Horas después de las votaciones del 8 de marzo, en donde se eligieron consultas presidenciales, pero también congresistas y representantes a la Cámara, David Racero, quien fue reelecto, rindió indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.Sobre las 8:30 de la mañana llegó Racero a la sede norte del alto tribunal. La diligencia se llevó a cabo en el despacho del magistrado César Reyes y duró un poco más de cinco horas. La Sala de Instrucción lo investiga por la presunta comisión del delito de concusión.A su salida de la Corte Suprema, Racero señaló que él siempre ha estado interesado en que se esclarezca esta situación y afirmó que nunca ha querido generar escenarios de presión o politizar la justicia en su caso en concreto.El caso del fruver de RaceroLa indagatoria de Racero se produce dentro de una investigación relacionada con denuncias sobre un establecimiento de frutas y verduras que sería de propiedad del congresista. De acuerdo con el material analizado por la Corte, Racero es investigado por presuntamente haber asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).Según las versiones conocidas, el congresista habría presuntamente solicitado a un asistente legislativo atender el minimercado y rendir cuentas por texto y teléfono de actividades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá. Estas supuestas solicitudes estarían sustentadas en conversaciones por chats que actualmente se encuentran en manos de la Corte Suprema y que hacen parte del expediente que estudia el despacho del magistrado Reyes.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al representante a la Cámara David Racero, en el marco de la investigación que se adelanta por el caso Fruver.La citación se produce dentro de una investigación relacionada con denuncias sobre un establecimiento de frutas y verduras que sería de propiedad del congresista. De acuerdo con el material analizado por la Corte, Racero es investigado por presuntamente haber asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).Según las versiones conocidas, el congresista habría solicitado a un asistente legislativo atender el minimercado y rendir cuentas por texto y teléfono de actividades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá. Estas supuestas solicitudes estarían sustentadas en conversaciones por chats que actualmente se encuentran en manos de la Corte Suprema y que hacen parte del expediente que estudia el despacho del magistrado Reyes.Dentro de la indagación también se analizan las circunstancias que rodearon consignaciones realizadas a las cuentas del representante por parte de integrantes de su propia Unidad de Trabajo Legislativo. Precisamente, estos movimientos financieros son uno de los aspectos que busca esclarecer la Sala Especial de Instrucción para determinar si existió algún tipo de irregularidad en el manejo de los recursos o en las relaciones laborales con su equipo de trabajo.Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el congresista del Pacto Histórico, en una demanda que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruver.En su decisión, el alto tribunal rechazó las pretensiones de los demandantes que solicitaban la llamada “muerte política” del parlamentario.
El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara David Racero, en medio del proceso que buscaba retirarlo definitivamente de su cargo por presunta indebida destinación de recursos públicos en el denominado caso del “Fruver”. La decisión, adoptada por la Sala 12 Especial de Decisión de ese alto tribunal, determinó que no existen pruebas concluyentes que demuestren que el congresista incurrió en una conducta ilegal.De acuerdo con la sentencia, fechada el 11 de febrero de 2026, la corporación resolvió mantener la investidura del congresista tras analizar el conjunto de pruebas allegadas al expediente. El proceso había sido promovido por varios ciudadanos, quienes alegaron que un funcionario de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero habría atendido un negocio de frutas y verduras que le pertenecía al congresista, lo que, según los demandantes, configuraría la causal de indebida destinación de dineros públicos.En su análisis, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditó el elemento objetivo de la causal invocada. Es decir, no se logró demostrar que Racero hubiera destinado recursos públicos a actividades privadas. El alto tribunal fue enfático en señalar que las pruebas presentadas, incluidas publicaciones periodísticas, chats y audios difundidos en medios de comunicación, no constituyen evidencia suficiente para confirmar la conducta atribuida.