asesinarlas.
Por su parte, los exintegrantes del Bloque Bananero fueron hallados responsables de la masacre de Acandí ,Chocó, perpetrada el 3 de noviembre de 1995, en la que al menos seis personas fueron asesinadas, además de registrarse secuestros, torturas y el desplazamiento de más de 30 familias.
El fallo también hace referencia a la colaboración de algunos empresarios y miembros de la fuerza pública en la llegada y consolidación de estos grupos paramilitares en varias regiones del país, lo que permitió su expansión y el establecimiento de un régimen que destruyó el tejido social y generó miedo en las comunidades.
La Fiscalía logró demostrar patrones de macrocriminalidad caracterizados por homicidios, desapariciones forzadas, violencia basada en género, reclutamiento y desplazamiento forzado, con lo que se consolidaron estructuras criminales sistemáticas y organizadas.
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Los condenados deberán cumplir penas de entre 240 y 480 meses de prisión, pero, en el marco de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se les otorgaron penas alternativas de ocho años, siempre que contribuyan con la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición. Adicionalmente, deberán pagar multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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