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En su demanda, Paloma Valencia argumentó que el decreto excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, pues introduce modificaciones de fondo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, materia que, según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la República.
Entre los cuestionamientos, la demanda advirtió que la norma transforma a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Centros de Atención Primaria otorgándoles funciones de afiliación y aseguramiento que la Ley 100 de 1993 reservó a las EPS.
Otro de los puntos centrales del recurso es la falta de garantías de sostenibilidad financiera, la demanda sostiene que el decreto impone nuevas obligaciones de gasto en infraestructura, talento humano y equipos de salud, sin precisar fuentes adicionales de financiación.
Por eso, Paloma Valencia advirtió que la implementación del modelo podría comprometer los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que pondría en riesgo la estabilidad del sistema.
El alto tribunal señaló que la acción cumple con los requisitos establecidos en la ley, por lo que ordenó correr traslado a las entidades demandadas y al Ministerio Público, quienes tendrán la oportunidad de contestar, presentar excepciones y solicitar pruebas. Además, requirió al Ministerio de Salud y al presidente de la República allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes del decreto.
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