El juez 43 de conocimiento de Bogotá condenó a Amanda Azucena Castillo Cortés, exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre donde estudiaba el joven Sergio Urrego, como responsable de los delitos de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
LaFiscalíademostró en juicio que, debido al rechazo y persecución de miembros de la institución educativa por su orientación sexual, el joven Urrego acabó con su vida el 4 de agosto de 2014.
Por ello, le pidió al juez que condene a Amanda Azucena Castillo Cortés, exrectora del colegio del joven Sergio Urrego, a la máxima pena por esos dos delitos, que serían 132 meses de prisión y una multa de 502 SMMV, como responsable de los hechos. Asimismo, solicitó que ordene su captura inmediata.
Un actuar que demuestra un alto grado de insensibilidad social, ético y moral, de carácter egoísta que pone en peligro la tranquilidad de toda la comunidad estudiantil, no solo del colegio Gimnasio Castillo Campestre. El comportamiento desplegado por la condenada genera una zozobra de tal magnitud que la sociedad en general siente un clima de inseguridad en los campos estudiantiles y peligro generalizado, es decir, un peligro latente para toda la comunidad.
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"No podríamos dejar a un lado el daño analizado desde el punto de vista de la lesividad que conllevó a la muerte de Sergio Urrego, con evidencia demostró la Fiscalía que existe un nexo de causalidad entre las conductas desplegadas por Amanda Azucena Castillo y, en especial, la falaz denuncia por un supuesto abandono y acoso y la forma como determinó a los padres de Danilo Esteban Pinzón para que denunciaran al joven aserto Urrego, actos que llevaron a que Urrego no encontrara otra alternativa si no que acabar con su vida”, agregó.
Algunos de los testigos de la Fiscalía que ayudaron a demostrar su teoría del caso fueron la entonces pareja de Urrego, Danilo Pinzón y los padres de él, quienes hablaron de la persecución y discriminación de la rectora por su identidad sexual.
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Incluso, aseguró Pinzón, a pesar de que nunca hubo acoso sexual por parte de Sergio Urrego, como lo aseguraban las directivas de la institución, y que la relación que sostuvieron fue consentida, Castillo obligó a sus padres a radicar un derecho de petición en cinco entidades, entre ellos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la comisaría de familia, en el que se denunciaba un falso acoso sexual en contra de Urrego.
El próximo lunes, a las 3:30 de la tarde, el juez dará a conocer el tiempo de la pena y el monto que deberá pagar Castillo como multa. Sobre todo, se conocerá si la envía a la cárcel, le dicta prisión domiciliaria o la deja continuar en libertad.
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