“La Sala mantendrá la investidura del demandado porque no se acreditó el elemento objetivo de la causal alegada, esto es, la indebida destinación de dineros públicos”, señala el fallo judicial.Además, el Consejo de Estado precisó que no existe evidencia clara, rotunda y concluyente de que el congresista hubiera ordenado, solicitado o instruido al funcionario identificado como John Leonardo García Lara para que atendiera el establecimiento comercial. Según el análisis probatorio, no se logró establecer con certeza que el servidor público hubiera sido asignado formalmente a labores privadas por instrucción directa del representante.El origen del caso FruverLa controversia se originó a partir de denuncias públicas y reportes que indicaban que el asistente de la UTL habría participado en actividades relacionadas con el funcionamiento de un establecimiento de frutas y verduras durante la pandemia. Según los demandantes, estas labores habrían sido incompatibles con las funciones oficiales de un funcionario financiado con recursos públicos.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que, en procesos de pérdida de investidura —considerados de naturaleza sancionatoria—, la carga probatoria debe cumplir estándares estrictos. En este caso, el tribunal determinó que los indicios presentados no cumplen con los requisitos de certeza necesarios para imponer una sanción de tal magnitud.Con esta decisión, David Racero mantiene su investidura como representante a la Cámara para el periodo constitucional 2022-2026. La pérdida de investidura, conocida popularmente como “muerte política”, es una de las sanciones más severas en el ordenamiento jurídico colombiano, pues implica la separación inmediata del cargo y la inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.El Consejo de Estado recordó que este tipo de procesos exige demostrar no solo la existencia de la conducta, sino también su carácter ilegal y la responsabilidad subjetiva del congresista, lo cual no ocurrió en este caso.
Este miércoles tuvo lugar en el Consejo de Estado la audiencia pública en el proceso que se sigue contra David Racero por tráfico de influencias, tras presuntamente gestionar puestos al interior del Sena a favor de cercanos.Allí intervinieron el demandante, que pide la “muerte política”, la Procuraduría y el mismo David Racero, quien acudió a la diligencia virtual sin abogado, pero aprovechó la intervención para defenderse.Para la Procuraduría, no se constata en este caso una acción que pueda derivar en una pérdida de investidura.“Esta delegada considera que los hechos invocados no se adecúan de forma típica a la hipótesis normativa que regula el tráfico de influencia, por cuanto no logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que determinara la actuación de un servidor a su favor o a un tercero”, dijo la procuradora delegada.Durante la diligencia, que duró un poco menos de una hora, Racero aseguró que nunca ha cometido ningún error o incurrido en actos ilegales.“He sido absolutamente respetuoso del proceso judicial, respetuoso del sistema de justicia y, pese a la presión que se ha generado por fuera de este proceso, que hasta lleva un cuestionamiento que lo dice directamente el demandante hasta cuestionamientos éticos […] no he cometido ningún acto irregular, ilegal o alguna falta que pueda adjudicarme con el delito de tráfico de influencias", señaló Racero.Será entonces el Consejo de Estado quien determine si incurrió o no en una causal que dé vía libre a una posible pérdida de investidura. En ese mismo Alto Tribunal cursa otra demanda que pide lo mismo, pero en el caso del Fruver, que involucra a uno de los miembros de su UTL.
La Corte Suprema de Justicia, específicamente su Sala de Instrucción, en una sesión ordinaria abrió investigación formal contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero. Esto tiene que ver con la presunta utilización de un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo para actividades personales, como atender un mercado fruver en la localidad de Engativá en Bogotá.Esto, de acuerdo con unos chats que están en manos de la Corte desde septiembre del año pasado en el despacho del magistrado César Reyes quien viene practicando pruebas y declaraciones, y además Blu Radio pudo establecer que va a fijar una fecha para escuchar a Racero en diligencia de indagatoria.Lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia son las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a las cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.Por estos hechos también hay una demanda de pérdida de investidura ya admitida en el Consejo de Estado y allí se argumenta que el asistente legislativo de David Racero Leonardo García atendía el minimercado y le rendía cuentas por texto y por teléfono.
