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El Consejo de Estado recibió y acumuló dos demandas de pérdida de investidura contra Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, tras la polémica generada por su presunta participación en la salida de voceros de bandas criminales de la cárcel de Itagüí, para asistir a un evento político en Medellín, conocido como el “tarimazo” de La Alpujarra.
Las solicitudes argumentan que la congresista incurrió en tráfico de influencias y conflicto de intereses, al gestionar ante el Inpec el traslado de privados de la libertad, sin tener competencia para ello.
Según los demandantes, la congresista se extralimitó en sus funciones de congresista y de integrante de la delegación de paz designada por el Gobierno, lo que constituiría un abuso de su investidura.
En el expediente se citan resoluciones del Consejo Nacional Electoral y del Gobierno nacional, que acreditan su elección al Senado y su participación en los espacios de conversación con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá.
Según la demanda, la senadora carecía de facultades para realizar esta gestión, pues la delegación oficial del Gobierno, en el marco de la política de “paz urbana”, había designado como coordinador al funcionario Jorge Iván Mejía Martínez y no a ella.
El proceso está en curso en la Sala Plena del Consejo de Estado, que deberá determinar si las actuaciones de Isabel Zuleta configuran el tráfico de influencias, debidamente comprobado, que exige la Constitución para aplicar esta sanción.
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