Consejo de Estado falló a favor de Racero en proceso que buscaba “muerte política” por caso Fruver

El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara David Racero, en medio del proceso que buscaba retirarlo definitivamente de su cargo por presunta indebida destinación de recursos públicos en el denominado caso del “Fruver”. La decisión, adoptada por la Sala 12 Especial de Decisión de ese alto tribunal, determinó que no existen pruebas concluyentes que demuestren que el congresista incurrió en una conducta ilegal.De acuerdo con la sentencia, fechada el 11 de febrero de 2026, la corporación resolvió mantener la investidura del congresista tras analizar el conjunto de pruebas allegadas al expediente. El proceso había sido promovido por varios ciudadanos, quienes alegaron que un funcionario de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero habría atendido un negocio de frutas y verduras que le pertenecía al congresista, lo que, según los demandantes, configuraría la causal de indebida destinación de dineros públicos.En su análisis, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditó el elemento objetivo de la causal invocada. Es decir, no se logró demostrar que Racero hubiera destinado recursos públicos a actividades privadas. El alto tribunal fue enfático en señalar que las pruebas presentadas, incluidas publicaciones periodísticas, chats y audios difundidos en medios de comunicación, no constituyen evidencia suficiente para confirmar la conducta atribuida.“La Sala mantendrá la investidura del demandado porque no se acreditó el elemento objetivo de la causal alegada, esto es, la indebida destinación de dineros públicos”, señala el fallo judicial.Además, el Consejo de Estado precisó que no existe evidencia clara, rotunda y concluyente de que el congresista hubiera ordenado, solicitado o instruido al funcionario identificado como John Leonardo García Lara para que atendiera el establecimiento comercial. Según el análisis probatorio, no se logró establecer con certeza que el servidor público hubiera sido asignado formalmente a labores privadas por instrucción directa del representante.El origen del caso FruverLa controversia se originó a partir de denuncias públicas y reportes que indicaban que el asistente de la UTL habría participado en actividades relacionadas con el funcionamiento de un establecimiento de frutas y verduras durante la pandemia. Según los demandantes, estas labores habrían sido incompatibles con las funciones oficiales de un funcionario financiado con recursos públicos.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que, en procesos de pérdida de investidura —considerados de naturaleza sancionatoria—, la carga probatoria debe cumplir estándares estrictos. En este caso, el tribunal determinó que los indicios presentados no cumplen con los requisitos de certeza necesarios para imponer una sanción de tal magnitud.Con esta decisión, David Racero mantiene su investidura como representante a la Cámara para el periodo constitucional 2022-2026. La pérdida de investidura, conocida popularmente como “muerte política”, es una de las sanciones más severas en el ordenamiento jurídico colombiano, pues implica la separación inmediata del cargo y la inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.El Consejo de Estado recordó que este tipo de procesos exige demostrar no solo la existencia de la conducta, sino también su carácter ilegal y la responsabilidad subjetiva del congresista, lo cual no ocurrió en este caso.