El Consejo de Estado decretó oficialmente las pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero. El caso, que agrupa tres expedientes acumulados, fue solicitado por Yoad Ernesto Pérez y otros ciudadanos.En ese sentido, el alto tribunal admitió diversas pruebas documentales y testimoniales con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en la vinculación y funciones de Jhon Leonardo García Lara, quien fungía como asistente grado II en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista entre noviembre de 2020 y enero de 2021.Entre las pruebas decretadas se encuentran certificaciones laborales, constancias de pago de salarios, registros de llamadas telefónicas entre Racero y su exasistente, así como un informe técnico forense sobre supuestos mensajes de WhatsApp publicados en medios.Además, se fijó para el próximo 20 de agosto de 2025, a las 9:30 a. m., la audiencia pública del proceso, en donde las partes y la Procuraduría deberán intervenir y exponer sus argumentos.El congresista Racero no presentó ni solicitó pruebas, al igual que el Ministerio Público. Tras la audiencia, el expediente pasará al despacho del magistrado ponente Fredy Ibarra Martínez para la elaboración del proyecto de decisión.
El Consejo de Estado, a través de su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, admitió la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Samuel Ortiz en contra del representante a la Cámara David Racero.La decisión fue tomada por el consejero ponente Jorge Iván Duque, quien verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1881 de 2018 para admitir el trámite.Con esta providencia, se abre formalmente el proceso en el que se evaluará si existen causales para retirar la investidura al congresista.Según el auto, el representante Racero deberá ser notificado personalmente y tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, para pronunciarse por escrito sobre lo expuesto en la solicitud y aportar o solicitar las pruebas que considere necesarias para su defensa.¿Por qué piden la pérdida de investidura de Racero?Hace unas semanas, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico y al director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por "la comisión de presuntas irregularidades en la contratación de esta última entidad".
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de información que pondría en evidencia condiciones laborales precarias en un antiguo negocio familiar que, según se señala, habría estado bajo su administración.El hecho ha desatado una fuerte controversia, especialmente en un momento en que avanza la discusión de la Reforma Laboral, impulsada por el Gobierno y respaldada por el movimiento político que representa.Racero respondió asegurando que las acusaciones son parte de una estrategia para deslegitimar tanto la Reforma Laboral como la consulta popular propuesta por el oficialismo. “No puedo permitir que se ponga en el foco mi nombre y con mentiras pretendan hundir la reforma laboral o la consulta popular”, afirmó. En su defensa, explicó que el emprendimiento aludido, un fruver familiar, existió en 2020 y fue liquidado debido a la crisis provocada por la pandemia. “Ese es el fruver que hoy quieren mostrar como si aún existiera”, agregó. El congresista también desmintió otras acusaciones, como el supuesto uso de una camioneta blindada: “Yo ando en mi patineta”.A pesar de sus declaraciones, el caso ha generado tensiones dentro de su propio sector político. La también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, fue contundente al señalar que Racero deberá responder ante la justicia. Hizo énfasis en que En medio de la discusión de la Reforma Laboral que precisamente promueve el Pacto Histórico, no se puede permitir este tipo de actos.Aunque Racero insiste en que las denuncias tienen un trasfondo político y que colaborará con las autoridades competentes, el escándalo amenaza con debilitar y generar ruido mediático que podría afectar el trámite legislativo de la reforma.
El contenido del audio, que se ha difundido en redes sociales y algunos medios, sugiere prácticas laborales que entrarían en contradicción con los principios que hoy defiende públicamente David Racero, especialmente en el marco de la discusión sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que busca fortalecer las garantías para los trabajadores colombianos.Ante las acusaciones, la senadora Aída Avella salió en defensa del congresista, calificándolo como “una persona intachable” y pidiendo no caer en lo que consideró una estrategia de desprestigio. “Conozco a David Racero y es una persona impecable”.Sin embargo, no todos en el Pacto Histórico comparten esa posición. La representante María Fernanda Carrascal, también de esa colectividad, señaló que, de comprobarse las denuncias, Racero deberá responder ante la justicia. Dice que en medio de un proceso como el de la reforma laboral, que busca dignificar el trabajo en Colombia, no se pueden tolerar conductas que vayan en contra de esos principios.Racero ya se pronunció y aseguró que “pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido, esperando que me convierta en el chivo expiatorio de su oposición mezquina”.
El presidente Gustavo Petro se habría pronunciado sobre el escándalo que rodea al representante a la Cámara, David Racero. Si bien no mencionó con nombre propio al congresista, sí hizo referencia a los derechos laborales, que es hoy el principal cuestionamiento hacia Racero por un audio en el que hablaba de condiciones precarias para una empleada que pretendía a contratar.El presidente aseguró a través de su cuenta de X que cualquier militante de un partido de izquierda que en su vida personal y política no se aferre a los principios estructurantes sobre los derechos de los trabajadores debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios.“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. El "nostrum" del progresismo son las y los amantes de la justicia social y la libertad”, escribió.Cabe mencionar que en los audios revelados por Daniel Coronel se escucha el ofrecimiento de una vacante por un millón de pesos (menos del salario mínimo), sin prestaciones de ley, multifuncional y largas jornadas laborales.Frente a estas acusaciones, David Racero ha respondido que todo es parte de un montaje en su contra.
En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en Bucaramanga, 54 parejas formalizaron su unión durante el primer matrimonio colectivo realizado al aire libre en la ciudad, en una jornada marcada por la emoción, los aplausos y el acompañamiento de familiares y autoridades.La actividad hizo parte de una estrategia institucional orientada a facilitar el acceso a la formalización de las uniones civiles, especialmente para parejas que, por razones económicas o sociales, no habían podido adelantar este trámite de manera individual.Olga Valenzuela, una de las protagonistas de la jornada, expresó su emoción al afirmar que “estamos emocionadas, es algo mágico, es algo soñado que hoy se está haciendo realidad, además de que están reforzando un valor que es la base de la sociedad”.Durante la ceremonia, los asistentes protagonizaron momentos de alegría al dar el “sí” frente a sus seres queridos, en un escenario simbólico como lo es la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los principales puntos de encuentro ciudadano en la capital santandereana.De acuerdo con la organización, muchas de las parejas beneficiadas llevaban años conviviendo en unión libre y encontraron en esta iniciativa la oportunidad de legalizar su relación y fortalecer sus proyectos de vida en familia.La jornada contó con acompañamiento institucional y logístico, lo que permitió que el proceso se realizara de manera simultánea y organizada para todas las parejas participantes.Las autoridades locales destacaron que este tipo de eventos contribuyen al fortalecimiento del tejido social y al reconocimiento legal de las familias, además de acercar los servicios institucionales a la ciudadanía.La administración municipal anunció que continuará promoviendo este tipo de espacios de inclusión social, con el objetivo de que más parejas puedan acceder a la formalización de sus uniones en Bucaramanga.
En medio de tensiones con el ocupante de uno de los predios, la Agencia Nacional de Tierras y autoridades locales en el Bajo Cauca antioqueño lograron la recuperación de dos extensos predios rurales que servirán como preparación para las víctimas del conflicto armado en la subregión.Se trata de los predios La Ilusión, con una extensión de 158 hectáreas, y Marlengo, de 60 hectáreas, ubicado en el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres.Según la Agencia Nacional de Tierras ambos terrenos se encontraban bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas y habían sido entregados por los exjefes paramilitares alias ‘HH’ y alias ‘Macaco’ como parte de los procesos de reparación integral a las víctimas de la violencia."Uno de estos predios era, en su momento, ocupado por alias 'Macaco', y en la actualidad estaba siendo ocupado de manera irregular con ganado de levante. Logramos recuperar ambos predios, 210 hectáreas acá en el municipio de Cáceres, para disponerla para campesinos sin tierra", dijo Javier Esteban Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.Particularmente en el caso de La Ilusión, la ANT informó sobre las dificultades para el desalojo del predio por quien lo venía ocupando a través de un contrato dado por finalizado de manera anticipada en el que asumía un canon mensual de apenas un millón de pesos.Según la entidad del Gobierno nacional, tras más de seis horas conversación con el ocupante para explicarle la decisión administrativa y reiterar la necesidad de retirar el ganado y los enseres del lugar, este se negó, por lo que autoridades policiales ordenaron el traslado de los bienes a una bodega en Caucasia y la realización de un inventario de los animales que estaban en el lugar.
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechazó, por medio de un comunicado oficial, el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar. El crimen ocurrió en la zona rural de dicho municipio mientras la víctima se movilizaba en una motocicleta hacia el casco urbano en compañía de otra persona.“Este crimen enluta al municipalismo colombiano y constituye una afrenta contra quienes han dedicado su vida al servicio público y al bienestar de sus comunidades. La violencia no puede seguir arrebatando la vida de los líderes que trabajan por sus territorios”, aseguró la institución.Ante este hecho, Fedemunicipios hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezcan lo ocurrido y capturen a los responsables, evitando así que este crimen quede en la impunidad.Asimismo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido en sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias a los familiares de la víctima. La mandataria convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación el domingo 17 de mayo a las 8:00 a.m., espacio en el que se espera contar con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al igual que de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional.La Gobernadora del Meta aseguró que se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información efectiva que permita capturar a los responsables de este acto de violencia.
Autoridades en Medellín y la subregión metropolitana continúan en la ofensiva contra delitos sexuales que afectan especialmente a menores de edad y en donde los victimarios por lo general son personas de su círculo familiar o cercano con capacidad de autoridad.Investigaciones desarrolladas durante meses con métodos como entrevistas, análisis de información y recolección de elementos materiales probatorios, han permitido la expedición de órdenes de captura por parte de jueces de la República contra los señalados responsables de estos delitos que en lo corrido de 2026 ya suman 85 en toda la subregión metropolitana.Los más recientes fueron cuatro hombres en los municipios de Itagüí, Bello y Copacabana que deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.El primer procedimiento se desarrolló en el barrio Santa María de Itagüí, donde fue capturado un hombre de 55 años, con anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, señalado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. Según la investigación, el hoy capturado aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor para realizarle tocamientos de índole sexual.En la misma localidad, cayó un docente de español de 62 años de edad, quien según las autoridades habría tenido conductas sexuales y tocamientos indebidos contra una estudiante de 9 años. "Este docente de Lengua Castellana le daba besos en la boca y en otras partes del cuerpo al interior de la institución educativa, y los hechos se registraron en la vigencia 2025", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.El tercer caso ocurrió en el municipio de Copacabana donde un hombre de 37 años aprovechaba que la madre de su hijastra de 12 años de edad salía a trabajar para realizarle tocamientos indebidos y capturar fotografías de la menor sin su consentimiento. La misma edad tiene la menor víctima en el cuarto caso, en el municipio de Bello, donde el presunto agresor sexual sería su hermano, de 22 años.Mientras que los cuatro capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad por parte de jueces de control de garantías, las menores de edad fueron puestas bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
Un joven identificado como David Ospina Jerez, de 23 años, fue asesinado en hechos que son materia de investigación en zona rural del departamento de Santander, cuando, al parecer, prestaba un servicio de transporte a través de una plataforma digital con destino a San Vicente de Chucurí.De acuerdo con la información conocida, el joven habría sido abordado por varias personas dentro del vehículo en el que se movilizaba, en un hecho que estaría relacionado con un hurto. En el automotor viajaban cinco ocupantes al momento de los acontecimientos.Su padre, Rogelio Jerez, relató que la última comunicación con su hijo se produjo en horas de la mañana del día del hecho. “Hablé con él a las 11 de la mañana. Me dijo que estaba trabajando. Luego volví a llamarlo y ya no contestó. Desde la noche del martes estaba desaparecido”, señaló.El joven, quien se ganaba la vida como conductor en una plataforma digital, fue encontrado posteriormente por la comunidad en el municipio de Lebrija, donde intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a la gravedad de las heridas.De manera extraoficial se conoció que el vehículo en el que se movilizaba habría sido hallado en el sector de Puerto Boyacá, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha entregado información oficial ni detalles sobre los responsables del hecho, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.Familiares indicaron que David era oriundo del departamento del Cesar y que su padre, residente en Curumaní, le había insistido en varias ocasiones que se trasladara a vivir con él.